(ZENIT Noticias / Jerusalén, 13.11.2026).- Una serie de acontecimientos en Israel, los territorios palestinos y el sur de Siria plantea interrogantes sobre la protección de la población civil, el respeto a la libertad religiosa y las perspectivas de una paz duradera en Oriente Medio. Desde la destrucción de viviendas palestinas y la expansión de los asentamientos israelíes hasta el asesinato de un civil sirio discapacitado, el bombardeo de un hospital en Gaza y la profanación de una iglesia maronita, los últimos sucesos revelan la profunda inseguridad que impera en la vida de las personas en toda la región.La emergencia humanitaria en Gaza se ha agravado con la llegada de las fuertes lluvias invernales. Miles de familias desplazadas, que ya vivían en refugios improvisados tras perder sus hogares durante la guerra, han visto inundadas sus tiendas de campaña y destruidas sus escasas pertenencias. Según las autoridades de Defensa Civil de Gaza, se recibieron más de 1.500 solicitudes de ayuda, ya que las lluvias inundaron los campamentos de desplazados y dañaron edificios debilitados por meses de conflicto. La oficina de prensa del gobierno de Hamás estima que aproximadamente 70.000 tiendas de campaña se han visto afectadas, con pérdidas atribuidas al clima y las condiciones invernales que ascienden a unos 3 millones de dólares.El padre Gabriel Romanelli, párroco de la Iglesia de la Sagrada Familia en Gaza, ha descrito la situación como catastrófica. Muchas familias han perdido incluso las pertenencias básicas que habían logrado salvar: colchones, mantas, alimentos y artículos esenciales para el hogar. En algunas zonas, el agua de lluvia se ha mezclado con aguas residuales y desechos, empeorando una situación de salud pública ya crítica. Los niños, los ancianos y los enfermos están particularmente expuestos al frío y al deterioro de las condiciones sanitarias.La pequeña comunidad católica en torno a la parroquia de la Sagrada Familia continúa ayudando a los más necesitados, incluyendo a los enfermos, los ancianos y los niños con discapacidad atendidos por las Misioneras de la Caridad. A pesar de las dificultades, la parroquia también intenta mantener sus actividades educativas. Romanelli ha dado la bienvenida a la llegada de un nuevo coadjutor, el padre Luis Montes, con lo que el número de sacerdotes que sirven a la comunidad vuelve a ser de tres.Sin embargo, la respuesta humanitaria sigue estando muy por debajo de lo necesario. El portavoz de la ONU, Farhan Haq, informó que más de 150.000 tiendas de campaña, ya adquiridas por organizaciones humanitarias, permanecen fuera de Gaza debido a que las autoridades israelíes no han autorizado su entrada. Las Naciones Unidas exigen la apertura de todos los pasos fronterizos y la entrada de materiales para refugios, combustible, suministros médicos y maquinaria pesada necesarios para las operaciones de emergencia. El Coordinador de Actividades Gubernamentales en los Territorios (COGAT) de Israel afirma haber reforzado las intervenciones de agua y saneamiento, incluyendo la entrada de camiones cisterna adicionales. Sin embargo, la disputa sobre la responsabilidad de la escasez no contribuye a aliviar el sufrimiento inmediato de las familias desplazadas.La crisis se ha visto agravada por otra operación militar israelí, esta vez contra el Hospital Nasser en Khan Yunis. Un ataque aéreo durante la noche del 11 al 12 de noviembre alcanzó el ala quirúrgica del hospital, causando la muerte de seis personas y dejando al menos 20 heridos, según las autoridades sanitarias de Gaza. Entre los fallecidos se encontraba un médico.El ejército israelí y el servicio de seguridad Shin Bet afirmaron que la operación tuvo como objetivo a un alto comandante de Hamás y a otros militantes que presuntamente operaban desde el interior del complejo hospitalario. Israel ha acusado a Hamás de utilizar las instalaciones como centro de mando y depósito de armas, aunque no ha presentado pruebas que respalden estas acusaciones. Los resultados de la operación siguen bajo investigación.El ataque es particularmente grave porque el Hospital Nasser es uno de los pocos centros médicos que aún funcionan en un territorio cuya infraestructura sanitaria ha sido devastada por la guerra. También reaviva la preocupación por el alto el fuego que entró en vigor en octubre de 2025. Según las autoridades sanitarias de Gaza, más de 1.600 personas han muerto en ataques israelíes desde que comenzó el acuerdo.Más allá de Gaza, la expansión de los asentamientos israelíes en Cisjordania ocupada está generando más desplazamientos e incertidumbre. El 3 de