La filial del banco alemán en España dejó un rastro de proyectos fallidos e investigados por corrupción en África y Latinoamérica mientras se lucraba gracias a decenas de contratos públicos adjudicados a empresas españolas que estaban avalados con fondos públicos del EstadoInside Deutsche Bank: la filtración de 15 millones de archivos desvela los secretos, escándalos y dobles raseros del gigante financiero mundial Durante al menos 20 años, el Deutsche Bank en España no fue un mero prestamista para clientes corporativos y grandes patrimonios. La sede en Madrid del banco alemán operó como el motor financiero de una larga lista de empresas españolas (y algunas extranjeras) involucradas en múltiples escándalos de sobornos y corrupción, según los documentos internos de la entidad revelados por elDiario.es a través de la investigación transnacional ‘Inside Deutsche Bank’, coordinada por Barracuda Media, en la que han participado más de 200 periodistas que han analizado una filtración de más de 15 millones de documentos internos del banco alemán. La filtración la obtuvieron el periodista indio Josy Joseph y la periodista de investigación sudafricana Khadija Sharife. Esta investigación muestra cómo el banco, apoyado en su extensa red internacional, financió decenas de contratos públicos adjudicados a empresas españolas en países clasificados de “alto riesgo” como Angola, República Dominicana, Ecuador, Gabón, Panamá o Camerún. Muchos proyectos fueron abandonados, sufrieron retrasos y sobrecostes multimillonarios, terminaron en arbitrajes internacionales o acabaron investigados por sobornos y corrupción. La gestión de los proyectos la canalizaba el departamento de comercio estructurado y financiación de exportaciones (STEF, del inglés Structured Trade and Export Finance) de la sede del Deutsche Bank en Madrid. Este equipo, encargado de financiar las inversiones de clientes españoles en lo que la entidad llamaba “mercados emergentes”, celebraba internamente las comisiones que generaban estas operaciones mientras las auditorías del banco señalaban deficiencias en sus controles, según la documentación analizada. Fuentes del Deutsche Bank niegan que el equipo de exportaciones del banco “diera sistemáticamente prioridad a los intereses comerciales frente a los controles de riesgo”. Sede central del Deutsche Bank en Fráncfort (Alemania) La mayoría de estas transacciones las avaló la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (CESCE), la aseguradora semipública (con mayoría accionarial del Estado y participada por varias entidades financieras) que respalda con fondos públicos las actividades de las empresas españolas en el extranjero. Este aval permitió al Deutsche Bank reducir el riesgo de las operaciones mientras seguía manteniendo los ingresos por comisiones e intereses. Un portavoz del banco alemán asegura que “la cobertura de CESCE no sustituía a la propia evaluación de riesgos del banco ni a sus requisitos de cumplimiento normativo”. Entre los clientes habituales de este departamento estaban la empresa pública Mercasa y la semipública Defex, investigadas por la Audiencia Nacional por supuestos sobornos en Angola, Camerún o República Dominicana. También gigantes de la construcción e ingeniería como la quebrada Eurofinsa, que debe 92 millones a la Agencia Tributaria Lo habitual es que estas operaciones financieras se articulen como créditos al comprador: el banco presta el dinero al país o a la entidad que encarga la obra o proyecto para pagar a la empresa adjudicataria del contrato. Es decir, la deuda suele ser de los países y, si no la devuelven, CESCE cubre la mayor parte. Además, parte de estas operaciones son sindicadas: Deutsche Bank las estructura y después reparte parte del crédito entre otras entidades, aunque cobra comisiones por montarlas. Entre los clientes habituales de este departamento estaban la empresa pública Mercasa y la semipública Defex, investigadas por la Audiencia Nacional por supuestos sobornos en Angola, Camerún o República Dominicana. También gigantes de la construcción e ingeniería como la quebrada Eurofinsa, que debe 92 millones a la Agencia Tributaria y está en liquidación; Elecnor, que irá a juicio en el caso de los exdiputados del PP Gustavo de Arístegui y Pedro Gómez de la Serna, acusados de cohecho y organización criminal; Isolux, involucrada en distintos casos de corrupción en España y Latinoamérica; Incatema, investigada en el caso Mercasa, o Ibadesa, clave en las distintas tramas de Pujol y el Caso Mercasa. También proporcionó apoyo financiero a multinacionales extranjeras como Odebrecht o Construtora Andrade Gutiérrez, protagonistas de la macroinvestigación judicial Lava Jato por sobornos en Brasil y otros países de América Latina. A preguntas de este medio sobre la relación con estas compañías, Deutsche Bank se limita a añadir que no comenta “sobre relaciones con clientes potenciales, antiguos o actuales”. elDiario.es ha identificado al menos un centenar de proyectos millonarios financiados por el equipo de STEF del Deutsche Bank en España entre 2004 y 2021 a partir de la documentación interna de la entidad alemana. En al menos una treintena, este medio ha podido