Sin el apoyo de la sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid, la causa instruida por el exmagistrado Juan Carlos Peinado contra Begoña Gómez jamás habría conseguido sentar a la esposa del presidente del Gobierno ante un jurado popular. La presidenta de esa sección, María del Rosario Esteban Meilán, defiende su candidatura a las tres vacantes en la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. No es la primera vez que la magistrada opta –sin conseguirlo– a una plaza en el Alto Tribunal, pero esta vez, la aspirante viene de avalar e incluso orientar una causa llena de excesos alentada por Vox, los ultracatólicos de Hazte Oír o el pseudosindicato ultra Manos Limpias y aplaudida por el PP. La sección 23 no ha puesto pegas de calado a diligencias como los interrogatorios a Pedro Sánchez y al ministro de Justicia Félix Bolaños, el intento marciano de imputar a este último, la apreciación de riesgo de fuga de la pareja del jefe del Ejecutivo o incluso desobediencias del juez a sus propias resoluciones. La Fiscalía, que reclama, por ahora sin éxito, el archivo, considera que el instructor buscaba un objetivo extraprocesal: hacer daño mediante la pena de banquillo. Nada grave para Esteban Meilán y sus colaboradores, que han avalado el procesamiento.Además de acreditar los requisitos para acceder al Supremo, los candidatos a sus plazas deben redactar un sucinto currículum con su trayectoria judicial y académica (si la tuvieran). También deben aportar una serie de resoluciones redactadas por ellos que destaquen por su especial trascendencia técnica y con las que intentan demostrar que tienen la pericia, capacidad profesional y experiencia necesaria para formar parte de la más alta instancia judicial española, en este caso la correspondiente a la jurisdicción penal. Además de demostrar sus méritos sobre el papel, los aspirantes deben comparecer después ante los miembros de la comisión de calificación del Consejo General del Poder Judicial –la que se encarga de preseleccionar las ternas de candidatos de entre las que el Pleno del gobierno de los jueces debe seleccionar a uno–. Lo que hasta el anterior Consejo era una entrevista pública en la que los vocales preguntaban, ahora se ha convertido en una exposición de 10 minutos sin tener que responder una sola cuestión. En su breve reseña curricular, Esteban Meilán no ha incluido ninguna de las resoluciones de su sección frente a recursos contra la instrucción de Peinado en el caso Begoña Gómez. Pero, indirectamente, la candidata al Supremo –que ya lo intentó en 2018– hizo referencia a ella en su comparecencia ante los vocales (a partir del minuto 6.40). "La Sala Segunda [o de lo Penal] conoce cada vez con mayor frecuencia de asuntos de extraordinaria relevancia institucional, social y mediática", dijo durante su exposición. "A lo largo de mi trayectoria e intervenido en numerosos procesos de esta naturaleza y algunos han tenido una evidente dimensión política", añadió. "Cuando se analiza una trayectoria profesional amplia y no un procedimiento concreto, aparece un dato que considero especialmente significativo. He conocido procedimientos que afectaban a personas, instituciones o colectivos [...] tanto próximas a posiciones conservadoras como a posiciones progresistas", continuó. "Si se analiza objetivamente el conjunto de estos procedimientos, el resultado en sencillo: no puede apreciarse ninguna pauta ideológica en las decisiones adoptadas".Esa referencia a su neutralidad ante los procesos más políticos se entiende por el momento en que llega el proceso de selección para llegar a la cúspide de la judicatura. Esteban Meilán llega con su candidatura marcada por el último auto de su sección en el caso Begoña Gómez, que confirmó a grandes rasgos lo instruido por Peinado, aunque redujo la nómina de delitos a dos, tráfico de influencias y malversación, al no apreciar las otras dos infracciones que imputaba el polémico instructor: apropiación indebida y corrupción en los negocios. La magistrada y otros cuatro colegas consideraron "verosímil" que Gómez hubiera conseguido una cátedra en la Complutense por "el influjo desplegado desde su privilegiada posición de esposa del presidente del Gobierno". También que ese parentesco "puede comportar una presión moral eficiente a efectos de conformar el delito de tráfico de influencias", comparando su caso con el de Iñaki Urdangarin, el yerno del emérito. Al bendecir el procesamiento de la esposa de Sánchez, la sección 23 que preside Esteban Meilán aseguró que el beneficio obtenido por la creación de esa cátedra fue "prestigio personal o reputacional de su carrera académica con acceso a múltiples recursos y eventos". También señaló que "disparó sus ingresos [...] de forma exponencial", aunque reconoce que, como máximo, cobró 14.900 euros en un curso académico (unos 1.200 al mes). Hubo años en los que no llegó a los 800 euros. San Baldomero, el fiscal del caso, ha pedido el archivo en varias ocasiones entre otras razones porque sostiene que Begoña Gómez, como directora de la cátedra, ganó "cero euros". Ninguno de los autos de la sección 23 ha tenido, en los dos años largos que ha durado la instrucción, un solo voto particular discrepante. Ni de Esteban Meilán ni de ningún otro magistrado. La Fiscalía no ha parado de reclamar el archivo, pero el caso ha seguido adelante con el impulso de los ultracatólicos de Hazte Oír, Vox, Manos Limpias y Iustitia Europa.En esas condiciones no es extraño que Esteban Meilán tratara de reivindicar su imparcialidad, algo que debe suponerse a todos los jueces. Para acceder al cargo al que aspira necesita que al menos tres quintos de los vocales (13 de los 21, incluyendo a la presidenta, Isabel Perelló) le voten, por lo que la candidata no solo necesitaría los votos de los 10 vocales del sector conservador. También tendría que poder pescar alguno entre los progresistas. Es entre los consejeros de esta sensibilidad donde su reciente actividad en el caso Begoña Gómez tiene más visos de perjudicarla. La mayoría de los vocales a propuesta del PSOE y Sumar aprecian graves irregularidades en la instrucción de Peinado e incluso se han manifestado favorables a expedientarlo y, en su caso, sancionarlo por las faltas de respeto a Bolaños durante su interrogatorio como testigo, su manifiestamente injustificado intento de imputarlo ante el Supremo y la supuesta filtración de la providencia en la que acordó su toma de declaración como testigo, que fue publicada por El Mundo doce horas antes de que se notificara a las partes. La sección 23 de la Audiencia de Madrid no solo ha tenido esta actuación polémica en los últimos años. El 30 de septiembre de 2024, tres de sus magistrados –entre los que no estaba su presidenta, Esteban Meilán– plantearon una cuestión de inconstitucionalidad contra la ley de amnistía. Lo hicieron al revisar la sentencia a un condenado por unos desórdenes ocurridos en el centro de Madrid después de una manifestación en la capital de España contra la condena de los líderes independentistas catalanes. Enrique Berges, José Sierra y Jesús Gómez-Angulo (hermano del exsecretario de Estado para el Deporte con José María Aznar y exconcejal asesor de Ana Botella, Juan Antonio Gómez-Angulo), que también han participado en la deliberación de varios de los recursos del caso Begoña Gómez, cuestionaron la norma legal ante el tribunal de garantías sin que nadie se lo pidiera. La cuestión, que fue rechazada de plano por el Constitucional, fue la única planteada desde un tribunal territorial sin sede en Cataluña.