El sistema de atención a la dependencia constituye uno de los pilares fundamentales del estado del bienestar y una garantía de apoyo para miles de personas que, por razones de edad, enfermedad o discapacidad, no pueden valerse por sí mismas. Desde su creación en 2006, este derecho ha estado condicionado por las decisiones políticas y presupuestarias de los distintos gobiernos, que han marcado su evolución, el alcance de las ayudas y los recursos disponibles para atender a quienes las necesitan. Tras años de aumento de la financiación, que han permitido poco a poco descongestionar las listas de espera, queda por ver si un hipotético Gobierno del PP y Vox puede mantener esta inversión en caso de gobernar tras las elecciones del 29 de noviembre.Para entender el alcance de estas decisiones, es importante conocer cómo funciona el sistema. Cuando una persona solicita el reconocimiento de la dependencia, la Administración autonómica evalúa su situación y determina qué grado de dependencia le corresponde entre los tres establecidos: grado I (dependencia moderada), grado II (dependencia severa) o grado III (gran dependencia). A partir de esa valoración se elabora un Programa Individual de Atención (PIA), que determina los servicios o ayudas económicas a los que tendrá derecho, como asistencia a domicilio, teleasistencia, centros de día o residencias. Todo este proceso necesita ser financiado con dinero público.El sistema nació en 2006 de la mano del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y se reconoció como un derecho de la ciudadanía. El primer recorte llegó en 2010, en plena crisis, cuando el Gobierno, todavía del PSOE, estableció un plazo máximo de seis meses para resolver las solicitudes y modificó el devengo retroactivo de las prestaciones, permitiendo aplazar determinados pagos hasta cinco años. Esto permitió un ahorro de 300 millones de euros, según las estimaciones del Ejecutivo.Sin embargo, con la llegada de Mariano Rajoy al Gobierno comenzaron los principales recortes. El 30 de diciembre de 2011 el Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto Ley 20/2011, que retrasaba la incorporación de nuevos colectivos con dependencia moderada. Esto significaba que se dilataba el calendario para determinadas personas con dependencia de grado I (moderada), que debían incorporarse progresivamente al sistema.La medida se presentó como una moratoria de un año dentro de un paquete de reducción del gasto público de 8.900 millones de euros. Estuvo acompañada de la promesa, incumplida tan solo siete meses después, de que no se reducirían los presupuestos destinados a la dependencia.El 3 de abril de 2012 se presentaron los Presupuestos Generales del Estado y se acompañaron del anuncio de la eliminación del denominado nivel acordado o convenido de financiación de la dependencia. El 11 de julio de ese mismo año, Rajoy anunció en el Congreso el principal recorte aplicado a este sistema junto a otras medidas como la subida del IVA o la supresión de la paga extraordinaria de Navidad de los empleados públicos. Entre las medidas se incluía la reducción del 15% en las prestaciones económicas por cuidados familiares y la reducción del 13% del nivel mínimo estatal de financiación. En el Programa de Estabilidad 2019-2022, ya bajo el Gobierno de Sánchez, el Estado hizo un balance retrospectivo de aquellas medidas y cifró en aproximadamente 2.300 millones de euros el dinero dejado de invertir entre 2012 y 2014. En paralelo, las muertes de personas pendientes de ser examinadas para determinar si tenían dependencia y en qué grado fueron en aumento. Para 2012 y 2013 solo existen estimaciones de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales,que cifró los fallecimientos en 47.213 y 43.933 fallecimientos, respectivamente.En 2014, ya con datos reales, el número de fallecimientos ascendió a 65.910, el máximo de la serie. De ahí pasaron a 42.924 en 2015, 62.176 en 2016 y 59.782 en 2017. En 2018, año en el que Pedro Sánchez llegó a la presidencia del Gobierno en junio tras la moción de censura contra Rajoy, la cifra fue de 58.215.En octubre de ese año, el PSOE consiguió un acuerdo con Unidas Podemos con el que se aumentaría la financiación de la dependencia en un 40% en 2019 frente al año anterior. Sin