documentar retrasos y sobrecostes millonarios, abandonos, conflictos que terminaron en arbitrajes internacionales, adjudicaciones irregulares o vínculos con casos de corrupción. El banco tardó años en avisar a las autoridades de transferencias sospechosas de estas compañías y siguió operando con ellas pese a las alertas internas y públicas Mientras el banco seguía facturando, sus propias auditorías e investigaciones internas indagaron en presuntos sobornos en África, después de que un directivo de Mercasa asegurara en una conversación grabada por la Guardia Civil que “casi todo CESCE de África lo hace el Deutsche Bank y el tío del Deutsche Bank es otro que cobra”. Estas auditorías también revelaron graves deficiencias en el control operativo, criticaron el gasto sin fiscalizar de comisionistas externos –entre ellos un intermediario dominicano detenido por supuestos sobornos al que el banco pagó más de 2,5 millones de dólares– y analizaron múltiples denuncias por conflictos de intereses. El banco tardó años en avisar a las autoridades de transferencias sospechosas de estas compañías y siguió operando con ellas pese a las alertas internas y públicas. No consta en los documentos internos que la entidad tomase medidas disciplinarias contra los empleados de la sede española. elDiario.es, como parte del consorcio Barracuda, ha intentado ponerse en contacto con todas las compañías, entidades y personas mencionadas en esta investigación, que han recibido un cuestionario con hasta dos semanas de antelación. El rastro de proyectos investigados por corrupción Cuando el juez José de la Mata destapó la trama de corrupción en Defex y Mercasa, desveló un modus operandi sistémico en las empresas españolas: el uso de intermediarios –algunos de ellos hoy huidos de la justicia– para amarrar adjudicaciones en países en desarrollo mediante el pago de sobornos. Desde Angola hasta Arabia Saudí, pasando por Camerún, Egipto, Brasil o la República Dominicana, la fórmula se repetía al milímetro. Conseguidores como Guilherme Taveira o Álvaro Cervera camuflaban el desvío de fondos a través de supuestos contratos de consultoría mientras las compañías ofertaban con sobreprecios y ralentizaban los proyectos para cobrar más por las sucesivas ampliaciones. Las pesquisas, sin embargo, apenas alcanzaron a uno de los principales socios financieros detrás de las operaciones: el Deutsche Bank. Según la documentación a la que ha tenido acceso elDiario.es a través del consorcio Barracuda, la sede española del Deutsche Bank fue el principal financiador de distintos pelotazos de empresas españolas en el exterior investigadas durante una década por la Audiencia Nacional. Las operaciones se canalizaban a través del equipo STEF. El departamento, creado en 1999, ha financiado casi 500 proyectos en “países en desarrollo” por 14.000 millones de euros, según las memorias del propio banco. Ignacio Ramiro (actual responsable de STEF en España y empleado del Deutsche Bank desde 1994) y Joaquín Santo-Domingo (que entró en la entidad en 1996 tras una etapa como analista en CESCE y fue uno de los directores del equipo, a las órdenes de Ramiro, hasta 2016) destacan como las figuras clave que han dirigido la operativa del departamento durante casi tres décadas. elDiario.es contactó con Ignacio Ramiro a través del banco y con Joaquín Santo-Domingo, sin obtener respuesta. Angola: el dinero del petróleo tras la guerra civil Las miradas del banco se dirigieron pronto a Angola, que en 2002 salió de una larga guerra civil y cuya economía se nutría de los ingentes ingresos del petróleo. En esos años (2003), la sede española del Deutsche Bank se convierte en uno de los principales aliados financieros del gobierno de José Eduardo dos Santos con la firma de un “acuerdo marco” de financiación. Durante la reconstrucción del país, empresas españolas empezaron a hacer negocios allí gracias al apoyo financiero de la entidad bancaria alemana. La quebrada ingeniería Eurofinsa, hoy en liquidación y habitual de las listas de morosos de Hacienda, fue uno de los principales beneficiados. Diversos contratos millonarios para suministrar equipos, construir puentes y carreteras por cientos de millones fueron investigados por la Fiscalía Anticorrupción en 2010 por supuestos sobornos para asegurarse las adjudicaciones. La investigación documentó pagos y regalos vinculados a altos cargos y al hijo del expresidente angoleño, pero el juez Santiago Pedraz la archivó para sorpresa de la Fiscalía porque era imposible determinar “que fueran para conseguir contratos”. El grueso de esas adjudicaciones tuvo detrás el respaldo financiero del Deutsche Bank. ChartsCartasStef.initCartas({ containerId: 'dbspain-eurofinsa-angola', modo: 'superpuesto', ids: [122, 115, 69], titulo: 'Varios contratos de Eurofinsa en Angola financiados por Deutsche Bank' }); No fue la única gran operación de una empresa española en el continente africano investigada por corrupción que contó con líneas de financiación de la entidad bancaria. A finales de 2011, se cerró la financiación de uno de los mayores contratos de defensa de la historia de Defex: un macroproyecto de 100 millones de euros para dotar al Gobierno de