Las cuentas de la Universidad de Sevilla están en un estado preocupante. Así lo atestiguan los casi 15 millones (14,8) de déficit que ha presentado el cierre de las cuentas de 2025 tras el informe del auditor. Dicha auditoría señala como principales apartados que han influido en este déficit las subidas salariales del sector público aprobadas por el Gobierno central; el encarecimiento de los suministros y las infraestructuras que está acometiendo la Hispalense. Desde fuentes de la propia US advierten que el informe del auditor no revela un «problema puntual», sino que la situación económica que vive la institución académica se debe a un «un desequilibrio que afecta al funcionamiento ordinario». De esta manera, el presupuesto inicial de 2025 se fijó en los 634,4 millones de euros, mientras que el ejercicio acaba cerrándose con un «déficit presupuestario ajustado» de 14,8 millones. El problema que agrava aún más la situación de la Universidad de Sevilla es que la misma ya no dispone de remanentes con los que atajar ese déficit presupuestario e ir compensando los desequilibrios encontrados en las cuentas. Desde la Universidad de Sevilla siempre han defendido que la subida de las cantidades en el capítulo de personal se deben a circunstancias obligatorias que la US debe llevar a cabo por tratarse de decisiones aprobadas por el Gobierno nacional para todos los funcionarios del estado. «Forma parte de un problema estructural que se ve agravado en el caso de la US por su tamaño, su plantilla y sus obligaciones patrimoniales», señalan desde la Hispalense. Cabe recordar que hace tan solo unas semanas la Hispalense presentó ante su Consejo de Gobierno las 36 medidas que se llevarán a cabo de cara al presupuesto de 2026 para tapar el agujero de 16 millones de euros previstos para el próximo ejercicio. El documento se articula en torno a la racionalización del gasto; la dedicación docente del profesorado; la dedicación del Personal Técnico, Gestión, Administración y Servicios (PTGAS); la promoción y contratación de personal y planes propios, becas y actividades. Así, entre las medidas se contempla la reprogramación de la convocatoria de plazas para docentes, la conversión de becas de formación en prácticas curriculares, una disminución de las plazas de tribunales y una menor oferta de asignaturas optativas. Así, se trata de medidas de «contención, racionalización y priorización» a través del conocido como Plan de Eficiencia Organizativa para la Sostenibilidad Presupuestaria con objeto de «recuperar progresivamente el equilibrio económico». También siempre han insistido desde la Hispalense que la prioridad de este ajuste es hacerlo «sin deteriorar la docencia, la investigación, la transferencia, los servicios al estudiantado ni las condiciones de trabajo de la comunidad universitaria». Cabe recordar que, al margen de la auditoría llevada a cabo por la US, la Junta de Andalucía pactó con todas las universidades públicas la realización de un estudio pormenorizado de cada una de ellas con el fin de ajustar el modelo de financiación aprobado por unanimidad a cada situación. Sin embargo, el cambio de gobierno y de titularidad de la consejería ha ralentizado esta acción, siendo ahora Jorge Paradela el encargado de sentarse con la Hispalense para dirimir si la administración andaluza debe aportar más dinero a las arcas sevillanas.