El Ministerio de Juventud e Infancia va a pedir a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) que suspenda cautelarmente TikTok en España. Lo ha anunciado este martes la ministra Sira Rego, después de reunirse con representantes de la red social. La solicitud se basará en el artículo 66.1 del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), que permite adoptar medidas provisionales inmediatas cuando existe una “necesidad urgente” de proteger los derechos de los afectados."Pueden estar seguros de que si esto dependiera de nosotros, TikTok estaría suspendido desde ayer", ha asegurado Rego, quien ha defendido que ningún modelo de negocio puede situarse por encima de los derechos de la infancia y la adolescencia. La ministra ha calificado los hechos de una "gravedad extraordinaria".La ministra solicitó una reunión de urgencia con TikTok después de que Maldita.es publicara este lunes 9 de noviembre la investigación sobre cómo actúan los pederastas en la plataforma, a la vista de todos y sin apenas control por parte de la red social. También se reunió con los autores de la información. Tras estos encuentros, Rego ha decidido poner en marcha el mecanismo para el cierre cautelar de TikTok.Rego ha comparado la situación con lo que ocurriría si estos hechos se produjeran en un establecimiento físico. "Si esto mismo estuviera sucediendo en cualquier espacio físico, sería casi de sentido común que el local, la actividad, el espacio quedara automáticamente de manera cautelar clausurado", ha señalado.La decisión responde a la investigación con la que Maldita.es registró en 35 días, entre el 11 de septiembre y el 15 de octubre, 12.068 comentarios en español en los que 7.725 perfiles presumían de tener material de abuso sexual infantil, lo pedían, lo intercambiaban o anunciaban dónde comprarlo. Lo hacían en abierto. Al menos 55 de esos comentarios aseguraban tener material propio, y varios autores afirmaban que las víctimas eran sus hijos, hermanos o sobrinos.La investigación localizó además 1.183 vídeos e imágenes explícitos de abuso publicados en abierto, con 48 millones de visualizaciones en total. Maldita.es denunció 50 de ellos a través de los canales de moderación de TikTok, y la plataforma solo retiró el 10%. A 15 de octubre, el 59% de las cuentas analizadas seguía activa, pese a que las normas de TikTok prevén su expulsión permanente. El trabajo también documenta que la red social recomendó en su portada de directos la emisión de una niña de 10 años en España.El lunes, Infancia remitió un escrito a la Fiscalía General del Estado. Le pedía que valorara “todas las medidas necesarias”, incluida “si se considera procedente” la interrupción de los servicios de la plataforma. El Ministerio sostiene que los hechos “podrían constituir graves vulneraciones de los derechos de la infancia” y cuestiona “el papel de sus algoritmos de recomendación”. Maldita.es señala, además, que fue el algoritmo el que condujo a su equipo hasta estos contenidos.El artículo 66.1 es un mecanismo excepcional. Permite a la autoridad de protección de datos de un país actuar sin esperar a la que lidera la supervisión de la empresa. En el caso de TikTok, esa autoridad es la irlandesa, porque el establecimiento principal de la compañía en la UE está en Dublín. Las imágenes de menores identificables son datos personales, y su difusión sin base legal vulnera el reglamento.Rego ha explicado que el Ministerio ha recurrido a este mecanismo excepcional para solicitar a la AEPD que paralice la actividad de TikTok en España, al considerar que existe una situación de urgencia que exige intervenir para proteger los derechos y las libertades de los menores.La decisión no corresponde al Gobierno sino a la AEPD, que es una autoridad independiente y deberá valorar si concurren las “circunstancias excepcionales” que exige la norma. El reglamento tampoco habla de “cierre”: lo que permite es prohibir temporalmente el tratamiento de datos, lo que en la práctica impediría a TikTok operar en España. La medida solo tendría efectos en territorio español, duraría como máximo tres meses y debería comunicarse al Comité Europeo de Protección de Datos y a la Comisión Europea. Para prolongarla haría falta una decisión urgente del Comité.