Camerún de un sistema integral de vigilancia costera frente a la piratería marítima. Para esta operación, Defex subcontrató los servicios de Deimos Space (filial de Elecnor), Aresa Marine y Airbus. Elecnor y Airbus eran también clientes del banco alemán. En septiembre, el Tribunal Supremo ratificó la pena de cárcel de la Audiencia Nacional a un directivo de Defex por organizar un esquema de sobornos para asegurarse contratos públicos con el gobierno camerunés. La filial del Deutsche Bank en España financió este proyecto, que también respaldó CESCE con fondos públicos. ChartsCartasStef.initCartas({ containerId: 'dbspain-camerun', ids: [57], titulo: 'El caso Defex en Camerún' }); ¿Para qué le servía al banco el aval de CESCE? Cada vez que una empresa española vende maquinaria, construye una carretera o un hospital en el extranjero con la financiación de un banco, CESCE asegura el cobro en nombre del Estado. Y si esa operación se tuerce –por insolvencia comercial o motivos políticos–, es el contribuyente español quien asume la factura: CESCE indemniza con dinero público al banco o la empresa y después trata de recuperar lo pagado durante años. Mercasa, otra empresa pública investigada por la justicia española, también recibió el apoyo del banco alemán para uno de sus pelotazos. A través del Consorcio Mercasa-Incatema, logró contratos para construir un mercado en la capital de Angola, Luanda. Un auto del juez De la Mata reveló que, tras una faraónica obra de 533 millones de dólares, había un reguero de sobornos a funcionarios públicos, comisiones a prófugos de la justicia y sobrecostes millonarios. La primera sentencia de este caso acabó en absolución para todos los acusados, entre ellos los directivos de Mercasa e Incatema. Según los magistrados de la Audiencia Nacional, durante la investigación hubo “una desmesurada ‘demonización’ de las comisiones acordadas, en contratos suscritos en un país que acababa de finalizar una guerra civil y donde las estructuras legales y convencionales se caracterizaban por su rigidez. De ahí que fuera lógico que los intervinientes contractuales aseguraran sus emolumentos o remuneraciones”. ChartsCartasStef.initCartas({ containerId: 'dbspain-luanda', modo: 'superpuesto', ids: [116, 48], titulo: 'El mercado de Luanda' }); Las pesquisas de estos proyectos por supuesta corrupción se arrastraron durante una década, pero en los archivos internos del Deutsche Bank a los que ha tenido acceso este medio a través de esta filtración masiva no consta que el banco iniciara una investigación para explicar cómo se financiaron estas operaciones. República Dominicana: “investigaciones por corrupción” y sobrecostes Las operaciones de las empresas españolas investigadas no se limitaron al continente africano. Uno de los primeros grandes proyectos financiados por Deutsche Bank España en Latinoamérica fue una obra “llave en mano” para construir un mercado mayorista en Santo Domingo. Adjudicada al consorcio Mercasa-Incatema, acumuló millones en sobrecostes y supuestas comisiones que investigó la Audiencia Nacional como una pieza del caso Mercasa. En 2022, el juez Pedraz archivó provisionalmente la investigación por falta de pruebas, tras no responder el país caribeño ni Estados Unidos a las comisiones rogatorias y sin expectativas de obtener nuevos datos. En República Dominicana la sede del Deutsche Bank en Madrid ha desarrollado algunos de sus más lucrativos negocios. Según los documentos internos del banco analizados por elDiario.es y el consorcio Barracuda, la entidad alemana financió al menos una docena de proyectos por valor de más de 1.000 millones de dólares en la isla entre 2009 y 2015. Entre los proyectos financiados están los 20 millones de dólares que el banco alemán puso en 2009 para la reconstrucción de la carretera Casabito-Constanza. Las obras, otorgadas a dedo a Odebrecht, fueron investigadas en una trama de sobornos y sufrieron sobrecostes millonarios. Una década después, la carretera estaba muy deteriorada por falta de mantenimiento. Los fondos de la sede española del Deutsche Bank también se destinaron a grandes proyectos de infraestructuras como hospitales, centros penitenciarios, líneas eléctricas y de metro adjudicados a empresas españolas como Eurofinsa, Incatema, Elecnor, Ibadesa, Mercasa o la filial en España de Siemens. Casi todos los avaló el Estado español a través de CESCE. ChartsCartasStef.initCartas({ containerId: 'dbspain-dominicana', modo: 'superpuesto', ids: [84, 99, 98, 95, 67, 27], titulo: 'Los proyectos de Deutsche Bank España en República Dominicana' }); Alertas internas y transferencias sospechosas A pesar de los múltiples casos de corrupción que afectaron a muchos de estos clientes, el Deutsche Bank no perdió el “apetito” –término usado en la jerga bancaria– de continuar haciendo negocios con estas empresas españolas. En algunos casos, con dossieres internos que recomendaban cortar vínculos con los clientes. Elecnor, que irá a juicio en el caso de Arístegui y de la Serna, fue objeto de análisis en un informe de inteligencia confidencial del banco en febrero de 2018. Con el lenguaje habitual de la entidad para suavizar las acusaciones, el documento