Congreso. Foto: @SenadoGovCoLas Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2026–2030, titulado «Colombia, la Patria Milagro», introducen un giro de fondo en la relación entre la Presidencia de la República y el Congreso.El documento, hasta ahora preliminar, formaliza el fin de las cuotas burocráticas y la asignación opaca de partidas presupuestales —dinámica conocida tradicionalmente como ‘mermelada’.El Ejecutivo plantea que cada decisión de gasto y cada asignación regional deberán responder exclusivamente a criterios de conveniencia pública e impacto social verificable, desmantelando los incentivos que históricamente convirtieron a la gestión presupuestal en un instrumento de transacción política.«No vamos a sustituir la burocracia centralista por mecanismos opacos de asignación de proyectos, privilegios o contratos. Toda gestión de recursos regionales promovida por congresistas quedará registrada en una plataforma visible y verificable.» — sostiene el documento de bases del Plan Nacional de Desarrollo 2026–2030Para materializar esta ruptura, el Gobierno creará una plataforma digital de acceso público que registrará las gestiones de recursos regionales promovidas por congresistas, partidos políticos y otros actores de la vida pública ante los ministerios y entidades del orden nacional.Funcionamiento de la Plataforma de SeguimientoLa ciudadanía podrá consultar en tiempo real el ciclo completo de cada solicitud de inversión territorial a través de los siguientes componentes:• Identificación del solicitante: Registro explícito del congresista, bancada o actor político que promueve la iniciativa.• Justificación técnica y territorial: Documentación de la necesidad pública que motiva el pedido de inversión.• Monto y fuente de financiación: Detalle preciso de los recursos solicitados y el rubro presupuestal impactado.• Entidad ejecutora: Identificación del ministerio, agencia o entidad territorial responsable de la contratación y ejecución de las obras.• Resultado para la comunidad: Indicadores de avance físico y financiero, permitiendo verificar la entrega efectiva de la obra o servicio a la población.Congreso. Foto: @SenadoGovCoRegulación del CabildeoA la par del control sobre las gestiones parlamentarias, el Plan impone un marco de regulación al cabildeo (lobbying) y a la gestión de intereses privados ante las ramas del poder público.Bajo la nueva normativa, los representantes de grupos de interés, empresas y gremios deberán someterse a reglas de publicidad obligatoria. El sistema registrará a quién representan, cuáles son sus intereses específicos y ante qué autoridades o despachos adelantan sus gestiones.El objetivo central es evitar la interferencia opaca en la formulación de leyes y decretos, asegurando que el escrutinio público identifique si una decisión estatal responde al bien común o a presiones de sectores particulares.El fin del intercambio burocrático se articula con la transformación tecnológica y normativa de la gestión pública desarrollada en el Eje 6 del Plan Nacional de Desarrollo.La interoperabilidad con el SECOP de Nueva Generación, el documento expone que toda gestión regional aprobada se conectará directamente con la plataforma contractual del Estado, la cual incorporará analítica de datos e inteligencia artificial para alertar sobre adiciones sospechosas, colusiones o empresas fachada.Así mismo se implementará un Marco Inteligente de Conflictos de Interés en articulación con El Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) y la Secretaría de Transparencia del DAPRE, para detectar incongruencias patrimoniales o nexos de parentesco y negocios entre decisores políticos y contratistas.Por último, el Gobierno propone que estudiantes de educación media participen en la vigilancia contractual como parte de su servicio social, fortaleciendo el control ciudadano en los territorios.El documento oficial del Plan Nacional de Desarrollo reconoce la distancia existente en Colombia entre las normas vigentes y su aplicación real. Según diagnósticos presentados en el texto, el país cumple con el 100 % de los criterios normativos de la OCDE en materia de regulación de conflictos de intereses, pero solo alcanza un 22 % en su aplicación práctica.