Abrir las puertas a la privatización sin límites: el modelo de universidades que defienden PP y Vox

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“La filosofía que comparten PP y Vox es que cuantos más centros universitarios haya, más libertad existe. Entienden la educación como un mercado en el que los consumidores elegimos”, resume Enrique Javier Díez Gutiérrez, doctor en Ciencias de la Educación. Con esta idea llegarían ambos partidos al Gobierno si consiguen formarlo tras las elecciones del 29 de noviembre, lo que podría suponer una mala noticia para la educación pública.Los datos avalan la apuesta de estos partidos por la educación superior privada. De las 49 universidades privadas autorizadas actualmente en España, 29 han sido aprobadas por gobiernos autonómicos del PP, lo que supone el 59,2%. El caso más claro es la Comunidad de Madrid, que el PP lleva gobernando 31 años, donde hay actualmente 14 centros privados frente a los seis públicos.En Andalucía ha pasado algo parecido, ya que hasta 2023 solo contaba con una única universidad privada, pero tras la llegada de Juanma Moreno Bonilla a la presidencia, se han aprobado cuatro entre 2023 y 2024, que compiten con las diez públicas. Es una tendencia habitual, porque en Galicia el propio Feijóo fue quien dio paso a la primera universidad privada, y en Extremadura y Baleares se han aprobado los primeros centros de este tipo en los años 2025 y 2026, en ambos casos con el PP y Vox en el poder. “Lo que quieren instaurar es una España S. A., un gobierno empresarial que aplique esa misma lógica al mundo educativo”, denuncia Díez, que añade que “pretenden que las escuelas y las universidades funcionen como empresas, mientras el Estado actúa simplemente como regulador de las compañías que compiten en el mercado. Es como ir a un supermercado y elegir productos en función de cuál ofrece una ventaja competitiva para nuestros hijos”.Aunque son las propias comunidades las que deciden si una universidad privada es aprobada o no, incluso si hay una negativa de la Conferencia General de Política Universitaria, ya que sus decisiones no son vinculantes, el Gobierno central también desempeña un papel relevante y puede cambiar el panorama si PP y Vox llegan al Gobierno. “Lo que hemos visto hasta ahora es que, a pesar de todos los informes negativos de la Conferencia y de otras instancias públicas, se han aprobado universidades privadas que no contaban con valoraciones favorables. Ahora, si PP y Vox llegan al Gobierno, no es que simplemente se vayan a aprobar más universidades privadas, sino que les darán vía libre, una auténtica autopista”, resume Díez.El principal papel del Gobierno es determinar los requisitos mínimos que deben cumplir las universidades privadas, a los que las comunidades pueden añadir otros más exigentes. Por tanto, la normativa estatal es clave para facilitar o restringir la proliferación de centros privados.Los requisitos actuales están recogidos en el Real Decreto 640/2021 y exigen que una nueva universidad tenga al menos diez grados, seis másteres y dos doctorados, impartidos en un mínimo de tres ramas de conocimiento. La norma también obliga a destinar al menos el 5% del presupuesto a investigación, establece requisitos de cualificación del profesorado —con la exigencia de que al menos el 50% del profesorado de grado y máster tenga el título de doctor— y fija ratios de profesorado por estudiante, además de exigencias de instalaciones y medios materiales.Sin embargo, el Gobierno actual intentó endurecer estos requisitos con el Real Decreto 905/2025, una reforma que pretendía dificultar la apertura de nuevas universidades y reforzar los controles sobre su viabilidad académica y económica. Entre las principales novedades se encontraba la obligación de que los proyectos previeran alcanzar los 4.500 estudiantes matriculados en titulaciones oficiales en un plazo de seis años, una barrera que habría complicado especialmente la creación de centros pequeños o especializados. También se elevaba de dos a tres el número mínimo de doctorados que debían ofertar y se introducía la obligación de captar fondos externos para investigación y transferencia equivalentes al 2% del presupuesto anual.El cambio más relevante, no obstante, afectaba al procedimiento de autorización. La reforma contemplaba un informe previo vinculante de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (Aneca), organismo que depende del Ministerio de Universidades, o de la agencia autonómica competente, de manera que una evaluación desfavorable impediría continuar con el reconocimiento de la universidad y obligaría a esperar al menos dos años para volver a presentar la solicitud.Sin embargo, el Tribunal Supremo anuló este decreto al entender que no debería haberse aprobado recurriendo a la vía de urgencia. En respuesta, el Gobierno ha presentado un nuevo proyecto de real decreto que todavía se encuentra en trámite de audiencia pública, por lo que no se aprobaría hasta después de las elecciones. De esta manera, será el próximo Gobierno el que decida si sigue adelante o no con esta nueva normativa.Díez concluye con una frase que resume lo que está en juego en las próximas elecciones en lo que respecta al modelo universitario: “Hay que decidir si defendemos una educación concebida como un derecho universal, basada en la igualdad y la pluralidad, o si avanzamos hacia un sistema mercantilizado, competitivo y sometido a intereses empresariales e ideológicos”.