El Ayuntamiento de El Puerto ha dado un paso decisivo en la revisión de su modelo de ciudad. Sin PGOU actualizado desde 1992, los excesos expansivos del último intento por reformular el planeamiento urbanístico portuense datan de 2012 y fueron tumbados en el Tribunal Supremo—. Hace un año, Territorio y Ciudad —de Manuel Ángel González Fustegueras—, y T10, respectivamente, se unieron en UTE para afrontar un encargo municipal de más de un millón de euros.A través de un anuncio publicado este 16 de julio en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), el Consistorio portuense, liderado por Germán Beardo, ha abierto un proceso de consulta pública previa sobre el borrador que marcará el desarrollo urbanístico del municipio durante las próximas décadas: el conocido como Borrador del Plan: Avance del Plan de Ordenación Urbana (POU) de El Puerto de Santa María.La decisión se formalizó mediante el Decreto nº 2026-2941, firmado el pasado 7 de mayo por la teniente de alcalde delegada de Ordenación, Planificación Urbana y Centro Histórico, Danuxia Enciso. El texto fue posteriormente puesto en conocimiento de la junta de gobierno local en la sesión celebrada el 30 de abril, dando así vía libre a un procedimiento que busca recoger la opinión ciudadana antes de que el plan avance hacia fases más avanzadas de tramitación.¿Qué es el POU y por qué importa a los vecinos?El Plan de Ordenación Urbana (POU) es el instrumento que regula qué se puede construir, dónde y con qué usos en un municipio: desde zonas residenciales e industriales hasta espacios verdes, equipamientos públicos o el tratamiento del casco histórico. Su revisión, por tanto, no es un trámite menor, sino una decisión que condicionará la fisonomía de El Puerto de Santa María a largo plazo, afectando a cuestiones tan cotidianas como la vivienda, la movilidad o la protección del patrimonio.El marco legal que ampara esta consulta previa se encuentra recogido en el artículo 77 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, así como en el artículo 100 de su reglamento general. Ambas normas obligan a las administraciones a abrir un periodo de participación antes de aprobar instrumentos urbanísticos de este calado, garantizando que la ciudadanía pueda expresar su punto de vista sobre los problemas a resolver y las alternativas planteadas.Cómo y cuándo participarEl plazo para consultar el documento y presentar alegaciones será de 20 días hábiles, un periodo que comenzará a contar a partir del día siguiente a la primera publicación del anuncio —este miércoles—, ya sea en el tablón de anuncios de la Sede Electrónica municipal o en el propio BOP. El cómputo del plazo finalizará el mismo día en que concluya la última de las publicaciones realizadas.Durante ese tiempo, cualquier persona interesada —vecinos, colectivos, profesionales del sector o entidades— podrá formular las sugerencias que considere oportunas sobre la necesidad, oportunidad y objetivos del futuro plan. Estas propuestas podrán presentarse a través del registro electrónico de la sede del Ayuntamiento o mediante cualquiera de las vías contempladas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, lo que incluye oficinas de registro, correos u otros canales habilitados por ley.Dónde consultar toda la documentaciónQuienes deseen revisar el contenido íntegro del Avance del POU podrán hacerlo a través de dos canales oficiales. Por un lado, en el Portal de la Transparencia del Ayuntamiento, dentro del apartado "Normativa Municipal" > "Normativa en tramitación" > "Consultas previas elaboración Instrumentos Urbanísticos". Por otro, en la página web oficial del Consistorio (www.elpuertodesantamaria.es), en la sección "Áreas Municipales" > "Urbanismo y Patrimonio" > "Urbanismo", dentro de la pestaña "Consulta Pública Previa".Con esta convocatoria, el Ayuntamiento portuense inicia formalmente el camino hacia un nuevo modelo de ciudad —donde se calcula un crecimiento poblacional que la situará por encima de los 100.000 habitantes—, en un proceso que, según establece la normativa autonómica, debe garantizar la máxima transparencia y la participación activa de la ciudadanía antes de que el documento avance hacia fases posteriores de redacción y aprobación definitiva.