En el análisis de riesgos electorales existen los llamados cisnes negros, aquellos acontecimientos extraordinarios que agitan por completo el tablero político. O los rinocerontes grises, cuando se refieren más a amenazas de alta probabilidad. Pues bien, el camino hacia el 29N se ha convertido en todo un zoológico. Desde que se convocaron las elecciones, la campaña ha encadenado numerosos giros drásticos de guion. Primero estuvo marcada por la crisis de la vivienda, que fue lo que desencadenó el adelanto de los comicios. Luego, se tiñó de luto por el accidente ferroviario de Urda (Toledo), que acabó desembocando en la dimisión de todo un ministro y uno de los grandes activos socialistas. Y ahora son las investigaciones judiciales y las operaciones policiales las que agitan la carrera hacia las urnas. La justicia suele apañárselas para evitar que las causas con mayor impacto político interfieran en época electoral. No está establecido en ninguna ley. Ni, por supuesto, hay jurisprudencia al respecto. Solo se trata de una norma no escrita que empuja a jueces y fiscales a poner en pausa aquellos procedimientos especialmente sensibles para los partidos. Un pacto tácito que, en ocasiones, aparece reflejado en algunas resoluciones. "El aplazamiento realiza un fin legítimo, cual es la evitación de toda interferencia o aprovechamiento del mismo durante el desarrollo de la campaña electoral", resaltaba el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) cuando retrasó el inicio del juicio por la arquitectura del 1-O tras la convocatoria de las últimas elecciones catalanas.No todos se guían por esta norma no escrita. A la magistrada Mercedes Alaya se la acusó una y otra vez de marcar con sus decisiones en el caso ERE los periodos electorales en Andalucía. Muy criticada fue también en su día la decisión del exmagistrado de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón de levantar la imputación de Cristina Cifuentes en Púnica en plena campaña para las madrileñas de 2021. Y también la del exjuez Juan Carlos Peinado de citar como investigada a la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, a menos de una semana de los comicios al Parlamento Europeo de 2024. "Este instructor no conoce precepto alguno [...] que impida continuar el impulso de cualquier instrucción en curso", respondió este último.La Fiscalía Europea ha iniciado este viernes una investigación por un presunto fraude de fondos comunitarios destinados a la renovación y mejora de la seguridad, la señalización y los sistemas de comunicaciones en la línea de tren de alta velocidad que conecta Madrid con Sevilla. Lo ha hecho a iniciativa propia tras el accidente ferroviario de Urda. No son las únicas pesquisas abiertas sobre esa línea de alta velocidad. El organismo ya puso en marcha el pasado mes de marzo, dos meses después de la tragedia en Adamuz (Córdoba), otras por un presunto fraude con el dinero europeo destinado al mantenimiento de un tramo de vía férrea de la misma línea de alta velocidad situado cerca del lugar del siniestro. Ambas discurren en paralelo a las abiertas en los juzgados.En el marco de esta última investigación, agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se han personado en la sede del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), en la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF) y en el Tribunal de Cuentas. El órgano fiscalizador aprobó el pasado mes de diciembre, precisamente, un informe sobre los procedimientos de gestión y control implantados por la entidad pública adscrita al Ministerio de Transportes para ejecutar el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, la estrategia del Gobierno para gestionar los fondos europeos Next Generation. En el mismo, se desvelaba la existencia de dos investigaciones internas por una supuesta "alteración irregular de puntuaciones" para "favorecer a un determinado licitador".La unidad de élite de la Guardia Civil ya estuvo el jueves haciendo requerimientos de información en ADIF sobre presuntos contratos amañados de obra pública. En este caso, en el marco de una pieza declarada secreta del llamado caso Koldo que se abrió hace unos días tras la recepción de un informe de la Unidad Central Operativa. Más allá de la empresa pública, los investigadores también se personaron en la sede de Azvi, constructora que fichó a Koldo García tras su salida del Ministerio de Transportes y a la que el empresario condenado Víctor de Aldama ha acusado de pagar comisiones a cambio de adjudicaciones de obra pública.En esta nueva operación, en la que se investigan delitos de blanqueo de capitales o tráfico de influencias, fueron detenidas seis personas, que fueron posteriormente puestas en libertad. Entre ellas, el empresario vinculado al PSOE Cristian Corvillo y Andrea de la Torre, pareja del exministro de Transportes José