embargo, la medida estrella no llegó hasta 2021, cuando el Consejo Territorial acordó el Plan de Choque de la Dependencia y el Consejo de Ministros autorizó recuperar el nivel acordado, suprimido en 2012, con 283,2 millones de euros.Esto ha permitido que en los años siguientes esta financiación no haya parado de crecer, más recientemente bajo la dirección de Pablo Bustinduy al frente del Ministerio de Derechos Sociales, que ha convertido la atención a la dependencia en una de las prioridades de su gestión.Así, en 2025 se alcanzaron los 3.800 millones de euros y en 2026 está previsto que la aportación estatal alcance los 5.513,8 millones de euros. Unas cifras muy superiores a las registradas durante el Gobierno del PP, periodo en el que la inversión alcanzó su mínimo en 2013 con 1.200 millones y su máximo en 2012 con 1.400 millones de euros.En esta última década, la cifra de fallecidos en las listas de espera dista mucho de ser ideal, pero sí ha registrado un descenso mientras aumentaba la financiación. En 2021 fallecieron 46.671 personas que se encontraban en las listas de espera de la dependencia, en 2025 fueron 32.704 y hasta octubre de 2026 la cifra se encuentra en 23.268.¿Y qué es lo que dicen los programas del PP y Vox sobre este tema? En el caso de Vox, tienen un único punto poco concreto en el que prometen “Cuidado de nuestros mayores y dependientes”. Para ello plantean “reforzar el presupuesto en dependencia, las ayudas para el cuidado en el hogar, el apoyo a familiares a cargo. Aumento de los programas de atención a la soledad no deseada y de las plazas en residencias” y “eliminar todas aquellas trabas que impiden que las ayudas a la dependencia lleguen de manera rápida e íntegra a los beneficiarios”. Por su parte, el PP sí que tiene propuestas algo más concretas y promete impulsar “un Pacto de Estado por la Dependencia para asegurar una financiación estable y plurianual de acuerdo con las Comunidades Autónomas”. Además aseguran que harán “efectiva la aportación estatal del 50% del coste público del sistema. Las familias se deducirán el 40% de lo que paguen por la atención profesional de un mayor dependiente, y el Estado cotizará por quien deje de trabajar o reduzca su jornada para cuidar a un familiar dependiente, cobre o no la prestación por cuidados en el entorno familiar”.Son buenas palabras, pero deben cumplirse. Además, chocan con la actitud que mantuvo el Gobierno de Rajoy durante la crisis y contradicen la actuación de los gobiernos autonómicos en los que gobierna el PP.Y es que el sistema de dependencia no solo se financia con fondos estatales, sino también con las aportaciones de las comunidades autónomas, que son clave. La normativa establece tres niveles: el primero es el denominado “nivel mínimo”, financiado íntegramente por el Estado en función del número de personas atendidas y de su grado de dependencia. A ello se suma el “nivel acordado”, que se articula mediante convenios entre el Gobierno central y las comunidades autónomas, con fondos que se reparten según criterios como la población potencialmente dependiente, las personas efectivamente atendidas, la inversión autonómica realizada o la reducción de las listas de espera. Finalmente, las comunidades pueden establecer un nivel adicional de protección financiado exclusivamente con recursos propios.Si se compara el dinero invertido por las comunidades gobernadas por el PP en los últimos años con el destinado por las gobernadas por el PSOE y se calcula el gasto medio por habitante en atención a la dependencia, las comunidades gobernadas por el PP invierten, de media, 24 euros menos por habitante. Aunque, presentada así, la diferencia puede parecer pequeña, supone millones de euros menos para financiar cuidados, contratar personal o reducir listas de espera.Nada está decidido de cara a las elecciones del 29 de noviembre: ni quién las ganará ni qué planes aplicará el Gobierno que se forme. Lo que sí se puede afirmar es que a más inversión en dependencia, mejores cifras en las listas de espera de personas pendientes de su evaluación. Por eso queda por ver si, por una vez, los hechos pueden estar a la altura de las palabras y un hipotético Gobierno de PP y Vox puede cumplir las promesas que recogen sus programas electorales.