(ZENIT Noticias / Roma, 14.07.2026).- El enfrentamiento entre la Santa Sede y la Fraternidad Sacerdotal San Pío X (FSSPX) ha entrado en una nueva fase, de gran complejidad técnica. Menos de dos semanas después de que el Vaticano declarara al grupo tradicionalista en cisma tras las ordenaciones episcopales ilícitas de cuatro nuevos obispos, la Fraternidad ha presentado formalmente una impugnación canónica con el objetivo de revocar el decreto y suspender temporalmente sus efectos.Según un comunicado emitido por la Casa General de la FSSPX en Menzingen el 13 de julio, la Fraternidad presentó una solicitud administrativa preliminar ante el Dicasterio para la Doctrina de la Fe el 11 de julio, impugnando el decreto publicado el 2 de julio. En lugar de interponer inmediatamente un recurso superior, la Fraternidad ha optado por el primer trámite procesal exigido por el Código de Derecho Canónico de 1983 antes de poder presentar cualquier recurso jerárquico.Esta medida representa un avance significativo en una de las disputas canónicas más graves que la Iglesia Católica ha enfrentado en décadas. Al invocar los cánones 1734 y siguientes, la FSSPX argumenta que ejerce un derecho reconocido por el derecho canónico para quien considere que un acto administrativo ha causado un daño injusto. La Sociedad insiste en que su solicitud se realiza «con respeto a la autoridad eclesiástica» y en busca de «la justicia, la verdad y el bien de la Iglesia».La cuestión jurídica central se refiere al efecto de la apelación en sí. La FSSPX sostiene que, según el canon 1353, la presentación de la solicitud suspende automáticamente la ejecución del decreto que impone o declara una pena canónica mientras la autoridad competente examina el caso. En la práctica, la Sociedad argumenta que las excomuniones no pueden surtir efecto hasta que el Dicasterio se pronuncie sobre su solicitud.Los canonistas señalan que esta petición inicial no constituye la apelación definitiva. Según el sistema judicial administrativo de la Iglesia, quienes impugnan un decreto deben solicitar primero a la autoridad que lo emitió que revoque o modifique su decisión. Solo si se deniega dicha solicitud pueden recurrir formalmente ante la autoridad superior competente. El Código también otorga a la autoridad revisora amplios poderes: puede confirmar el decreto, revocarlo, declararlo inválido, modificarlo o sustituirlo por una nueva decisión.La controversia actual surge de las consagraciones episcopales realizadas el 1 de julio a pesar de las advertencias explícitas del Papa León XIV. La Santa Sede declaró posteriormente que la ceremonia constituía un acto cismático, lo que resultó en la excomunión del obispo Alfonso de Galarreta, quien presidió las ordenaciones, junto con los cuatro obispos recién consagrados: Pascal Schreiber, Michael Goldade, Michel Poinsinet de Sivry y Marc Hanappier. El obispo Bernard Fellay, quien actuó como co-consagrador, también fue declarado excomulgado por su participación en el acto cismático.La FSSPX, sin embargo, continúa rechazando tanto la valoración canónica como las sanciones resultantes. Antes de presentar su última petición, la Fraternidad ya había escrito al Papa León XIV, argumentando que las sanciones eran «objetivamente injustas e inválidas». Asimismo, ha sostenido que las consagraciones estuvieron motivadas por lo que describe como una crisis interna en la Iglesia, y no por ninguna intención de romper la comunión con el Romano Pontífice. En su opinión, no se han cumplido las condiciones legales necesarias para configurar el delito de cisma.La disputa también ha reavivado el recuerdo de la histórica ruptura de 1988, cuando el arzobispo Marcel Lefebvre consagró ilícitamente a cuatro obispos sin la aprobación de San Juan Pablo II, un acto que resultó en su excomunión y la declaración formal de cisma. Dichas sanciones fueron levantadas por el papa Benedicto XVI en 2009 como parte de un esfuerzo por promover la reconciliación, aunque nunca se logró la plena regularización canónica de la Compañía. Irónicamente, dos de esos obispos —el obispo de Galarreta y el obispo Fellay— participaron en las consagraciones controvertidas de este año, colocándose una vez más en el centro de un importante conflicto eclesiástico.Un aspecto del caso actual ha atraído particular atención entre canonistas y comentaristas. Al basarse extensamente en los procedimientos establecidos por el Código de Derecho Canónico de 1983, la Fraternidad está utilizando el mismo marco legal que históricamente ha criticado. Algunos observadores han sugerido que esto podría representar un cambio significativo de enfoque. La publicación italiana MessainLatino, por ejemplo, describió la decisión como una señal alentadora de que la FSSPX parece ahora dispuesta a reconocer los mecanismos jurídicos establecidos por el Código vigente, expresando la esperanza de que este desarrollo pueda contribuir a la reanudación del diálogo entre la Fraternidad y la Santa Sede.Queda por ver si este optimismo se justifica. Por ahora, la disputa ha pasado de las declaraciones públicas a los procedimientos estructurados del derecho canónico. El Dicasterio para la Doctrina de la Fe debe decidir ahora si ratifica, modifica o revoca su decreto, tras lo cual aún cabe la posibilidad de interponer nuevos recursos.Más allá de las cuestiones de procedimiento, el caso concierne en última instancia a uno de los principios fundamentales de la eclesiología católica: la relación entre la autoridad episcopal y la comunión con el Sucesor de Pedro. Cualquiera que sea el resultado del recurso, la respuesta del Vaticano probablemente influirá no solo en el futuro de la Fraternidad de San Pío X, sino también en los esfuerzos más amplios de la Iglesia para abordar las divisiones dentro de los círculos tradicionalistas, salvaguardando al mismo tiempo la unidad eclesial.Gracias por leer nuestros contenidos. Si deseas recibir el mail diario con las noticias de ZENIT puedes suscribirte gratuitamente a través de este enlace. 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