firmado por el servicio de lucha contra el crimen financiero recomendaba “finalizar la relación con el cliente [Elecnor] debido a su exposición significativa por las investigaciones de corrupción en España”. Sin embargo, Elecnor (controlada por varias familias de la nobleza vasca y sevillana) continúa recibiendo líneas de financiación del Deutsche Bank para apoyar sus proyectos fuera de España. La entidad tardó años en informar a los reguladores de movimientos bajo sospecha. Un informe confidencial de diciembre de 2017 detalla cómo identificó hasta 397 transferencias “sospechosas” y “sin justificar” vinculadas a cuentas de “empresas exportadoras” como Incatema, Defex, Globaltec, Mercasa, Isolux e Ibadesa. Fragmento de un informe interno del Deutsche Bank que menciona más de 397 transacciones sospechosas de exportadores españoles El informe recoge que el banco detectó 35 millones de euros en transferencias sin detallar entre 2007 y 2016 ligadas a cuentas en Angola, Brasil, Bahamas, Panamá, Camerún, Suiza, Portugal, República Dominicana, Reino Unido y España. Los movimientos sospechosos de dinero se realizaron durante años, pero esta información no empezó a remitirse al Sepblac –el organismo que previene el blanqueo de capitales en España– hasta noviembre de 2016, según reza el propio documento. Un portavoz del banco asegura que “la cifra de 397 se refiere al número de transacciones revisadas, no al recuento de transferencias sospechosas”. Fragmento que recoge las transferencias sospechosas enviadas al Sepblac vinculadas a empresas exportadoras españolas La firma de consultoría e ingeniería Incatema, integrante del consorcio investigado en el caso Mercasa, fue objeto de una revisión interna en el banco en 2020, tres años después de la detección de transferencias sospechosas. ¿La razón? Su vinculación con “numerosos casos de corrupción, que todavía están bajo investigación”. La decisión final del Deutsche Bank, según consta en la cadena de correos, fue mantener la relación con Incatema pero catalogando a la compañía como cliente de “alto riesgo”, “monitoreando de cerca nuevas noticias negativas” y recomendando no hacer nuevos negocios con ella. Un portavoz de Incatema indicó que estos proyectos “fueron objeto de investigación en la Audiencia Nacional. En el caso de República Dominicana, las actuaciones fueron sobreseídas. En el caso de Angola, los hechos han sido ya juzgados con absolución total para todos los procesados”, asegura. “Incatema mantiene una relación comercial normal con Deutsche Bank, igual que con otras instituciones financieras”, añade. Por su parte, Globaltec indica que nunca ha recibido ninguna notificación o requerimiento de instancia administrativa o judicial alguna pidiendo información sobre transacciones efectuadas por la compañía. Tampoco por parte de Deutsche Bank: “No se nos ha comunicado nada al respecto”. Un rastro de obras inacabadas en Gabón, Panamá o Dominicana La cartera de proyectos estrella financiados por la sede española del banco también incluye múltiples trabajos abandonados y obras que terminaron en conflictos judiciales o arbitrajes por retrasos e incumplimientos. El naufragio del acueducto de Higüey-Bávaro y la presa de Guaigüí en República Dominicana, adjudicados entre 2005 y 2006 a los consorcios dominico-italianos Impregilo-Yarull y Ghella-Cobausa, dejó un rastro de pérdidas financieras, disputas judiciales y un profundo impacto social y décadas de conflictos comunitarios. La presa sigue sin terminar y el acueducto funciona con un suministro deficiente y la red inconclusa. En Panamá, el banco financió la construcción de cuatro hospitales, adjudicados en 2010 por unos 240 millones de dólares a una filial de Eurofinsa (IBT) que acababa de aterrizar en el país. Medios locales como La Prensa se extrañaron por lo inusual de las operaciones: una compañía sin actividad previa en el país consiguió contratos públicos millonarios en su primer año de vida. Los proyectos sufrieron sobrecostes millonarios que elevaron un 77% el presupuesto original y reiterados retrasos dejaron las obras de IBT sin acabar. Pese a las demoras, la sede española del Deutsche Bank continuó facilitando líneas de financiación para sufragar los sobrecostes de la obra. En 2018, el jefe global de comercio exterior del banco alemán, Simon Sayer, felicitaba al equipo por la última ampliación del crédito: “Gran trabajo de todos, y también agradezco mucho el esfuerzo extra por cobrar las comisiones durante el primer trimestre”. Los cerca de 480 millones de dólares de financiación estructurada por el Deutsche Bank a Eurofinsa no sirvieron para terminar los hospitales. A pesar de abandonar las obras, IBT acabó cobrando: el Gobierno panameño le pagó 60,7 millones de dólares entre 2022 y 2023 a cambio de retirar la demanda que había presentado en 2021 ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial. Fuentes de IBT subrayan que, desde 2022, esta compañía no mantiene “vinculación societaria ni de gestión” con Eurofinsa. “IBT Group no formulará declaraciones sobre actuaciones de terceros ni sobre hechos que no correspondan directamente a su ámbito de responsabilidad”. Una adjudicación a Eurofinsa para