Luis Ábalos. Esta última fue arrestada durante el registro que los agentes llevaron a cabo en la casa del también ex secretario de Organización socialista, un inmueble que ya fue peinado hace poco más de un año. Los investigadores tratan de desentrañar cómo se canalizaron y lavaron las supuestas comisiones. Y, en este sentido, han puesto la lupa, entre otras cosas, en un loft que tiene en propiedad De la Torre en un barrio de Madrid.El PP, tras conocerse la operación, se lanzó a por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez: "Solo queda él, el número uno". El dirigente socialista, sin embargo, respondió que no había "nada nuevo" y que ninguno de los detenidos tenía "nada que ver" con él, pese a que Corvillo colgó en sus redes sociales hace años alguna foto con el líder del Ejecutivo. Y contratacó también con el caso Koldo, al que le acaba de salir una derivada que apunta hacia la formación conservadora. El otrora todopoderoso exasesor de Ábalos ha acusado desde la cárcel al PP de haberle ofrecido un millón de euros si declaraba contra el Gobierno, un pago que iba a canalizarse, siempre según su relato, a través de OkDiario.García, por el momento, no ha aportado ninguna prueba. Lo único acreditado documentalmente es que Dos Mil Palabras SL, la editora del digital, abonó 242.000 euros entre noviembre de 2025 y enero de 2026 a IDBO Consultants, el despacho para que el que trabaja Leticia de la Hoz. En el marco del llamado caso Leire, en el que se encuentra investigada, la última abogada del exasesor ha aportado facturas con el siguiente concepto: "Honorarios, aranceles y gastos por asesoramiento jurídico y procedimientos del señor D. Koldo García". OkDiario asegura que el pago responde a la adquisición en exclusiva de los derechos de imagen y explotación de García para proyectos periodísticos y audiovisuales.El llamado caso Leire, en el que se investiga una supuesta trama con cargo a los fondos socialistas para "desestabilizar de forma sistemática y continuada cualquier procedimiento judicial y actuación policial" que pudiera afectar al PSOE o al Gobierno, es una de las múltiples minas judiciales que se encuentran activas. La convocatoria electoral no ha frenado el avance de la causa, en la que el instructor ha rechazado por el momento imputar a la formación conservadora. El magistrado Santiago Pedraz acaba de citar como testigo a Cintia Rocho, la presunta jefa de un clan de Badajoz, para que declare sobre un supuesto plan para eliminar a la jueza Beatriz Biedma, quien investigó al hermano del presidente del Gobierno. La comparecencia se ha fijado para el 24 de noviembre, a cinco días de las elecciones.También está por ver qué rumbo toma en la Audiencia Nacional la investigación sobre los pagos en metálico dentro del PSOE, una pieza separada dentro del caso Koldo que sigue bajo secreto de sumario. O la investigación sobre la entrada masiva de migrantes en Ceuta. No son los únicos frentes de gran impacto político. También está el caso Plus Ultra, en el que se investiga el rescate millonario que el Gobierno concedió a la aerolínea a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Se trata del procedimiento en el que se encuentra investigado el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, a quien el instructor acaba de rechazar imputarle –como pedía la Fiscalía Anticorrupción– un delito de malversación por las joyas encontradas en su despacho.En plena campaña electoral está previsto que comparezcan como testigos el ex director de Participadas de la SEPI José Ángel Partearroyo y el ex director financiero de Plus Ultra Félix Martín. Y no son las únicas declaraciones marcadas en rojo en el calendario electoral. El juzgado que investiga el rescate concedido a otra aerolínea, en este caso Air Europa, ha decidido meter también en campaña una decena de testificales al más alto nivel. La semana de los comicios deberán acudir a Plaza de Castilla desde la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, a tres ex secretarios generales o el jefe de la Oficina Económica de Moncloa, Manuel de la Rocha.Más allá de investigaciones judiciales, la Audiencia Nacional tiene pendiente de dictar la sentencia de Kitchen, relativa a la supuesta operación parapolicial para hacerse con información comprometedora que el extesorero del PP Luis Bárcenas pudiera tener para la formación conservadora. O la del último juicio de la Gürtel, que se centraba en la parte del blanqueo de capitales. Habrá que ver si se dan a conocer en las próximas semanas o si se guardan en un cajón hasta después de las generales. Del mismo modo, el Supremo acumula sobre la mesa recursos contra sentencias de Púnica, Erial, Gürtel o la condena al exministro de Economía Rodrigo Rato. Un Alto Tribunal que tiende, como tantos otros, a dar un frenazo a las causas más políticas en periodo electoral.