Las elecciones generales sacudieron el panorama informativo el 5 de octubre, el día en el que Pedro Sánchez anunció la disolución de las Cortes. Desde entonces y hasta el día de los comicios, el próximo 29 de noviembre , la atención de los españoles está puesta en el resultado de las votaciones. Son varios los temas que preocupan a la población, como la crisis migratoria, el futuro de las pensiones o la corrupción de los altos cargos públicos, por nombrar algunos. Entre todos ellos, la vivienda se erige como la gran bandera de la campaña electoral La situación del mercado del alquiler es, precisamente, lo que llevó al socialista a adelantar estas elecciones, que de forma natural se hubieran producido en el verano de 2027, cuando se cumplen 4 años de legislatura. El Gobierno ha soportado en los últimos meses la viralización del desahucio de Maricarmen , la inquilina madrileña de 87 años; las manifestaciones y acampadas en contra de la legislación vigente en materia de alquileres y la aprobación de los decretos relacionados con el caso de la anciana. Estas llamadas de atención sobre la situación de la vivienda en España se ven empañadas por la campaña electoral, que naturalmente divide el foco entre este y otros asuntos de interés general. Casos como el de Esperanza pierden visibilidad pública en favor de las anécdotas de los candidatos durante estas semanas antes del 29N. Esperanza, como Maricarmen, es una madrileña de avanzada edad, soltera —separada— y que está sufriendo por la inestabilidad del mercado del alquiler. Esa es su única similitud. A partir de ahí, sus casos son totalmente distintos: en vez de ser la desahuciada, es la arrendataria que no consigue deshacerse de la inquiokupa. Nuestra protagonista de hoy tiene 78 años y un piso que heredó de sus padres. Esa propiedad es su única fuente de ingresos , ya que en su juventud fue ama de casa y, por ello, no percibe una pensión de jubilación que le ayude a mantenerse. Desde hace años la alquila por 900 euros al mes de los que dependen su cesta de la compra, sus facturas y otros gastos extraordinarios. Este dinero lleva casi dos años sin entrar en su cuenta porque su inquilina actual se niega a pagarle . En 2024 comenzaron a producirse retrasos en los pagos y desde febrero de 2025 el alquiler dejó de abonarse por completo. La familia de la propietaria ha informado de que la inquilina es una mujer dominicana de 40 años . Añade que comenzó a vivir en el piso en 2021 con su pareja, la madre de su pareja y los tres hijos de la inquilina. Posteriormente, se quedó ella con sus tres hijos. La inquiokupa se niega a pagar los 900 euros mensuales y, además, se niega a abandonar la vivienda. Los retrasos acumulados rondan los 20.000 euros . Sin dinero y con su propiedad okupada, Esperanza acudió a la telvisión para visibilizar su situación. Fue entrevistada en 'TardeAR', donde denunció que la inquilina ni le pagaba ni abandonaba el piso. «Me debe 20.000 euros y me ha dicho que está protegida y no se irá », afirmó en el programa de Ana Rosa Quintana . A esta cantidad hay que sumar los gastos que la propietaria continúa asumiendo mensualmente: comunidad de propietarios, seguro, impuestos y consumo de agua, que suponen aproximadamente 200 euros al mes, según calcula The Objective . No puede permitirse mantener durante años una situación como esta . Además, ha tenido que afrontar los gastos de abogado para defender sus intereses, mientras que la parte arrendataria cuenta con asistencia jurídica gratuita. Su hija Sandra medió en este conflicto y ofreció a la inquilina una ayuda para que se marchara, pero esta no aceptó la solución: «Entonces mi hija le dijo: ' te doy un dinero para que busques una casa, una ayuda para la entrada y todo', y dijo 'no me busque nada porque no me voy a ir'». Esperanza explicó que esta situación afectaba su calidad de vida y también la de los vecinos: «Y eso me servía pues como una jubilación, que no tengo. Me quita el sueño, porque es que es una impotencia, que además te dice que no se va y no se va, y no puedo hacer nada. Yo creo que la apoyan, porque es que ha venido la Policía por la noche, que ha armado broncas, ha venido el asistente social por los hijos, y no, no se va». Sandra contactó con el diario The Objective para aportar más datos sobre el caso. Primero llamó a la responsabilidad por la salud de Esperanza. «Cuando se habla de vulnerabilidad, también hay que mirar al pequeño propietario que depende económicamente de los ingresos de una vivienda alquilada», argumentó Sandra. «El problema, además, le está generando también un importante desgaste emocional y psicológico, agravado por su edad y por la incertidumbre sobre cuándo podrá recuperar su vivienda. La vivienda se ha usado y seguramente se esté usando para el alquiler de habitaciones a terceros », declaró. La familia inició acciones legales contra la inquilina para recuperar la vivienda y reclamar las cantidades adeudadas, pero hasta el momento no ha recibido una solución oficial. El caso se encuentra pendiente de resolución. El juicio estaba señalado para el 15 de julio de este año, pero el abogado designado para la inquiokupa desistió a finales de junio, por lo que el procedimiento quedó paralizado a la espera de que el Colegio de Abogados de Madrid se pronuncie. Sandra reclama una mayor agilidad de la burocracia por la vulnerabilidad de su madre: «Estamos a finales de septiembre y continúo esperando una resolución que permita reanudar el procedimiento».