El socialista Rafael Pineda , quien fuera alto cargo de la Delegación del Gobierno en Andalucía con Pedro Fernández, actualmente se encuentra investigado por la «sospechosa» operación comercial de la compraventa de la parcela de Emvisesa en el Higuerón, por la que junto a otros implicados como su mujer, presuntamente, obtuvieron un beneficio de más de dos millones. La juez del caso, en el auto de puesta en libertad provisional del también exconcejal del PSOE en el Ayuntamiento de la capital en febrero de este año, le impuso como medidas cautelares la prohibición de disponer de sus bienes inmuebles y muebles, así como el bloqueo y embargo de los saldos de las cuentas bancarias. Ahora, el letrado del principal investigado ha presentado un escrito ante la juez de la plaza número diez de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Sevilla para que acuerde el desbloqueo de las cuentas bancarias de Pineda para poder pagar el máster que está estudiando con el que poder ejercer como abogado y trabajar. Pineda, según traslada su defensa a la magistrada, «carece de toda disponibilidad material sobre los fondos existentes en sus cuentas, encontrándose imposibilitado para atender gastos personales de carácter necesario e inaplazable». Esta causa, como desveló este periódico, tiene su origen en el pelotazo urbanístico con una parcela de Emvisesa en el Higuerón que presuntamente llevó a cabo una sociedad de la mujer de Pineda. Inicialmente, accedió a la explotación de estos suelos a través de un procedimiento de arrendamiento público en el verano de 2016 (con el socialista Juan Espadas como alcalde). Ocho años después, Higuerón Real Estate, la citada sociedad, la adquirió por 1,7 millones de euros. Fue la única que pujó en ambos proceso públicos. Cinco meses más tarde la vendió por 3,9 millones de euros, obteniendo un beneficio de 2,2 millones a repartir, según la Guardia Civil, entre el matrimonio, sus dos socios y un empleado de la empresa municipal de vivienda, ahora despedido. El pasado mes de febrero, tras la detención por parte de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, la juez dejó en libertad a Pineda; su mujer, Olga Pérez; el exjefe de Terciarios de Emvisesa y dos personas más que serían socios de los dos primeros. La juez, indiciariamente, le atribuye hechos que podrían ser constitutivos de delitos de tráfico de influencias , cohecho, prevaricación, uso de información privilegiada y corrupción entre particulares. Tras diez meses con las cuentas bloqueadas, el exdirigente socialista y licenciado en Derecho expone a la juez, a través del escrito de su defensa, que en octubre del pasado año formalizó la matrícula del máster universitario a distancia para el ejercicio de la abogacía y la procura, cuyo segundo curso comenzó el pasado mes de septiembre. Esta titulación, según la normativa nacional, es requisito indispensable para ejercer la profesión de abogado. Esto es, la matrícula se formalizó cuatro meses antes del auto de embargo y bloqueo de las cuentas, por tanto si Pineda « hoy no puede pagar no es por una conducta suya, sino únicamente por efecto de la medida cautelar en esta causa». El pago pendiente es de algo más de tres mil euros y tenía que haber sido abonado el pasado mes de septiembre. El abogado solicita a la juez el desbloqueo de dicha cantidad que «no será destinada a operaciones de disposición patrimonial, transmisiones de activos ni pagos a familiares o terceros vinculados, sino exclusivamente al abono de la matrícula» a una institución académica ajena al procedimiento judicial. « No se trata de un gasto suntuario ni prescindible», sino que es el que «permite a Pineda completar su formación y acceder a una profesión con la que ganarse la vida, porque en la actualidad no tiene medios de vida, más allá de cobrar el subsidio por desempleo». En este sentido, propone que el pago se haga por transferencia directa de la cuenta a la universidad para evitar cualquier disposición intermedia del propio investigado. Si no abona la matrícula, perdería el curso entero y «la ocasión de terminar la única titulación que habilita para la profesión a la que aspira», lo que, a juicio del abogado, sería un «un daño irreversible». Además, añade que esta cantidad no compromete el posible pago de las eventuales responsabilidades civiles en caso de condena a Pineda. Por último, el letrado manifiesta que la medida cautelar «es una medida de aseguramiento, no una sanción, y no puede convertirse en una pena anticipada que paralice por completo la vida de quien la soporta», apostillando que «no existe derecho a privar a una persona de tener una vida, ni de encauzarla atendiendo a sus gastos necesarios». Pineda dejó en el verano de 2025 la jefatura del gabinete de la Delegación del Gobierno en Andalucía, a la que accedió de la mano de Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, candidato por Sevilla del PSOE al Congreso y vicepresidente primero de la Cámara. Escasas semanas después la UCO registró por primera vez las oficinas de Emvisesa buscando documentación sobre la parcela del Higuerón y saltaba el caso Pineda, cuyo origen estuvo en unas escuchas del Instituto Armado en el marco de una investigación por blanqueo de capitales vinculados al narcotráfico en las que aparecía el nombre del «delegado del Gobierno», en referencia, como se confirmó después, a Pineda.