Los inquilinos del bloque de 102 viviendas en régimen de alquiler asequible del número 27 de la avenida Concejal Alberto Jiménez Becerril han protagonizado una concentración la tarde de este jueves, en demanda de soluciones ante la situación que afrontan después de que InmoCaixa, la inmobiliaria de Criteria, sociedad de inversiones de la Fundación Bancaria «la Caixa», vendiese el inmueble a Inmoliving S. XXI S.L. Estos inquilinos avisan de que dicha empresa inmobiliaria está actuando como un «fondo buitre», con subidas de los precios de alquiler , con lo que reclaman que el Ayuntamiento de Sevilla adquiera las viviendas para solucionar la situación. Así ha sucedido durante esta protesta realizada en plena calle por el colectivo de inquilinos, que ya ha encomendado su caso a un abogado especializado en la materia. Esta promoción de pisos de alquiler asequible promovida por la Obra Social de La Caixa hace unos 15 años fue uno de los proyectos estrella en materia de vivienda accesible en la ciudad de Sevilla. Precisamente por eso, el proyecto, calificado como Vivienda Protegida de Renta Básica y Renta Básica Jóvenes, contó con 4,4 millones de euros en ayudas y subvenciones del entonces Ministerio de Fomento y la que fuera Consejería de Obras Públicas y Vivienda. A la hora de la entrega de llaves allá a mediados de julio de 2011, las rentas mensuales acordadas en los contratos de alquiler oscilaban entre los 166 y los 195 euros. El conflicto está sobre la mesa después de que InmoCaixa, sociedad inmobiliaria de Criteria, el 'holding' de inversiones de la Fundación Bancaria «la Caixa»; vendiese el edificio de viviendas a la empresa Inmoliving S. XXI, por algo más de cuatro millones de euros. Y es que aunque la nueva dueña del edificio, Inmoliving, tiene la obligación de respetar los contratos de alquiler de las viviendas y todos los pactos adquiridos con la Administración por el anterior propietario, al menos hasta el año 2036, cuanto expirará el carácter protegido de estos pisos; el colectivo de inquilinos avisa de que la entidad está aplicando una subida del 46 por ciento en los precios de alquiler de aquellos contratos que han de ser renovados. Acusan así a la empresa de actuar como un «fondo buitre» y ante ello, reclaman que el Ayuntamiento de Sevilla, gobernado por José Luis Sanz, adquiera el bloque de viviendas para solucionar el asunto. La junta de gobierno del Ayuntamiento hispalense, por cierto, aprobaba recientemente autorizar a su empresa municipal Emvisesa, para que pueda ejercer directamente en su nombre el derecho de tanteo y retracto en operaciones de venta de viviendas protegidas. El pleno del Ayuntamiento hispalense ha debatido precisamente esta mañana una moción de Con Podemos-IU en demanda de incorporar estos pisos al parque municipal de viviendas. La moción ha sido rechazada al votar en contra los grupos municipales del PP y de Vox, si bien el edil de Urbanismo, el popular Juan de la Rosa, ha asegurado que el voto contrario de su grupo deriva de que la coalición de izquierdas no ha permitido la votación separada de los ocho puntos de su propuesta, asegurando que «Emvisesa está a disposición para defender sin fisuras a los vecinos». Estos mismos inquilinos niegan que en el asunto pesen prolongadas situaciones de impagos de alquileres, señalando que sólo consta el caso de dos vecinos cuyos contratos no fueron renovados por InmoCaixa por «cuestiones de edad», o sea al superar el límite de los 35 años, que estarían litigando el asunto y consignando sus rentas en sede judicial en espera de contar con sentencia. El conflicto en cualquier caso, está sobre la mesa.