noviembre, un grupo de colonos israelíes entró en al menos ocho viviendas palestinas en Al-Duyuk al-Tahta, cerca de Jericó, y se apropió de las propiedades mientras sus dueños estaban ausentes. La agencia de noticias palestina WAFA describió el incidente como una toma de posesión por la fuerza. Fuentes israelíes, por el contrario, informaron que las casas habían sido adquiridas mediante una operación de compra confidencial organizada por el movimiento pro-asentamientos Nachala, con el apoyo del Consejo Regional de Binyamin.El ejército israelí afirmó haber sido tomado por sorpresa por la llegada descoordinada de los colonos y criticó la operación. Posteriormente, se desplegaron tropas para proteger a los nuevos residentes, con planes para establecer un perímetro de seguridad alrededor de las propiedades. Las casas se ubican en la Zona C, que está bajo control civil y militar israelí, pero cerca de la Zona A, administrada por la Autoridad Palestina.El incidente forma parte de un patrón más amplio de expansión de asentamientos. Según cifras oficiales palestinas, aproximadamente 750.000 colonos israelíes viven en 194 asentamientos y 400 puestos avanzados en toda Cisjordania ocupada, incluyendo Jerusalén Este. La Comisión Palestina de Resistencia al Muro y los Asentamientos también informó de la confiscación de 2.536,44 dunams —aproximadamente 253 hectáreas— de terreno perteneciente a tres aldeas al noroeste de Ramala: Beitillú, Al-Mazra’a al-Qibliya y Deir Ammar. Las autoridades israelíes clasificaron el terreno como propiedad estatal, una designación que podría facilitar un mayor desarrollo de asentamientos y restringir la expansión agrícola y residencial palestina.Las consecuencias también se están haciendo cada vez más visibles en los alrededores de Jerusalén. En la comunidad beduina de Bir al-Maskub, casi la mitad de las estructuras existentes fueron demolidas el 3 de noviembre, dejando sin hogar a unos 20 residentes. Las demoliciones afectaron a cuatro complejos residenciales, incluyendo viviendas, cocinas e instalaciones sanitarias. Las autoridades israelíes también han renovado las órdenes de demolición para los edificios restantes, lo que genera temores de que toda la comunidad pueda desaparecer.La aldea se encuentra dentro del área designada para el controvertido proyecto de asentamiento E1, que prevé la construcción de 3.401 viviendas al este de Jerusalén, conectando el asentamiento de Ma’ale Adumim con la ciudad. Las organizaciones de derechos humanos Bimkom, Ir Amim y Peace Now argumentan que las demoliciones representan una escalada significativa, especialmente porque las estructuras destruidas se encontraban a más de un kilómetro de las viviendas más cercanas en Ma’ale Adumim. Sostienen que estas medidas tienen como objetivo expulsar a los residentes palestinos del territorio destinado a la construcción de asentamientos. Según se informa, los recursos legales contra los planes E1 aún están pendientes ante un tribunal israelí.La preocupación internacional en torno al Acuerdo E1 se debe en parte a sus posibles consecuencias para la continuidad territorial de un futuro Estado palestino. Su implementación podría dividir las zonas palestinas alrededor de Jerusalén y dificultar considerablemente el establecimiento de un Estado independiente geográficamente viable. El destino de las comunidades beduinas, cuyo modo de vida tradicional depende del acceso a extensas zonas de pastoreo, se ha convertido en un aspecto especialmente delicado del conflicto.Mientras tanto, la actividad militar israelí se ha extendido más allá de las fronteras tradicionales de los Altos del Golán ocupados, hacia el sur de Siria, tras la caída de Bashar al-Asad el 8 de diciembre de 2024. El asesinato de Muath Salama al-Baeer, un hombre sordo con síndrome de Down, durante una operación israelí en la aldea de Jamla el 22 de octubre, ha intensificado la indignación pública.Según el testimonio de un residente local, soldados israelíes entraron en la aldea, registraron las casas y establecieron un puesto de control. Supuestamente, Muath se negó a obedecer la orden de detenerse debido a su sordera, lo que provocó que los soldados le dispararan. Los residentes afirmaron que estaba desarmado y vivía con sus hermanas tras la muerte de sus padres. Su asesinato desencadenó manifestaciones en varias ciudades y pueblos sirios, incluyendo Damasco, Homs, Hasakah y Quneitra.Su muerte no es un incidente aislado en una región donde las incursiones militares, los arrestos y las demoliciones han perturbado cada vez más la vida civil. Una investigación de Amnistía Internacional