Agricultura, ganadería, caza, silvicultura, pesca y la explotación de minas y canteras mostraron una disminución interanual del 3,19 %.Imagen: Cortesía MinAgricultura. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en coordinación con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, presentó un proyecto de decreto que establece una tarifa arancelaria al 0 % para 76 subpartidas de insumos agropecuarios esenciales (texto disponible al final de este artículo).La iniciativa gubernamental incluye además la suspensión temporal del Sistema Andino de Franjas de Precios (SAFP) para las importaciones de materias primas destinadas a la alimentación animal, específicamente las clasificadas en la subpartida 2309.90.90.00.De publicarse el decreto, ambas disposiciones tendrían una vigencia temporal de 14 meses contados a partir del día siguiente a su publicación en el Diario Oficial mientras se evalúa su efectividad, comportamiento de importaciones y evolución de precios internos. Luego podrían quedar permanentes.Con este paquete regulatorio, el Ejecutivo busca amortiguar el impacto de la volatilidad de las cotizaciones internacionales de estos productos, tal como lo recomendó el Comité de Asuntos Aduaneros, Arancelarios y de Comercio Exterior (Comité Triple A).Además, el decreto le permitiría al Gobierno, según la justificación del articulado, fortalecer la seguridad alimentaria nacional y potenciar de manera significativa la competitividad y sostenibilidad de la agroindustria colombiana.Persistencia de altos precios y vulnerabilidad alimentariaLa memoria justificativa elaborada por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, fundamentada en las evaluaciones técnicas desarrolladas por varias dependencias del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, sustenta la conveniencia de la medida en diversos factores estructurales y de coyuntura internacional.El análisis concluye que, aunque los precios internacionales de los insumos agrícolas han registrado una moderación progresiva desde mediados de 2022, las cotizaciones permanecen sensiblemente por encima de sus promedios históricos. Factores geopolíticos como el conflicto en Ucrania y las secuelas en las cadenas globales de suministro originadas durante la pandemia de Covid-19 continúan generando distorsiones que encarecen la producción local y amenazan la seguridad alimentaria, en consonancia con la protección constitucional al campo.De hecho, durante la vigencia de la medida previa (entre el 9 de noviembre de 2025 y el 31 de julio de 2026), las importaciones de las 76 subpartidas beneficiadas alcanzaron 779,5 millones de kilogramos por un valor de US$931 millones CIF. Estas cifras representaron un incremento del 13,2 % en volumen y del 5 % en valor frente al periodo anterior, destacándose una fuerte concentración en fertilizantes minerales y químicos como el sulfato de amonio y los abonos combinados de nitrógeno, fósforo y potasio.Producción nacional e insuficiencia de abastecimientoAunque la Secretaría Técnica del Comité Triple A identificó registros de producción nacional en 14 de las 76 subpartidas evaluadas, el Ministerio de Agricultura enfatizó que la sola existencia de registro industrial no garantiza un abastecimiento interno suficiente. La cartera precisó que gran parte de la industria local realiza operaciones de formulación, mezcla o acondicionamiento que dependen de materias primas e ingredientes activos importados, por lo cual es indispensable mantener un flujo de importación libre de aranceles para no estrangular los costos de elaboración nacional.También advirtió que el diferimiento arancelario al 0 % establecido en 2025 no fue suficiente para reducir los costos de importación en la subpartida de alimentos para animales, pues debido a la arquitectura del Sistema Andino de Franjas de Precios, dicha mercancía continuó pagando derechos variables adicionales.Impacto fiscal estimadoDe acuerdo con el concepto emitido por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), la exención arancelaria para las 76 subpartidas representa un costo fiscal estimado en $29.192 millones si se aplica en lo que queda del año y de $164.098 millones en todo 2027, principalmente por cuenta de los aranceles directos.El borrador del decreto fue publicado para consulta pública por un término de cinco días calendario hasta mañana 18 de noviembre. Gremios de la agroindustria nacional, como la Asociación de Bananeros de Colombia (Augura), han convocado a sus afiliados y actores de la cadena de valor a revisar el texto normativo y remitir sus observaciones de manera urgente.Consulte aquí el proyecto de decreto—