Proyectos de energía e infraestructura registran retrasos. Foto: CanvaSi hay un tema que sigue encabezando la agenda económica en Colombia, ese sin duda es la recuperación de la inversión. Actualmente, la tasa de inversión fija representa cerca de un 16 % del Producto Interno Bruto (PIB), su nivel mínimo en 60 años. Esta caída, sumada a la incertidumbre, ha empezado a pasar factura en el desarrollo de proyectos de infraestructura y energía claves para el país.Ahí es donde entran a la conversación las consultas previas y las licencias ambientales. Aunque ambos procesos hacen parte de los requisitos para el desarrollo de determinadas iniciativas, sus tiempos de trámite, las dificultades de coordinación y la falta de reglas claras plantean retos para su ejecución. Cae la inversión, aumentan las consultasUn estudio reciente presentado por Corficolombiana en su foro de sostenibilidad ‘Luz Verde: acuerdos para el desarrollo’ señala que, mientras la inversión disminuye, los proyectos que requieren consulta previa han aumentado. Para hacerse una idea, los datos muestran que hoy hay cerca de 283 nuevos proyectos con consulta previa, más del doble de los que había hace una década.Según explicó César Pabón, director de Investigaciones Económicas de Corficolombiana, otra manera de dimensionarlo es que por cada billón de pesos invertido, existen seis proyectos bajo este proceso. Ese paralelismo también se ve reflejado en los tiempos. De las cerca de 2.197 consultas previas activas, el 64 % lleva más de tres años en trámite y un 42 % no ha logrado salir de la etapa inicial. “Esto demuestra que no estamos hablando únicamente de una mayor concentración o intensidad de las consultas previas. También estamos frente a procesos que toman mucho tiempo y generan costos”, explicó Pabón. Así mismo, el reporte de Corficolombiana evidencia una mayor concentración de consultas previas en regiones con altos niveles de necesidades básicas insatisfechas. Esto sugiere que estos procesos no necesariamente estarían respondiendo a una mayor cantidad de proyectos de inversión, sino que, en algunos casos, se estarían convirtiendo en un mecanismo para solicitar soluciones a necesidades que no están siendo atendidas por el Estado.Pero el problema no se limita a esa ausencia de atención, sino también a la falta de un marco regulatorio claro. “Colombia hace parte del Convenio 169 de la OIT, que establece el marco de la consulta previa. Sin embargo, casi 30 años después, el país todavía no cuenta con una ley de consulta previa. No somos el único país en esta situación, pero sí estamos entre aquellos que no tienen una ley que establezca reglas claras y acuerdos sobre cómo deben desarrollarse estos procesos”, añadió el experto.Destacado: Reglas claras y acuerdos: el reto de Colombia para impulsar la inversión sostenible ¿Y las licencias ambientales?En contraste con este comportamiento, los datos muestran que, en la medida en que ha caído la inversión, también se han reducido las licencias ambientales. De hecho, hoy en día se expiden en promedio cerca de 130 licencias ambientales al año, menos de la mitad de las que se tramitaban en 2014.No obstante, el trámite se ha vuelto más ineficiente. Las cifras muestran que el tiempo de trámite ante la ANLA y las CAR se ha extendido a un promedio de 180 a 188 días hábiles, más del doble del plazo legal de 90 días.De acuerdo con Pabón, lo anterior se relaciona con que, si bien existe un marco normativo y una entidad encargada de llevar a cabo estos procesos, hay fallas importantes relacionadas con la multiplicidad de etapas y exigencias.