Las camareras de piso han movido la primera ficha para conseguir un derecho que llevan años persiguiendo: ser consideradas como profesión de riesgo. Este pasado jueves 9 de julio, Omar Rodríguez Cabrera, secretario del sector estatal de Hostelería, Restauración Social y Turismo de FeSMC-UGT, presentó formalmente la solicitud para la tramitación de coeficientes reductores para conseguir anticipar la edad de jubilación de estas trabajadoras, lo que defiende como “un acto de justicia social”.Los coeficientes reductores son un mecanismo previsto en la Ley General de la Seguridad Social que permite adelantar la edad ordinaria de jubilación en aquellas actividades que acrediten unas condiciones de trabajo excepcionalmente penosas, peligrosas, tóxicas o insalubres y que presenten elevados índices de morbilidad o mortalidad.El sistema funciona aplicando un coeficiente concreto por cada año efectivamente trabajado en la actividad de riesgo. Esto significa que los trabajadores de las profesiones a las que se les aplica un coeficiente de 0,20, pueden descontar un año de la edad de jubilación por cada cinco trabajados, mientras que uno de 0,10 exige diez años. Sin embargo, la jubilación no puede ser nunca antes de los 52 años.Gracias al Real Decreto 402/2025, en vigor desde mayo del año pasado, se fija un procedimiento común para solicitar este reconocimiento: cada profesión debe demostrar, mediante indicadores objetivos como la siniestralidad, las enfermedades profesionales o las bajas laborales, que el riesgo no puede eliminarse únicamente con medidas de prevención. Si el Gobierno aprueba la solicitud, los trabajadores de ese colectivo podrán jubilarse antes de la edad ordinaria sin sufrir recortes en la cuantía de su pensión, a cambio de una cotización adicional que asumirán empresas y trabajadores.Los primeros trabajadores que consiguieron este derecho en los años 70 fueron los mineros y los trabajadores del mar. Más tarde llegaron los artistas, por las peculiares características de determinadas actividades y por la brevedad de la vida profesional en algunas categorías; y los toreros, que se pueden jubilar a los 55 años. También lo han conseguido trabajadores ferroviarios, el personal de vuelo de trabajos aéreos y los bomberos.Sin embargo, son todavía muchas las profesiones, que, aunque cada día se enfrentan a situaciones muy complicadas que comprometen su salud física y psicológica, todavía no han logrado tener un coeficiente reductor específico.En el caso de albañiles y trabajadores primarios de la construcción no tienen reconocido este derecho, por lo que mantienen la misma jubilación que el resto de trabajadores. “No tiene sentido que una persona de más de 60 años siga trabajando en un andamio, cargando pesos, adoptando posturas forzadas o expuesta a agentes cancerígenos y tóxicos”, denuncia Aída Suárez, secretaria de Salud Laboral y Política Energética de CCOO del Hábitat, en conversación con este periódico.Por esta razón, junto a UGT, registraron en julio de 2025 una solicitud para que los profesionales que trabajan en los oficios de mayor desgaste físico, como albañiles, poceros u operarios de carreteras, puedan tener coeficientes de reducción y disfrutar de una jubilación anticipada. Su principal argumento es la elevada siniestralidad en el sector. Sergio Estela, portavoz de UGT-Federación de Industria, Construcción y Agro, recuerda que “en los cinco primeros meses de 2026 han fallecido 71 trabajadores en la construcción”, el mayor número de todos los sectores económicos, y advierte de que, si la tendencia continúa, "superaríamos los 200 fallecidos al año, y eso no lo podemos consentir”. Para ambos sindicatos, permitir la jubilación anticipada de quienes desempeñan los trabajos más penosos no solo mejoraría la salud de los trabajadores, sino que contribuiría a renovar el sector y a hacerlo más atractivo para las nuevas generaciones.La petición no cuenta por el momento con el respaldo de la patronal, porque defienden que “supondría un sobrecoste que no están dispuestos a asumir”. Desde los dos sindicatos indican que están en contacto constante para conseguir su respaldo, “perfilar los cálculos y determinar con precisión qué profesiones presentan un mayor riesgo y una mayor exposición a la siniestralidad y a las enfermedades profesionales”, porque consideran que “es una