La teoría de que las sospechas sobre la mujer del presidente del Gobierno responden a las elucubraciones del juez Peinado ha vuelto a derrumbarse después de que cinco magistrados de la Audiencia Provincial de Madrid hayan acordado enviar a Begoña Gómez y a su asistente a juicio oral con jurado popular. El auto evalúa de forma objetiva y meticulosa el resultado de la instrucción: mantiene unos presuntos delitos y descarta otros. El tribunal considera que el presunto tráfico de influencias atribuido a Gómez guarda relación con su condición de esposa del jefe del Ejecutivo. La imputación por un presunto delito de malversación vuelve a poner de manifiesto las dudas sobre la forma en que el PSOE concibe la frontera entre lo público y lo privado. Corresponderá ahora a la Justicia determinar las responsabilidades penales que puedan derivarse de estos hechos. Lo hará pese al constante intento del Gobierno por desacreditar a jueces y tribunales cuando sus resoluciones afectan a su entorno político o familiar, una estrategia que erosiona la confianza en las instituciones del Estado de derecho.