El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha desbaratado una de las principales expectativas que la derecha había alimentado desde la aprobación de la ley de amnistía. Tras años señalando a las instituciones europeas como el último dique frente a la norma pactada por el Gobierno de Pedro Sánchez con los partidos independentistas y aprobada en el Congreso, el tribunal de Luxemburgo ha avalado su compatibilidad con el derecho comunitario en las cuestiones que le habían sido planteadas.La batalla judicial, al menos en el plano europeo, pierde así uno de sus principales argumentos y obliga a Partido Popular y Vox a reajustar un discurso que convirtió la amnistía en el eje central de su oposición durante el primer año de la legislatura especialmente. Las dos formaciones mantienen intacto su rechazo a la ley, pero su reacción al fallo evidencia estrategias distintas. El PP ha dicho respetar la resolución intentando minimizar su alcance y buscando trasladar el rifirrafe al terreno político con el mensaje de que “el debate nunca fue solo jurídico”, si bien hay voces como la del expresidente José María Aznar que han manifestado su oposición a esta línea argumental: la “agresión sediciosa al derecho no debe quedar impune, ni mucho menos recompensarse”. Vox, por su parte, ha endurecido el discurso, ha prometido de nuevo que derogará la norma cuando llegue al Gobierno y ha aprovechado la sentencia para cuestionar tanto la utilidad de las instituciones europeas como la estrategia seguida por Génova.Desde la dirección de Alberto Núñez Feijóo, la consigna ha sido clara: respeto a las resoluciones judiciales, pero sin modificar un ápice el juicio político sobre la amnistía. Los conservadores sostienen que el TJUE no ha analizado la constitucionalidad de la ley ni ha valorado si fue una decisión legítima desde el punto de vista político. Lo cierto es que el cometido del tribunal europeo no era pronunciarse sobre su constitucionalidad, sino sobre si contravenía la normativa comunitaria antiterrorista o si atentaba contra los intereses financieros de la Unión, tal y como consideraban dos juzgados españoles, y lo ha descartado. Tampoco es función del TJUE valorar la cuestión política, como parece creer el PP a tenor de sus declaraciones.A su juicio, el problema sigue siendo el mismo que denunciaron desde el principio. Y ese es, a su juicio, que Pedro Sánchez concedió una medida de gracia a cambio del apoyo parlamentario necesario para mantenerse en La Moncloa. Tal argumento permite al PP mantener viva la ofensiva sin entrar en colisión con una sentencia europea que durante meses esperaba que pudiera frenar la aplicación de la norma. De hecho, fuentes de la dirección popular insisten en que la amnistía fue una "transacción" entre el Gobierno y los partidos independentistas.Pero junto a esa continuidad hay también un cambio de tono que empieza a consolidarse. En las últimas semanas, Feijóo ha defendido la necesidad de "pasar página del procés" y abrir una nueva etapa en Cataluña centrada en cuestiones como la vivienda, la sanidad, la presión fiscal o la seguridad. El mensaje supone un intento de separar la crítica a la amnistía de la política cotidiana catalana y de proyectar la imagen de un PP que quiere disputar la centralidad política en Cataluña sin mantener permanentemente abierto el conflicto territorial.Ese desplazamiento discursivo refleja una variación respecto a los meses en que el procés y la amnistía monopolizaban buena parte del relato de la oposición. Feijóo quiere presentarse en Cataluña como el dirigente capaz de superar una década marcada por el conflicto territorial, pero la posible vuelta a España del líder de Junts, Carles Puigdemont, en la política española, también dificulta el acercamiento con otras caras menos ‘beligerantes’ a ojos del PP.Por su parte, la posición de Vox apenas se ha movido, incluso se ha endurecido. El partido de Santiago Abascal reaccionó al fallo insistiendo en que derogará la ley de amnistía si llega al Gobierno, si bien una vez aplicada no puede revertirse, y sostuvo que la defensa de la unidad de España no puede confiarse a las instituciones europeas. Para la formación ultra, el pronunciamiento del TJUE confirma precisamente que la batalla debe librarse exclusivamente en el ámbito político y constitucional español.La formación aprovechó además la resolución para lanzar un mensaje dirigido al PP. El jefe de la delegación de Bruselas, Jorge Buxadé, reclamó explicaciones a quienes aseguraban que Bruselas acabaría frenando la amnistía o facilitando la entrega de Puigdemont, un reproche implícito a la estrategia que durante meses siguieron los conservadores en las instituciones comunitarias. Vox trata así de presentarse como la única fuerza que nunca depositó sus expectativas en Europa, aunque lo cierto es que también acudió a las instituciones comunitarias para combatir la norma.La diferencia entre ambos partidos aparece ahora con más nitidez que durante la tramitación de la ley. Mientras el PP busca combinar la impugnación política de la amnistía con un discurso de normalización de la vida política catalana, Vox mantiene el procés como uno de los principales ejes de confrontación y convierte la derogación de la norma en un compromiso explícito de futuro.El fallo del TJUE llega además después de una campaña de oposición sin precedentes contra una iniciativa legislativa. Desde que Sánchez abrió la negociación con Junts tras las elecciones generales de julio de 2023, la amnistía se convirtió en el principal elemento de movilización de la derecha. El PP convocó manifestaciones multitudinarias en Madrid y otras ciudades, denunció una supuesta quiebra del Estado de derecho, recurrió la ley ante el Tribunal Constitucional y llevó la batalla a las instituciones europeas. Vox, por su parte, mantuvo un discurso aún más contundente, calificando la norma de "golpe de Estado" y reclamando la desobediencia institucional frente a su aplicación.La amnistía fue durante meses el centro alrededor del cual giró prácticamente toda la oposición del Partido Popular, pero poco a poco dejó de ocupar ese lugar. No desapareció del argumentario de Génova ni de sus promesas para un futuro Gobierno, pero fue perdiendo protagonismo conforme otras crisis —los casos de corrupción que afectan al entorno socialista, la debilidad parlamentaria del Ejecutivo o la ausencia de nuevos presupuestos— pasaron a ordenar la estrategia de Feijóo. La posibilidad del regreso de Puigdemont pone a prueba, sin embargo, todo ese desplazamiento. El expresident continúa sometido a una orden nacional de detención porque el Tribunal Supremo considera que la malversación que se le atribuye no puede ser amnistiada. El TJUE no ha levantado esa orden ni ha resuelto directamente su caso. La decisión crucial corresponde ahora al Tribunal Constitucional, que deberá pronunciarse sobre el recurso de amparo presentado contra la negativa del Supremo a aplicarle la ley.Puigdemont ha presentado el fallo como una “victoria rotunda” y sostiene que ya no queda margen jurídico para negarle la aplicación de la ley. Esa es su interpretación política, no la consecuencia automática de la sentencia: mientras la orden siga vigente, un retorno a España supondría riesgo de detención. Pero incluso sin una fecha inmediata de regreso, la hipótesis vuelve a adquirir credibilidad. Y cada paso que acerque al líder de Junts a Cataluña reactivará el debate que el PP intentaba desplazar. Génova tendrá que decidir si responde recuperando la retórica de los primeros meses de la legislatura o si mantiene su apelación a pasar página.