publicada en mayo documentó al menos 23 estructuras civiles dañadas o destruidas en tres aldeas y nueve bases militares israelíes establecidas en Quneitra y Daraa desde diciembre de 2024. La organización concluyó que las demoliciones examinadas no estaban justificadas por una necesidad militar absoluta y solicitó investigaciones sobre posibles crímenes de guerra.En septiembre de 2026, la Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU sobre Siria advirtió que la presencia militar israelí se estaba afianzando mediante incursiones, registros, puestos de control e infraestructura permanente. Identificó a 49 personas, entre ellas dos menores, que habían sido arrestadas en Siria y que se creía que habían sido trasladadas a Israel, advirtiendo que algunos de los actos investigados podrían constituir crímenes de guerra.El presidente de transición sirio, Ahmed al-Sharaa, ha exigido reiteradamente la retirada de las fuerzas israelíes de sus posiciones. En su intervención ante la Asamblea General de la ONU, insistió en que los Altos del Golán seguían siendo territorio sirio. Sin embargo, la brecha entre las declaraciones diplomáticas y la realidad cotidiana de la población del sur sigue siendo considerable. Las familias exigen información sobre sus parientes detenidos, acceso a sus tierras agrícolas y garantías de que puedan regresar a salvo a sus hogares.La libertad religiosa también ha sido objeto de escrutinio en el norte de Israel. El 1 de noviembre, individuos no identificados irrumpieron en la iglesia maronita de San Pedro y San Pablo en Nahariya, dañando y destruyendo estatuas e imágenes religiosas. El incidente, ocurrido el Día de Todos los Santos, provocó una enérgica respuesta de la Arquidiócesis Maronita de Haifa.El arzobispo Moussa El-Hage calificó la profanación como un ataque inaceptable, no solo contra la propiedad de la Iglesia, sino también contra la santidad de un lugar de culto y el derecho de los creyentes a practicar su fe con libertad y seguridad. La arquidiócesis instó a las autoridades y a los servicios de seguridad a investigar el incidente, identificar a los responsables y llevarlos ante la justicia.En su comunicado, también hizo una importante distinción entre el perdón y la renuncia a la justicia. Los cristianos, afirmó, continuarán orando y celebrando sus liturgias en la iglesia, negándose a permitir que el vandalismo o la intimidación socaven su vida religiosa. El perdón no exige silencio ante la agresión, ni el amor implica renunciar a los propios derechos.La profanación nos recuerda que la protección de las comunidades cristianas y sus lugares de culto debe seguir siendo un elemento esencial de cualquier compromiso serio con la libertad religiosa en Tierra Santa. Iglesias, mezquitas y otros lugares religiosos deben ser protegidos, independientemente de la identidad de sus congregaciones. Los ataques contra ellos no pueden considerarse actos menores de vandalismo ni tolerarse como una consecuencia inevitable de las tensiones regionales.En conjunto, estos acontecimientos ponen de manifiesto una región donde la seguridad de la población civil, el derecho a permanecer en la propia tierra y la libertad de practicar la religión están sometidos a una presión creciente. Los palestinos se enfrentan al desplazamiento y a un acceso cada vez más restringido a sus hogares y propiedades agrícolas; los sirios del sur viven con las consecuencias de una creciente presencia militar; la población desplazada de Gaza afronta el invierno sin un refugio adecuado; y las comunidades cristianas siguen exigiendo protección para sus iglesias y libertad de culto.Las preocupaciones en materia de seguridad, incluida la amenaza que representan grupos armados como Hamás, no pueden ignorarse. Pero tampoco pueden justificar sin límites las medidas que ponen en peligro a la población civil, destruyen hogares o socavan los derechos fundamentales. El derecho internacional humanitario exige la protección de la población civil y la distinción entre objetivos militares e infraestructura civil, incluidas las instalaciones médicas. Por consiguiente, las acusaciones en torno al ataque al hospital Nasser, las demoliciones en el sur de Siria y el desplazamiento de comunidades palestinas requieren una investigación creíble y la rendición de cuentas.Gracias por leer nuestros contenidos. Si deseas recibir el mail diario con las noticias de ZENIT puedes suscribirte gratuitamente a través de este enlace.The post De Gaza a Cisjordania: civiles palestinos, sirios y cristianos bajo ataques de colonos judíos y del ejército israelí appeared first on ZENIT - Espanol.