ampliar una carretera en Gabón recibió el apoyo financiero del Deutsche Bank con el aval de CESCE. Eurofinsa nunca terminó la obra y el Gobierno gabonés rescindió los contratos en 2017 El de esos hospitales en Panamá no fue el único litigio que acabó en arbitraje entre un Gobierno local y la contratista española. Una adjudicación a Eurofinsa para ampliar una carretera en Gabón recibió el apoyo financiero del Deutsche Bank con el aval de CESCE. Eurofinsa nunca terminó la obra y el Gobierno gabonés rescindió los contratos en 2017. En una entrevista con el principal periódico de Gabón, el entonces ministro de Obras Públicas, Jean-Pierre Oyiba, denunció los “tipos de interés prohibitivos y en condiciones difíciles” del préstamo del Deutsche Bank. Eurofinsa reclamó 67 millones de euros por trabajos impagados ante la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, en París. En 2019, el laudo dio la razón finalmente al Gobierno gabonés, que había dejado de pagar. CESCE tuvo que indemnizar al banco con más de 12 millones de euros entre 2016 y 2018, que después recuperó casi por completo, según los datos a los que ha accedido elDiario.es a través de una solicitud de transparencia, cruzados con la documentación del banco. En 2011, la hoy quebrada Isolux Corsán se adjudicó un contrato de 142 millones de euros para construir la mayor línea de transmisión eléctrica de Kenia. La multinacional española consiguió financiar la obra con apoyo del Deutsche Bank y el aval del Estado. Aunque los trabajos debían finalizar en octubre de 2016, solo se había completado el 35% del proyecto a mediados de 2017. Ese año, Isolux, ahogada por la deuda y la sombra de la corrupción, entró en concurso de acreedores. En respuesta, el Gobierno keniano rescindió el contrato. La corporación española recurrió a los tribunales kenianos para anular la rescisión. El Tribunal Superior de Nairobi rechazó su petición en diciembre de 2017. ChartsCartasStef.initCartas({ containerId: 'dbspain-abandonados', modo: 'superpuesto', ids: [81, 66, 59, 87, 44], titulo: 'Proyectos abandonados financiados por Deutsche Bank España' }); Banco y bróker: los comisionistas del Deutsche Bank El equipo STEF de la sede española del Deutsche Bank no se limitó a un rol de simple prestamista. La documentación interna del banco muestra cómo el departamento actuaba como bróker, consiguiendo negocios en otros países para sus clientes corporativos. La operativa habitual la recoge una detallada explicación que figura en un correo interno del banco sobre cómo la entidad consiguió asegurarse la financiación de varios proyectos en Argentina en 2019. “Hay una bonita y generosa historia detrás de todo esto”, empieza Eduardo Más, uno de los directores del departamento, sobre un contrato de 16 millones de euros adjudicado a Vamed (grupo Fresenius, dueño de Quirón en España). “Explicamos el proyecto a las autoridades españolas y las persuadimos para que apoyaran a la provincia de Córdoba (Argentina), que había planificado un programa social para la reconstrucción de colegios y hospitales”. “Nuestra decisión de apoyar a Vamed no tardó en dar frutos”, afirmó Más. Según su relato, Makiber (filial de ACS) eligió la propuesta del Deutsche Bank para financiar el macrocontrato de 102 millones de euros para construir escuelas en la provincia argentina, ya que el banco “había desarrollado la relación” y conocía a la gente del lugar. Para esta labor también se ayudaba de empresarios como Daniel Aquino, contratado por la sede española del banco como Consultor de Desarrollo de Negocio (BDC, por sus siglas en inglés) para asistirle en República Dominicana. Aquino, detenido en 2016 por el caso de corrupción Super Tucano –un escándalo de supuestos sobornos por la compra de aviones de combate a la empresa Embraer en República Dominicana– y uno de los intermediarios del Mercado de Santo Domingo, recibió más de 2,5 millones de dólares en honorarios del Deutsche Bank España entre 2002 y 2016 por asistir al banco “en la negociación y arreglo de créditos de exportación”, según documentos confidenciales analizados por este periódico. La opaca labor y elevados emolumentos del consultor dominicano despertaron sospechas en la sede central del banco. Una auditoría interna confidencial fechada en 2010 alertó sobre la poca transparencia de esta relación y se preguntó si Deutsche Bank “podría estar haciendo negocios con consultores en países de alto riesgo que aplican prácticas comerciales delictivas”. Daniel Aquino, sin embargo, siguió cobrando del banco alemán hasta 2016. Según los documentos internos, la entidad terminó la relación con el consultor a principios de ese año. Pero meses después, el 31 de agosto, la filial española le pagó otros 115.657 dólares, a las pocas semanas de su detención, algo que, según un informe interno, el banco desconocía. Los documentos internos reconocen, además, que otros clientes de STEF pagaron a Aquino. En noviembre de 2016, el departamento de prevención de delitos financieros identificó un pago sospechoso de 207.571 euros de la empresa zaragozana ARPA, a la que el banco había financiado un contrato militar de unos 12 millones de dólares en República Dominicana, a