cuestión de justicia”.Una lucha que también se arrastra desde hace años y que puede estar cerca de terminar, está dentro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. La Ertzaintza tiene reconocido un coeficiente de 0,2 desde 2010, mismo grado que recibieron las policías locales en 2019 a través del Real Decreto 1449/2018. También lo consiguieron los Mossos d’Esquadra y Policía Foral de Navarra 2022, dejando fuera a los dos cuerpos principales: Policía Nacional y Guardia Civil.La reducción de la edad de jubilación en ambos cuerpos es uno de los principales caballos de batalla de los sindicatos policiales y las asociaciones de la Guardia Civil. Sin embargo, todo el proceso se ha acelerado gracias a una sentencia del Tribunal Supremo impulsada por JUPOL, sindicato mayoritario dentro de la Policía Nacional.El Alto Tribunal concluyó en mayo de 2025 que el Estado estaba incurriendo en un “trato discriminatorio” al no regular la jubilación anticipada de los agentes de la Policía Nacional adscritos al Régimen General de la Seguridad Social, mientras sí la había reconocido para policías autonómicas y locales. En su fallo, el Supremo obligó al Gobierno a iniciar el procedimiento para desarrollar esta regulación mediante un real decreto, al considerar que la diferencia de trato carecía de una justificación objetiva y razonable.Unas semanas después, el Gobierno aprobó el nuevo Real Decreto 402/2025, que establece un procedimiento común para solicitar coeficientes reductores en profesiones especialmente penosas, peligrosas o insalubres. Desde entonces, tanto los sindicatos de la Policía Nacional como las asociaciones de la Guardia Civil están participando en las mesas de negociación con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para concretar las condiciones de acceso a la jubilación anticipada y la financiación del sistema mediante un incremento de las cotizaciones.Según indican desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), mayoritaria en este cuerpo, actualmente se encuentran en un parón de las negociaciones, que se retomarán en septiembre. Su portavoz, Diego Madrazo, se muestra optimista y asegura a infoLibre que espera que para el próximo enero ya tengan reconocido este derecho.La jubilación anticipada es también una de las reivindicaciones centrales del personal sanitario y se ha convertido en uno de los principales puntos de fricción durante la negociación del nuevo Estatuto Marco. Los sindicatos sostienen que las guardias, el trabajo nocturno y a turnos, la sobrecarga asistencial, el desgaste físico y emocional y la exposición a riesgos biológicos y psicosociales justifican que se estudie la aplicación de coeficientes reductores a determinadas actividades y categorías profesionales del Sistema Nacional de Salud.Esta petición se ha convertido en el motor de diferentes movilizaciones y protestas en los últimos años, pero, según aseguran fuentes sindicales, “lo ven muy mal” para conseguir este objetivo en un futuro próximo. En enero de 2026, SATSE-FSES, CCOO, UGT y CSIF alcanzaron con el Ministerio de Sanidad un acuerdo para iniciar la tramitación del Estatuto Marco y el borrador negociado contemplaba que Sanidad elaborase informes técnicos sobre las ocupaciones que pudieran considerarse excepcionalmente penosas, tóxicas, peligrosas o insalubres y que, una vez realizados estos estudios, las administraciones y las organizaciones sindicales promovieran ante la Seguridad Social el procedimiento para determinar si correspondía establecer coeficientes reductores.Sin embargo, el anteproyecto aprobado por el Consejo de Ministros y sometido a audiencia pública en junio eliminó esa regulación detallada. El nuevo texto mantuvo una referencia genérica a que la jubilación anticipada podría regularse mediante la correspondiente norma reglamentaria y previa tramitación del procedimiento establecido en el Real Decreto 402/2025, pero dejó de recoger expresamente el compromiso de realizar los estudios y de impulsar la solicitud. Los sindicatos denunciaron entonces que el cambio debilitaba lo pactado y exigieron recuperar la redacción anterior. infoLibre ha contactado con Sanidad, donde aseguran que estos informes todavía están en proceso de elaboración, pero la decisión final recae en el Ministerio de Inclusión, por lo que el proceso está todavía en una fase embrionaria.