El abuso de los Consejos de Ministros en campaña electoral –dos por semana– es un escándalo sin matices que lleva la indecencia política del Gobierno a su cima. Desde la disolución de las Cámaras, Pedro Sánchez se ha embarcado en una política de viejo caciquismo, comprando voluntades con dinero público, financiando ayudas para paliar problemas a los que ha dedicado su absoluta indiferencia en esta legislatura, incluso a los que ha aumentado su gravedad al ser incapaz de aprobar una sola ley de Presupuestos Generales del Estado. Súbitamente, todo lo que no ha hecho en este mandato, dramático para la democracia y el Estado de derecho, se convierte en asuntos de extraordinaria y urgente necesidad que justifican un real decreto ley. El perímetro de la indecencia se cierra con el uso fraudulento de la Diputación Permanente , como versión con mayoría adulterada de la que Sánchez carecía en el Pleno del Congreso de los Diputados. Pero lo cierto el coste de esta estrategia caciquil supera ya los 20.000 millones de euros. Desde que Pedro Sánchez accedió a la presidencia del Gobierno en 2018, la vida de los españoles se ha hecho mucho más complicada, con el incremento brutal de precios en productos básico de alimentación, como la carne (41 por ciento), el pescado fresco (50 por ciento), la fruta (63 por ciento) y los huevos. En estos ochos de gobierno sanchista, la inflación acumulada es del 27 por ciento y el alquiler medio de vivienda ha aumentado el 43 por ciento, arrebatando gran parte de la renta disponible de las familias. La pobreza infantil en España alcanza el 33,9 por ciento de niños y adolescentes, cuando la media europea el del 24,3 por ciento. Frente a estas cifras, Sánchez ha opuesto un argumento típico de aquellos que la izquierda repudia: la macroeconomía va como «un cohete», pero un cohete que ha dejado atrás a los más necesitados. Pese a la seguridad que transmite Sánchez con un «remontada», estos Consejos de Ministros manipuladores y manirrotos solo demuestran un alto grado de miedo a que la gestión de estos últimos tres años no le sirva siquiera para evitar su caída en desgracia dentro de su propio partido. Los partidos a la izquierda del PSOE se están dejando canibalizar abúlicamente por los socialistas, sin enterarse de que la mínima posibilidad que busca Sánchez solo depende de dejar su izquierda arrasada. Que no lo duden en el Frente Amplio ni en Podemos: estos Consejos de Ministros sociales están financiando su marginación parlamentaria. Ahora bien, no hay que quedarse en la inmoralidad política de aprovecharse de la gente olvidada por una política solo de partido y para beneficio de Sánchez. Las arengas partidistas sobre logros políticos financiadas con dinero público, como las ruedas de prensa de los Consejos de Ministros «sociales», están prohibidas por el artículo 50 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. La Junta Electoral Central debe actuar de oficio, porque cuenta incluso con jurisprudencia del Tribunal Supremo que ha declarado que «pretender que la rueda de prensa celebrada en el Palacio de la Moncloa tras el Consejo de Ministros no es un acto organizado o financiado por los poderes públicos roza lo temerario». Ya saben la Junta Central y los partidos de la oposición lo que la ley prevé para atajar estos abusos.