Miguel Gómez, ministro de Hacienda designado.Fotos: Cortesía e imagen generada con IAColombia podría lograr un alivio financiero sustancial en el costo de su endeudamiento externo si concreta un programa de financiamiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI). De acuerdo con un análisis del centro de estudios económicos ANIF.Según sus cálculos, el país lograría reducir hasta en 290 puntos básicos (pb) la tasa de interés frente a lo que eventualmente le cobrarían los mercados internacionales mediante emisiones tradicionales de bonos de deuda.Esto luego de que el Gobierno revelara que haría una solicitud formal al FMI para iniciar la evaluación técnica de la misión del Artículo IV, lo que constituyó el primer paso para explorar mecanismos de cooperación y financiamiento formal en Washington.Los cálculos de ANIF detallan que Colombia cuenta con una cuota asignada ante el FMI de 2.044,5 millones de Derechos Especiales de Giro (DEG), equivalentes a aproximadamente US$2.780 millones. Si el país eventualmente acudiera a la Línea de Precaución y Liquidez (LPL) por un monto inferior al 300 % de su cuota, la estructura de costos del organismo aplicaría la tasa básica no concesional.Esta tasa se compone del tipo de interés del DEG (3,1 %) sumado a un margen fijo de 60 pb, lo que resulta en una tasa de interés efectiva anual del 3,7 %.Al contrastar este costo con los títulos de deuda externa en dólares emitidos por Colombia en el mercado internacional —con plazos de reembolso equivalentes de entre 3,25 y 5 años—, la diferencia es drástica.El costo en el mercado privado es de cerca del 6,6 % efectivo anual por bonos con vencimientos similares, mientras que con el FMI (LPL) es del 3,7 % efectivo anual.Una coyuntura fiscal críticaANIF recordó que la ausencia de ajustes estructurales ha llevado la deuda neta del Gobierno Central al 56 % del PIB. En consecuencia, las proyecciones oficiales apuntan a que el país registrará los mayores déficits fiscales en lo que va del siglo XXI: un 7,2 % del PIB para este año (con todo y el ajuste propuesto) y un 9,4 % del PIB para el próximo año.Para cubrir estas brechas, el Plan Financiero actualizado requiere un volumen histórico de recursos, pues se proyectó una necesidad de $40,8 billones en desembolsos externos para 2026 y de $87,7 billones en 2027, mientras que en desembolsos internos harían falta $110,3 billones en 2026 y $150,8 billones en 2027.Dada la magnitud de las necesidades externas y el elevado costo de emitir deuda privada, recurrir al FMI se plantea como un complemento indispensable para diversificar las fuentes de capital.¿A qué instrumentos podría acceder Colombia?Tras la suspensión y posterior cancelación formal en octubre de 2025 de la Línea de Crédito Flexible (LCF) por 6.133,5 millones de DEG —al dejar de cumplir con los estrictos criterios de calificación previa—, y habiendo descartado otras líneas que no se ajustan a un desequilibrio acumulado, las alternativas probables se reducen a dos.Por un lado, está la Línea de Precaución y Liquidez (LPL), que exige un desempeño sólido en al menos tres de cinco áreas (posición externa, política fiscal, política monetaria, sector financiero y calidad de datos). Aunque Colombia destaca en los frentes monetario y financiero gracias al Banco de la República, la LPL exige que la deuda sea sostenible con alta probabilidad, por lo que el Gobierno tendría que anunciar medidas creíbles de ajuste fiscal antes de solicitarla.De no cumplir los requisitos ex ante de la LPL, el Acuerdo Stand-By (SBA) surge como la alternativa tradicional. No exige calificación previa, pero las metas de ajuste y reformas se negocian directamente dentro del programa mediante desembolsos por tramos y revisiones periódicas.ANIF recordó que el respaldo del FMI no es un terreno desconocido para el país ni para la región.Tras la recesión y el deterioro fiscal de finales de los noventa, la administración de Andrés Pastrana solicitó un Acuerdo Extendido por tres años por 1.957 millones de DEG (US$2.700 millones). El programa se estructuró en cuatro pilares: consolidación fiscal, reestructuración financiera, flexibilidad cambiaria y reformas estructurales. Colombia cumplió las metas, pero funcionó de manera precautoria: no realizó desembolsos ni contrajo deuda directa, logrando estabilizar la confianza.Luego, bajo el mandato de Álvaro Uribe, Colombia acudió a dos Acuerdos Stand-By (el primero en 2002 por 1.548 millones de DEG y el segundo por 405 millones de DEG vigente hasta 2006). Estos respaldaron reformas tributarias, congelamiento de gasto y reestructuración estatal, actuando como un sello de garantía ante los mercados internacionales para reducir los costos del crédito.El caso más reciente es el de Ecuador, que en mayo de 2024 firmó un acuerdo bajo el Servicio Ampliado del FMI (SAF) por 48 meses y 3.000 millones de DEG (US$4.000 millones), equivalente al 430 % de su cuota (acceso excepcional). A diferencia de la experiencia colombiana de 1999, Ecuador combina financiamiento efectivo directo para cubrir la brecha residual con una hoja de ruta estricta de consolidación fiscal para recuperar el acceso a los mercados privados.—