Los conflictos asociados a recursos naturales en Oriente Medio se han analizado tradicionalmente en clave energética, con el petróleo y el gas como eje central de las dinámicas geopolíticas del Golfo. La reciente amenaza del presidente estadounidense Donald Trump en la cumbre de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) de atacar infraestructuras civiles en Irán, entre ellas plantas desaladoras, ha vuelto a poner de relieve otra dimensión del conflicto que merece la misma atención: la seguridad hídrica.El conflicto en Oriente Medio no ha llegado a provocar una crisis hídrica generalizada, aunque su reactivación en los últimos días mantiene ese riesgo abierto. En Oriente Medio se concentran 15 de los 25 países con mayor estrés hídrico extremo del mundo. Ahora bien, esta escasez no se traduce en los mismos riesgos en toda la región. En países como Jordania o Irak la seguridad hídrica depende en gran medida de ríos y acuíferos compartidos con otros Estados, lo que convierte la cooperación transfronteriza en una condición necesaria para garantizar su suministro. En cambio, en los países del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), esa vía ofrece un margen mucho más limitado. En Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos (EAU), Kuwait, Qatar, Baréin y Omán no existen ríos permanentes y apenas disponen de unos 4.000 hm³ anuales de recursos hídricos renovables, un volumen inferior al caudal medio anual del río Guadalquivir. En consecuencia, gran parte del abastecimiento procede de la desalación, lo que traslada el riesgo desde la disponibilidad del recurso hacia las infraestructuras que lo producen.Las monarquías del Golfo se describen habitualmente como petroestados. Pero esa etiqueta resulta insuficiente. El petróleo no sólo sostiene sus economías: también financia la producción del recurso más básico para la vida de sus ciudades. Por ello, algunos analistas hablan también de hidroestados: países cuya estabilidad se basa tanto en producir artificialmente el agua que consumen como en importar buena parte del agua embebida en los alimentos que no pueden producir. En esta región, la seguridad hídrica es una cuestión de seguridad nacional.Qatar, Kuwait y Baréin obtienen más del 90% de su agua potable mediante desalación, Omán el 86%, Arabia Saudí en torno al 70% y en EAU la desalación cubre aproximadamente el 42% de su abastecimiento de agua potable. A diferencia de España, donde la desalación constituye un complemento dentro de un sistema más diversificado de ríos, embalses, acuíferos, trasvases y reutilización de agua regenerada, en el Golfo desempeña una función estructural. No complementa el sistema: es el sistema.Producir agua requiere energía. Las desaladoras térmicas tradicionales, todavía presentes en la región, operan mediante procesos de cogeneración alimentados por combustibles fósiles. Las nuevas plantas de ósmosis inversa han reducido significativamente el consumo energético, en más de un 75%, y cada vez incorporan con mayor frecuencia energías renovables, como la solar. Pero estas plantas siguen requiriendo un suministro eléctrico continuo y buena parte de esa energía procede a su vez de infraestructuras como centrales y redes que también necesitan agua para funcionar. Esa interdependencia entre seguridad hídrica y energética es la clave de la vulnerabilidad regional: el agua ya no depende de la lluvia, sino del funcionamiento ininterrumpido de un sistema mucho más complejo y expuesto. ¿Qué ocurre cuando esa infraestructura se convierte en objetivo o queda amenazada por un conflicto armado?En marzo de 2026 se registraron varios incidentes que afectaron, directa o indirectamente, a infraestructuras hídricas en el Golfo. El ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, denunció un ataque a una planta en la isla de Qeshm que habría interrumpido el suministro a unas 30 aldeas, extremo negado por el ejército estadounidense. Al día siguiente, el gobierno de Baréin informó de que un dron iraní había causado daños materiales a una desaladora, sin interrupción inmediata del suministro. En Kuwait, los ataques afectaron en varias ocasiones a instalaciones de producción de agua: restos de un dron interceptado provocaron un incendio en la estación de Doha Oeste y a finales de mes un ataque directo contra el complejo integrado de energía y desalación de Az-Zour causó daños materiales significativos y se cobró la vida de un trabajador. En EAU, informes iniciales sobre daños en el complejo de Fujairah fueron desmentidos por la empresa operadora Sembcorp Industries; un ataque al cercano puerto de Jebel Ali sí estuvo, según el Straits Times, peligrosamente cerca de un complejo con 43 unidades desalinizadoras que producen más de 600 hm³ anuales.La mayoría de estos incidentes no provocó una interrupción generalizada del suministro, pero sí mostró hasta qué punto estas