una sociedad que el consultor presuntamente usaba para canalizar sobornos, y más de 1,5 millones de dólares de otros tres clientes. La investigación interna los identificó como “exportadores vinculados a STEF”. Como parte de una revisión amplia de los consultores contratados por las distintas sedes, iniciada a finales de 2015, Deutsche Bank abrió en marzo de 2017 una investigación sobre la lucrativa relación de Aquino con la filial española. La investigación, llamada “Proyecto Alderaan” –en referencia al planeta destruido por la Estrella de la Muerte en Star Wars– puso el foco en un préstamo de 632 millones de dólares estructurado por el banco junto a otras entidades internacionales para construir una central térmica en Punta Catalina (República Dominicana). La obra, en la que intermedió Daniel Aquino, fue adjudicada a un consorcio de Odebrecht, la italiana Tecnimont y la dominicana Ingeniería Estrella. Según el acta de una llamada interna de abril de 2016 sobre esa operación, Aquino llevaba la comunicación del banco con el Ministerio de Hacienda dominicano y el Deutsche Bank lo utilizaba “de hecho, como un empleado propio en Madrid que trabajaba sobre el terreno”. En esa llamada, Joaquín Santo-Domingo aseguró que no había motivos para dudar de su integridad. Las conclusiones de la investigación tardaron un año en llegar. En marzo de 2018, el procedimiento se cerró “sin señales de mala conducta por parte del consultor o los empleados implicados”. Ignacio Ramiro, jefe de STEF del Deutsche Bank España y uno de los responsables fiscalizados, celebró ante sus compañeros el archivo de las pesquisas: “Como recordarán, la investigación empezó revisando […] una operación de Odebrecht en República Dominicana y pronto se convirtió en una causa general, donde otras áreas de STEF Madrid han sido escudriñadas […]. La auditoría ha finalizado, sin hallazgos”. Un año después, en 2019, una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) reveló más de 39 millones de dólares en pagos secretos de Odebrecht vinculados a la central térmica de Punta Catalina. ChartsCartasStef.initCartas({ containerId: 'dbspain-aquino', modo: 'superpuesto', ids: [95, 84, 82, 901], titulo: 'Operaciones en las que intervino Daniel Aquino' }); Los negocios en Ecuador: hospitales y material de defensa Daniel Aquino no fue el único consultor externo contratado por Deutsche Bank para ayudarle en Latinoamérica. Para asistirle en Ecuador, el equipo de comercio exterior de la filial española incorporó en 1999 al empresario Ramiro Ponce, del que apenas existe información pública. Procedía de una familia “bien conectada políticamente”, según los informes de inteligencia de la entidad bancaria. Una auditoría de 2010 ya levantó sospechas en la sede central por la existencia de “gastos no justificados por ningún comprobante” a favor de Ramiro Ponce que representaban “más del 50% de los gastos totales de la oficina de Ecuador”. Esta generosa relación tardó años en dar frutos para el banco alemán. Coincidiendo con un pago de 115.000 euros para el bróker, aprobado internamente, el equipo STEF llegó a financiar cinco proyectos millonarios entre 2014 y 2017 para empresas españolas con el Gobierno ecuatoriano. Tres aviones C-295 suministrados por Airbus España por 117 millones de dólares, un sistema integrado de radares adjudicado a Indra por 88 millones de dólares y la construcción de tres hospitales por 125 millones de dólares encargados a los consorcios de Grupo Puentes y Makiber (entonces propiedad de ACS, presidida por Florentino Pérez) con empresas estatales chinas como Sinohydro o China Railway. Las cinco operaciones las avaló el Estado español a través de CESCE. Un informe confidencial solicitado por el banco a una consultora de inteligencia externa sembró dudas sobre la limpieza de las adjudicaciones. “Hay una alta probabilidad de que los dos contratos militares financiados por Deutsche Bank –adquisición de tres aviones de Airbus y cuatro radares de Indra– pueden estar vinculados con corrupción o el pago de sobornos entre bastidores”, afirmaba el documento. Según el informe de la consultora, la financiación de los radares se cerró gracias a la gestión de Ponce. Los contratos para construir los hospitales se adjudicaron por régimen especial, sin concurso. Según funcionarios citados por el medio ecuatoriano PlanV, la empresa china Sinohydro “habría sido usada como una pantalla” para beneficiar a las contratistas españolas Grupo Puentes y Makiber. La Contraloría de Ecuador concluyó en 2018 que no se justificó esa vía excepcional en los hospitales de Los Ceibos y Machala, y que los créditos firmados con Deutsche Bank y otros cuatro bancos europeos para financiarlos no eran necesarios, porque el Seguro Social ya contaba con los fondos. Solo hasta enero de 2018, el préstamo de Los Ceibos le había costado 8,2 millones en comisiones, seguro de CESCE e intereses. ChartsCartasStef.initCartas({ containerId: 'dbspain-ecuador', modo: 'superpuesto', ids: [42, 29, 22, 21, 23], titulo: 'Los proyectos de Deutsche Bank España en Ecuador' }); Tras la revisión global de sus consultores iniciada a finales de 2015, la filial española del Deutsche Bank cortó lazos