La Audiencia Provincial de Badajoz ha condenado a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, a nueve años de inhabilitación por su contratación en 2017 como coordinador de las actividades de los conservatorios dependientes de la Diputación de Badajoz. La resolución descarta, sin embargo, imponer una pena de prisión, tal y como habían solicitado las acusaciones populares. La misma condena de inhabilitación ha sido impuesta al presidente de la Diputación de Badajoz y ex secretario regional delPSOE, Miguel Ángel Gallardo, así como al resto de los acusados en la causa. Por su parte, la Fiscalía había solicitado la absolución de todos los encausados.El tribunal rechaza así las peticiones de cárcel de hasta seis años formuladas por las acusaciones populares, integradas por Manos Limpias, Abogados Cristianos, Hazte Oír, PP, Vox, Iustitia Europa y Liberum. La sentencia pone fin al proceso judicial celebrado hace un mes en la Audiencia Provincial de Badajoz, en el que se analizó si la institución provincial favoreció la contratación de David Sánchez y si este intervino posteriormente para influir en la incorporación de su amigo Luis María Carrero mediante una plaza en comisión de servicio.La investigación se inició a raíz de una denuncia presentada en 2024 por Manos Limpias, siete años después de la incorporación de David Sánchez a la Diputación. El procedimiento se centró en la creación y el diseño de la plaza de coordinador de las actividades de los conservatorios de música del organismo provincial, con el objetivo de determinar si el puesto fue concebido y configurado de manera que se ajustara al perfil profesional del músico.La creación de la plazaDurante el desarrollo de la causa también se examinó el contexto en el que se creó esa plaza de alta dirección. El puesto fue aprobado en 2017, cuando Pedro Sánchez ya había dimitido como secretario general del PSOE tras el comité federal del 1 de octubre. Asimismo, el proceso de selección se puso en marcha antes de la celebración de las primarias en las que se enfrentó a Susana Díaz y que terminaría ganando, y aproximadamente un año antes de que prosperara la moción de censura que lo llevó a la Presidencia del Gobierno. En ese momento, Pedro Sánchez carecía de poder orgánico o político dentro del partido y de las instituciones.La instrucción trató de esclarecer si el procedimiento de libre designación había sido configurado de forma arbitraria para favorecer la contratación de David Sánchez y si se habían utilizado los mecanismos de la administración para eludir los principios de mérito y capacidad. Durante el juicio, una de las aspirantes al puesto, Cristina de Frutos, manifestó que no percibió igualdad de oportunidades en la entrevista personal del proceso selectivo, aunque reconoció que no presentó ninguna denuncia ni reclamación. En cambio, otro de los candidatos, Nerses Avakimyam, declaró que no detectó irregularidades ni en los requisitos establecidos ni en el desarrollo del procedimiento de selección.