instalaciones pueden quedar expuestas en un contexto de conflicto, incluso cuando no son el objetivo principal. Un ataque puntual difícilmente basta para paralizar el abastecimiento urbano, ya que las grandes plantas están diseñadas con cierta redundancia. El verdadero riesgo reside en una campaña sostenida contra distintas infraestructuras críticas, capaz de comprometer progresivamente el funcionamiento del sistema.Ahora bien, no todos los países del Golfo afrontan esta amenaza desde la misma posición. Arabia Saudí distribuye su capacidad de desalación en ambas costas, el golfo Pérsico y el mar Rojo, lo que reduce su exposición ante un ataque concentrado en una sola zona. Tanto Arabia Saudí como EAU han invertido además en almacenamiento estratégico, incluida la recarga y recuperación gestionada de acuíferos, con el objetivo de mantener el abastecimiento si la producción se ve afectada. Qatar, Baréin y Kuwait, en cambio, mantienen reservas más limitadas y una mayor concentración de sus instalaciones, lo que los hace más expuestos ante una crisis prolongada. El CCG ha reactivado el proyecto de una red regional de interconexión hídrica, paralizado durante más de dos décadas. Una reunión extraordinaria de ministros celebrada el pasado mes de junio lo ha devuelto a la agenda.Este riesgo no es nuevo. Ya en los años 80, la Agencia Central de Inteligencia estadounidense (CIA) advirtió, en un informe hoy desclasificado, que la interrupción de las desaladoras en los países árabes podría tener consecuencias más graves que la pérdida de cualquier otra industria o producto básico, incluido el petróleo.El derecho internacional humanitario protege explícitamente estas infraestructuras: el artículo 54 del Protocolo Adicional I a los Convenios de Ginebra prohíbe atacar bienes indispensables para la supervivencia de la población civil y las resoluciones 2417 (2018) y 2573 (2021) del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) han reforzado este marco. Sin embargo, los tres actores principales del conflicto, Estados Unidos (EEUU), Israel e Irán no han ratificado el Protocolo I, lo que debilita los mecanismos de supervisión. En la práctica, atacar infraestructuras civiles de agua puede constituir un crimen de guerra, pero probarlo exige acreditar intencionalidad y desproporción, lo que dificulta la rendición de cuentas.Los precedentes no son escasos en la región. En 1991, Irak destruyó deliberadamente la capacidad de desalación de Kuwait y vertió crudo en el Golfo para dañar las tomas de agua saudíes. Hoy sería una táctica aún más dañina, ya que el petróleo obstruye las membranas de las plantas modernas de ósmosis inversa con más facilidad que las plantas térmicas de la época. Los huzí atacaron instalaciones de desalación en Arabia Saudí en 2019 y 2022, sin causar víctimas ni daños relevantes en ninguno de los dos casos. En Gaza, Israel destruyó en 2025 una planta desalinizadora operada por la Autoridad Palestina del Agua en el norte de la Franja.Irán, el principal actor del conflicto en el otro lado del Golfo, responde a una realidad hídrica completamente distinta. La desalación desempeña un papel muy limitado en su sistema de abastecimiento, sustentado principalmente en embalses y acuíferos, por lo que no comparte la misma exposición a ataques contra desaladoras. Pero esto no significa una mayor seguridad hídrica. Irán se encamina hacia lo que los expertos denominan “bancarrota hídrica”. En los últimos años, sus recursos hídricos renovables han disminuido de forma significativa, incluidos ríos y acuíferos, a la par que los periodos de sequía se han vuelto más frecuentes y severos. Combinado con la expansión urbana e industrial del país y unas políticas agrícolas muy cuestionadas, esta tendencia lo ha llevado a niveles críticos de escasez que ya han desatado protestas: los problemas de suministro de agua y los apagones continuos fueron catalizadores directos de las protestas que sacudieron el país en enero de este año. El conflicto no ha creado esta crisis, pero la agrava.Durante años, la desalación se presentó como la respuesta a la escasez hídrica en el Golfo. Y, en gran medida, lo ha sido. Pero este conflicto recuerda que producir agua no es lo mismo que garantizar seguridad hídrica. Lo primero depende de la tecnología. Lo segundo, de la capacidad de seguir abasteciendo a la población cuando las infraestructuras, la energía o la estabilidad política dejan de darse por sentadas.El conflicto en Oriente Medio no ha llegado a provocar una crisis hídrica generalizada, aunque su reactivación en los últimos días mantiene ese riesgo abierto. Pero ya ha puesto de manifiesto una realidad que seguirá siendo relevante: la desalación no elimina la vulnerabilidad hídrica. La transforma.Autor: Sofía Tirado SartiLa entrada Más allá del petróleo: seguridad hídrica en el golfo Pérsico se publicó primero en Real Instituto Elcano.