con Aquino y Ponce ya que “la naturaleza de sus servicios se consideraba una actividad de alto riesgo” para el banco. Indra asegura que “no ha mantenido relación alguna con las personas mencionadas”; que “ha actuado en todo momento conforme a la legalidad vigente y cumple plenamente con la normativa anticorrupción de la OCDE”; que el contrato se ejecutó “satisfactoriamente” y que no puede “realizar comentarios sobre el contrato con su cliente, dada su naturaleza reservada, ni sobre la financiación del proyecto, sujeta a obligaciones de confidencialidad”. "Casi todo CESCE de África lo hace el Deutsche Bank y el tío del Deutsche Bank es otro que cobra, una merdé, pero bueno, eso es conocido, lo sabe todo el mundo y son los peajes" Pablo González, entonces director de Estrategia y Operaciones de Mercasa, a su hermano Ignacio González, expresidente de la Comunidad de Madrid — Conversación grabada por la Guardia Civil en el marco de la operación Lezo Airbus no comenta las “relaciones comerciales confidenciales con instituciones financieras” y asegura que cumple “con las leyes, regulaciones y regímenes de control de exportaciones nacionales, europeas e internacionales aplicables”. Grupo Puentes se limita a indicar que “desarrolló los trabajos que le correspondían con normalidad, sin incidencias, con plena conformidad del cliente y con estricto cumplimiento de la normativa”. Múltiples investigaciones… y pocas sanciones “Casi todo CESCE de África lo hace el Deutsche Bank y el tío del Deutsche Bank es otro que cobra, una merdé, pero bueno, eso es conocido, lo sabe todo el mundo y son los peajes”, confesó Pablo González, entonces director de Estrategia y Operaciones de Mercasa, a su hermano Ignacio González, expresidente de la Comunidad de Madrid, en una conversación grabada por la Guardia Civil en el marco de la operación Lezo que publicó El Español en junio de 2017. Esas palabras desencadenaron una urgente investigación dentro del banco para saber qué había de cierto en ese diálogo entre el directivo de Mercasa y el expolítico del PP. Pese a que Pablo González no daba ningún nombre, el banco tituló el caso “acusaciones de soborno que implican a un empleado de DB España (STEF España)” y lo presentó ante el comité de investigaciones internas el 21 de julio de 2017. Deutsche Bank, que no responde a las preguntas sobre el resultado de esta investigación, asegura que “no tolera ninguna forma de soborno o corrupción” y que las operaciones de STEF y los exportadores implicados están sujetos a su marco de diligencia debida, con aprobaciones y escalados adicionales cuando se cumplen los criterios. Fuentes de Mercasa indican que estas actuaciones corresponden “a etapas anteriores de la compañía y a personas desvinculadas de la misma desde hace años”. La entidad pública no ha encontrado información que “permita confirmar o precisar los hechos concretos a los que se hace referencia”. Tras revisar su información “histórica”, “no nos consta ninguna cuenta de titularidad de la empresa en Deutsche Bank”, indicó una portavoz. La investigación por esas palabras del exdirectivo de Mercasa fue uno de los tres casos que constan en los documentos analizados que abrió el departamento de investigaciones internas (IMG) por posible mala conducta en el equipo de Deutsche Bank en Madrid, pese al largo historial de tratos investigados en sede judicial por sobornos y corrupción. En uno de ellos detectó deficiencias de control y el otro, el de Aquino, se cerró sin hallazgos. Ninguno terminó con medidas disciplinarias que consten contra los empleados de la sede española. "¿Qué hacen siempre los chicos de STEF en Angola, Mozambique, Chad o cualquier otro país corrupto? ¿Es acaso una especie de crowdfunding entre dictadores y políticos corruptos que explotan sus países? ¿No es sospechoso?", afirmaba uno de los mensajes Estas investigaciones no fueron la única señal de alerta que los cuarteles generales del banco rastrearon sobre la labor del equipo de STEF en España. Diversas auditorías internas muestran cómo Deutsche Bank encontró repetidas deficiencias y ausencia de controles en el equipo de exportaciones de la filial española a lo largo de los años. En enero de 2010, un informe señalaba que los pagos a los consultores externos que les ayudaban a conseguir negocios en el extranjero no estaban suficientemente documentados. Una auditoría más amplia de 2013 documentó múltiples carencias en los controles operativos de STEF España, en línea con un patrón de priorizar el negocio sobre la supervisión exhaustiva de las operaciones. Entre los principales hallazgos, señalaba que no se aplicaban procedimientos de control habituales de alerta temprana para prevenir transacciones sospechosas y blanqueo de capitales. La falta de controles también se aplicaba al desembolso de los fondos en líneas de financiación avaladas por la aseguradora estatal CESCE: en muchas ocasiones, el equipo de STEF daba el visto bueno a los pagos cuando el banco ya había liberado el dinero. A estas deficiencias operativas se sumaban otras de cumplimiento: no constaba que los consultores externos recibieran formación en prevención de blanqueo de capitales y al menos cuatro