La derecha española apoya que el primer centro de deportación de migrantes fuera de las fronteras de la Unión Europea esté en Ruanda. El Partido Popular y Vox han encontrado en la propuesta de cinco países comunitarios un nuevo punto de encuentro en su política migratoria. La formación de Alberto Núñez Feijóo respalda la deriva restrictiva de la UE sobre migración, mientras que los de Santiago Abascal reclaman ir todavía más lejos y extender estas deportaciones a quienes entren irregularmente, sin distinciones. Estos centros de deportación, denominados “centros de retorno” por los Gobiernos de Alemania, Austria, Dinamarca, Grecia y Países Bajos, buscan mostrar mano dura con la migración. Los cinco gobiernos pretenden establecer en Ruanda un centro al que enviar a personas sobre las que pese una decisión ejecutable de retorno. Las primeras expulsiones podrían producirse en 2027, aunque todavía quedan por negociar las condiciones concretas del proyecto. El acuerdo con el país africano no es un proyecto de todos los países comunitarios, pero cuenta con el visto bueno de Bruselas.Frente a ellos se sitúan el Gobierno francés y también el español, con Pedro Sánchez a la cabeza, que asegura no verle "ni futuro ni humanidad" a este proyecto. Tampoco lo avalan organizaciones de derechos humanos ni el Consejo de Europa. En ese sentido, recuerdan que el Reino Unido también trató de poner en marcha una medida similar, pero el proyecto terminó frustrado por los tribunales y fue abandonado por el posterior Ejecutivo laborista.Santiago Abascal fue uno de los primeros dirigentes españoles en celebrar la iniciativa. El martes, durante una comparecencia en Arrecife (Lanzarote), el líder de Vox sostuvo que la propuesta avanzaba en la dirección adecuada, aunque advirtió de que no resolvía por sí sola lo que su partido considera el “problema” de la inmigración irregular. "Si en Marruecos o en Mauritania no los quieren, aquí tampoco los queremos", afirmó tras defender la creación de centros de deportación en terceros países, y reclamó cambios legislativos nacionales, europeos y en los convenios internacionales asumidos por España. Su propuesta va más allá de la fórmula anunciada por los cinco países europeos: Vox plantea trasladar a estos centros a personas que entren irregularmente, mientras que el proyecto europeo se limita a quienes ya estén sujetos a una resolución ejecutable de expulsión. El PP también ha manifestado su respaldo a la posibilidad de alcanzar acuerdos de retorno con terceros países. Su programa electoral para el 29 de noviembre incluye el compromiso de impulsar este tipo de centros si Alberto Núñez Feijóo llega a La Moncloa. De hecho, Xavier García Albiol, candidato por Barcelona y alcalde de Badalona, calificó de "fantástica" esa iniciativa. A su juicio, la medida permitiría transmitir que no cualquier persona puede entrar de manera irregular en Europa. "España lo que no puede ser es que se haya convertido en una ONG", afirmó en La 2 Cat. Albiol aprovechó también su intervención para defender el despliegue de la Armada en las rutas marítimas y cuestionar que algunas embarcaciones puedan completar el viaje desde las costas africanas sin apoyo de las redes de tráfico, en la misma línea que defiende Génova desde hace tiempo. El presidente del Gobierno marcó distancias el lunes por la noche en una entrevista en Telecinco. "No le veo ni futuro ni humanidad a esa solución", aseguró sobre los centros de retorno en Ruanda en una entrevista en Telecinco. Sánchez defendió una política migratoria basada en la cooperación con los países de origen y tránsito, el control de las fronteras y el respeto a los derechos humanos, sin explicitar medidas concretas.El candidato socialista también rechazó las propuestas de desplegar la Armada para impedir la llegada de cayucos. Frente a esa vía, reivindicó los acuerdos con países como Senegal y Mauritania y atribuyó a esa colaboración parte del descenso de las llegadas irregulares registrado por el Gobierno. Más contundente fue Ada Colau, candidata del Frente Amplio, que instó el martes a Sánchez a presentar un recurso formal ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para impedir que el proyecto entre en funcionamiento.Durante un desayuno informativo en Madrid, Colau calificó la iniciativa de "gravísima" e "inaceptable" y sostuvo que vulnera la legislación internacional. También cuestionó la eficacia de la externalización del control migratorio hacia terceros países. A su juicio, los recursos destinados a esos acuerdos deberían emplearse en gestionar los movimientos migratorios con mayores garantías de protección. "Externalizar las fronteras cuesta miles de millones de euros que se podrían utilizar para gestionar los flujos migratorios mucho mejor sin vulnerar los derechos humanos", afirmó.Según la declaración conjunta de los cinco Estados miembros y el Gobierno ruandés, este acuerdo piloto afectaría a migrantes que no tengan derecho a permanecer en alguno de esos países y sobre los que exista una decisión de expulsión ejecutable. La fase inicial estaría reservada a hombres adultos sin familiares a cargo, mientras que los Estados participantes asumirían los gastos del dispositivo. Ruanda no es un destino nuevo en los planes europeos para desplazar fuera de sus fronteras la gestión de la inmigración. El Gobierno conservador británico llegó a un acuerdo con Kigali en 2022 para enviar allí a solicitantes de asilo que hubieran llegado al Reino Unido. El proyecto terminó frustrado por los tribunales y quedó abandonado por el posterior Gobierno laborlista. En noviembre de 2023, el Tribunal Supremo británico declaró ilegal aquel mecanismo por considerar que existía un riesgo real de que las personas trasladadas a Ruanda fueran posteriormente devueltas a países donde podían sufrir persecución u otros daños graves. El coste de aquella política también suscitó una importante controversia: según los datos oficiales recopilados por el Observatorio de las Migraciones de la Universidad de Oxford, el gasto asociado al acuerdo y a la legislación migratoria que lo acompañaba alcanzó unos 715 millones de libras hasta junio de 2024.También existe el precedente de Italia. El Gobierno de Giorgia Meloni impulsó instalaciones para migrantes en Albania, fuera del territorio de la Unión, pero su funcionamiento se ha visto condicionado por resoluciones judiciales y controversias sobre la legalidad de los procedimientos. Aunque las características del modelo italiano no son idénticas a las del proyecto de Ruanda, ambos muestran las dificultades jurídicas que acompañan a la externalización de la gestión migratoria.Las organizaciones internacionales han recibido la iniciativa con advertencias sobre sus posibles consecuencias. Amnistía Internacional ya había cuestionado en septiembre los planes de establecer centros de retorno en Ruanda y Uganda. La organización sostiene que estos mecanismos pueden facilitar situaciones de detención arbitraria, malos tratos y expulsiones posteriores a países donde las personas afectadas corran peligro.Su principal preocupación es que el traslado a territorios lejanos, con mecanismos de supervisión todavía por concretar, dificulte el acceso a la justicia y la exigencia de responsabilidades ante eventuales vulneraciones de derechos. La organización ha advertido de que los centros podrían convertirse en "crueles agujeros negros" para los derechos humanos y cuestiona además que la respuesta a los desafíos migratorios consista en recurrir a países lejanos para asumir parte de las responsabilidades de los Estados europeos.La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos también expresó el martes su preocupación. Su portavoz, Marta Hurtado, señaló que las personas afectadas podrían ser enviadas a un país con el que no mantienen una relación real y cuyo historial de derechos humanos plantea interrogantes. La propia oficina reconoció, sin embargo, que todavía no había tenido acceso al texto completo de la propuesta.