La condición de Junts y Esquerra Republicana de Catalunya para que Pedro Sánchez repitiera como presidente del Gobierno tras las elecciones generales de 2023 fue la elaboración de una ley de amnistía pensada para los dirigentes independentistas condenados y procesados por el procés. Y especialmente para permitir la vuelta a España de Carles Puigdemont, huido a Bélgica tras la fallida declaración de independencia de hace nueve años. Tras la negativa del instructor de la causa contra él, Pablo Llarena, y de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo a aplicarle esa medida de gracia en gran parte diseñada para él, el Tribunal Constitucional (TC) tiene previsto aprobar en el Pleno de esta semana la doctrina constitucional que permitirá amnistiar finalmente el delito de malversación de caudales públicos por el que está procesado, permitiendo su vuelta a España y, eventualmente, su rehabilitación como político.El azar ha querido que esa resolución –que en teoría debería suponer de manera inmediata el levantamiento por el Supremo de la orden de busca y captura vigente contra él– vaya a coincidir de manera extraña con el momento de mayor conflictividad entre los independentistas catalanes de derechas y el Gobierno de Sánchez. La rehabilitación de Puigdemont ha sido el gran objetivo de su formación desde el inicio de la legislatura y se conseguirá, previsiblemente, tras el enorme desgaste que ha causado al líder del PSOE la aprobación de la ley que se redactó con –entre otros– ese objetivo primordial y que ha provocado un choque sin precedentes entre el Ejecutivo y el Poder Judicial. El expresident podrá volver a pisar el país gracias al esfuerzo y las concesiones de un Gobierno cuya caída, sin embargo, provocó el pasado viernes con el rechazo de su grupo a los dos decretos antidesahucios redactados (con sus aportaciones) tras el lanzamiento de Maricarmen y el estallido social de las acampadas.Lo que el Constitucional tiene previsto deliberar esta semana es el borrador de sentencia estimatoria redactado por su presidente sobre el recurso de amparo de la exconsejera de Trabajo Dolors Bassa. Sin embargo, los argumentos de la resolución serán los mismos para el resto de condenados y procesados por malversación que han recurrido al órgano de garantías por la controvertida negativa del Supremo de aplicarles la amnistía. El texto redactado por Conde-Pumpido desmonta la pirueta diseñada por el Supremo de que los condenados y procesados se habrían enriquecido al organizar el referéndum y la declaración de independencia, y que ese desvío del dinero público habría afectado a los intereses financieros de la UE porque, de triunfar la secesión, la aportación de España a la Unión se habría reducido considerablemente. El proyecto de sentencia considera que esas construcciones del Alto Tribunal son "irracionales" y "carentes de sentido lógico" porque no atienden ni al espíritu de la propia ley de amnistía ni a la intención del legislador al aprobarla.La amnistía ha sido, durante los últimos tres años, el caballo de batalla del PP y Vox contra el Gobierno. La derecha judicial, muy mayoritaria en los tribunales españoles, se posicionó contra la ley desde antes de que se aprobara, con manifestaciones sin precedentes a las puertas de los juzgados con la toga puesta. Tras su aprobación, no solo fue impugnada por el PP y varios de los parlamentos regionales que domina. También por el propio Tribunal Supremo, el Tribunal Superior de Cataluña o la Audiencia Nacional, que impulsaron cuestiones de inconstitucionalidad y procedimientos prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la UE. Al final, el Constitucional y Luxemburgo han amparado la constitucionalidad de la norma y su encaje en el derecho europeo, en contra de lo que planteaban los órganos judiciales españoles. El activismo judicial contra una norma constitucional y aprobada según el proceso establecido, ha derivado en algunas interpretaciones estrambóticas que han afectado a la propia credibilidad de los tribunales que las idearon.La jugada del partido de Puigdemont que ha provocado la caída del Gobierno a escasas horas de conseguir la amnistía que ha perseguido toda la legislatura puede salirle mal. Los independentistas de derechas pasaron en pocas horas de dejar la puerta abierta a aprobar los decretos de vivienda a tumbarlos cediendo a la presión de las organizaciones empresariales catalanas. Mientras, su situación en los sondeos no deja de caer. En el último, realizado por Ipsos para La Vanguardia y publicado este domingo, los herederos de la hegemónica Convergència i Unió aparecen en quinta posición en Cataluña, por detrás de PSC, Aliança Catalana, ERC y Vox. Los 35 escaños con los que cuenta ahora en el Parlament se quedarían en 16, pasando a la práctica irrelevancia y solo por delante del PP, los Comuns y la CUP. Gran parte de lo que fueron sus votantes parecen preferir ahora a los ultras independentistas de Sílvia Orriols, los segundos tras los socialistas, pero con idéntico número de escaños. La encuesta se hizo antes del dubitativo "no" de Junts a los decretos que ha terminado por llevar a Sánchez a disolver las Cortes y convocar elecciones.Las encuestas tampoco pintan un panorama fácil para la izquierda. El bloque PP-Vox se mantiene en el 50% en intención de voto (en todo el Estado), según la elaborada por 40dB. para El País. En el caso de Junts, todavía se desconoce el impacto de la foto que se hizo el pasado viernes en el Congreso votando "no" a la moratoria de los desahucios junto al PP y Vox. El primero de esos partidos fue el que impulsó la aplicación del 155 de la Constitución en Cataluña tras la declaración de independencia y el que instó al entonces fiscal general del Estado, José Manuel Maza, a querellarse contra los líderes del procés y encarcelar a algunos de ellos. Vox, por su parte, fue la formación que ejerció en ese juicio la acusación popular y pidió las penas más altas para los miembros del Gobierno catalán y el Parlament procesados y juzgados. A esa imagen se suma que la vivienda está ahora en el centro del debate y, con toda probabilidad, será el tema de campaña. Un asunto transversal que seguro que también tendrá impacto en su electorado tradicional. Pero Junts parece asumir el riesgo. "No tenemos miedo a quemarnos para defender los intereses de las familias catalanas", dijo su portavoz, Miriam Nogueras, en un acto de la patronal Pimec.