acuerdos de confidencialidad no se habían registrado. Fuentes del Deutsche Bank defienden que esas revisiones e investigaciones “son en sí mismas una parte importante” de su gestión del riesgo y que “el hecho de que un asunto se revise o investigue no debe interpretarse en sí mismo como prueba de que se haya producido o acreditado una mala conducta”. Conflictos de intereses y fondos públicos Una metralleta de mensajes enviados desde distintas cuentas de correo electrónico inundó los buzones de denuncias del banco entre marzo y junio de 2021. El denunciante alertaba de conflictos de intereses y corrupción en el seno de las oficinas en España. Según el relato, STEF España “financió y apoyó a muchos clientes corruptos en España” a cambio de regalos, nepotismo en las contrataciones del equipo y conflictos de intereses entre los empleados y los clientes que financiaban. “¿Qué hacen siempre los chicos de STEF en Angola, Mozambique, Chad o cualquier otro país corrupto? ¿Es acaso una especie de crowdfunding entre dictadores y políticos corruptos que explotan sus países? ¿No es sospechoso?”, afirmaba uno de los mensajes. Los mails intercambiados en la sede central del banco daban a entender que estas denuncias no eran nuevas. “Este es el mismo caso por el que te habíamos contactado en anteriores ocasiones”, explicaba una de las responsables globales de Cumplimiento Corporativo del sector bancario de la entidad. Aunque no se detalla cuál fue el caso previo, otro reporte anónimo que recibió el banco en febrero de 2018 repetía el contenido de las denuncias: puertas giratorias con empresas o regalos para los empleados del equipo. Esta vez, sí hubo investigación. El informe final, firmado por la responsable de prevención de delitos financieros en la sede española en abril de ese año, desechó la denuncia en un documento escueto que no descartaba las principales sospechas. Entre ellas, confirmó que empleados del banco dejaron la entidad para trabajar en una multinacional española que habían financiado, aunque aseguraba que esto “no implica ningún incumplimiento”; o que familiares de directivos de esa misma empresa trabajaban para el banco. La sombra del conflicto de interés no solo planeaba sobre los clientes corporativos. También sobre los del sector público. Los dos mayores responsables del equipo de exportaciones de Deutsche Bank España trabajaron o fueron asesores de CESCE. En el caso de Ignacio Ramiro, según las memorias anuales de la aseguradora semiestatal y su propio perfil profesional, fue asesor del consejo de administración de CESCE entre 2009 y 2016. Mientras, el equipo que dirigía financiaba decenas de proyectos millonarios por medio mundo avalados con fondos públicos a través de esta aseguradora estatal. Por su parte, Joaquín Santo-Domingo, tal y como consta en su LinkedIn, fue analista en la agencia española antes de su incorporación a Deutsche Bank en 1996. Según los datos obtenidos por elDiario.es a través de una solicitud vía Transparencia, la agencia pública española de crédito a la exportación emitió más de 65.000 millones de euros en coberturas por cuenta del Estado desde el año 2000. En el mismo periodo se han registrado más de 4.400 siniestros, con indemnizaciones que, convertidas a euros, suman cerca de 2.500 millones, de los que todavía quedan sin recuperar unos 1.435 millones. Fuentes de Cesce subrayan que, en la gestión de seguros por cuenta del Estado como agencia de crédito a la exportación española, su modelo de gobernanza “garantiza la plena independencia en la toma de decisiones, manteniéndolas al margen de la propia sociedad aseguradora y de sus accionistas privados. Este esquema se sustenta en un modelo de gestión riguroso que contempla el análisis exhaustivo de riesgos y un estricto control documental previo a cada desembolso”. Hasta el 22 de julio de 2014, las operaciones por cuenta del Estado las aprobaba una comisión específica del consejo con mayoría de consejeros públicos y un vocal en representación de los privados. Desde entonces, competen a la Comisión de Riesgos por Cuenta del Estado (CRE), órgano interministerial 100% público. Fuentes de CESCE explican que “los accionistas privados no tienen representación ni intervienen en las decisiones de la cuenta del Estado”. “Cesce cumple con los más altos estándares nacionales e internacionales en prevención de la corrupción al aplicar las directrices de la OCDE, exigir declaraciones obligatorias de integridad a los exportadores y reservarse la capacidad legal de cancelar o retirar la cobertura ante cualquier práctica irregular”. Entre esta actividad y la que ejerce por cuenta propia en condiciones de mercado “existe una estricta separación legal, operativa y financiera, que garantiza la imposibilidad de cualquier trasvase de operaciones; cuenta con contabilidades separadas y un modelo de gobernanza que aísla formalmente la aprobación de las operaciones por cuenta del Estado del ámbito societario de Cesce y, por lo tanto, de su Consejo de Administración”. Edición de Natalia Chientaroli. Con información de Craig Bentley-McKune, periodista del Financial Mail (Sudáfrica), y Eliana Morales, periodista de la Revista Concolón (Panamá)