Diésel, jet fuel y carbón se encarecerían con la aplicación del impuesto al carbono

Wait 5 sec.

Alejandro Castañeda, presidente de Andeg. Imagen: AndegLa ley rescate fiscal o reforma tributaria del gobierno del presidente Abelardo de la Espriella podría incrementar los precios de combustibles como el carbón, diésel y fuel oil. Cabe mencionar que algunos de estos bienes no solo se utilizan solo en el sector transporte, sino en el eléctrico. Alejandro Castañeda, presidente de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg) precisó que las eventuales alzas, en caso de aprobarse en el Congreso, incrementarían los costos de la generación de electricidad a través de las plantas térmicas. Toda esta situación tiene como origen el impuesto al carbono. “Estas presiones elevarían los costos de generación térmica y podrían trasladarse al componente de generación de la tarifa de energía que pagan los usuarios, con efectos sobre la competitividad empresarial y el costo de vida de los hogares. Así mismo, una medida que busca incrementar el recaudo tributario podría generar simultáneamente mayores obligaciones de gasto público para financiar los subsidios eléctricos”, expresó el presidente del gremio. Alejandro Castañeda, presidente de Andeg. Imagen: AndegA lo que agregó que la esta situación cobra más relevancia en un contexto como el que atraviesa el sector eléctrico, señalando que enfrenta desafíos que afectan su sostenibilidad financiera, y a la vez, comprometen la expansión de la infraestructura y la disponibilidad de encontrar combustibles a precios competitivos. Lo anterior se relaciona a que Colombia atraviesa una escases de gas que cada día crece más. El mercado local está importando más de 40 % del gas que consume, no solo para la generación térmica -que utiliza gas para generar energía-, sino también para usuarios residenciales y de la gran industria. Pero como el sistema está diseñado para proteger a las familias, serán los industriales los que enfrenten la falta de gas sustituyendo su consumo con otros energéticos como el carbón, que sería más caro con el impuesto al carbono. En cuanto a interrogantes sobre cuánto podría impactar en caja este tributo a las empresas del sector, el gremio dijo que habría un efecto neto negativo de $3,8 billones a 2029, junto con mayor presión fiscal en subsidios por posibles aumentos en la tarifa de energía. Esto se vería compensado con un recaudo neto de $1,2 billones, según Castañeda. Alejandro Castañeda, presidente de Andeg. Foto: Andeg“Esto evidencia una brecha significativa entre el recaudo tributario esperado y los costos económicos que asumirían el sector eléctrico y los usuarios. En particular, la propuesta normativa tendría un incremento superior a $51 por kilovatio-hora sobre el costo unitario de prestación del servicio de electricidad (con la tarifa plena propuesta). Este incremento representaría un aumento de 6 % de la factura de energía que pagan los ciudadanos”, dijo el dirigente gremial. Lo anterior quiere decir que la aplicación de la medida no le generaría más caja al gobierno, ya que lo que recibe se iría en más subsidios a causa de un eventual aumento en la tarifa. Además, Castañeda manifestó que, si bien el impuesto al carbono fue concebido para incentivar esfuerzos al cambio climático, “su evolución normativa y operativa plantea interrogantes sobre la conservación de su propósito original y la efectividad de sus resultados”. Agregó que es necesario que el gobierno adelante estudios sobre lo que se ha recaudado, la destinación de los montos, los proyectos financiados con ellos y las reducciones de gases de efecto invernadero. Para él, la existencia del mecanismo no se traduce automáticamente en resultados ambientales concretos. Alejandro Castañeda, presidente de Andeg. Imagen: Andeg“El impuesto debe demostrar una relación proporcional entre la carga económica que genera y los beneficios ambientales obtenidos, evitando afectar la competitividad y la inversión sin asegurar resultados efectivos”, enfatizó. De esta forma, propuso que se evalúe la aplicación de esta medida en la última década, de tal manera que se tomen decisiones que tengan en cuenta el impacto sobre las actividades del sector minero-energético. “La restricción del mecanismo de no causación, va en contravía con lo planteado en las bases del Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030 y la agenda ABC del Gobierno Nacional, dado que marchitaría el mercado de bonos de carbono en el país, al reducir la demanda de créditos de carbono y podría desincentivar la inversión privada en proyectos de mitigación y reducción de emisiones”, dijo. Destacado: Gas venezolano podría ser 75 % más barato del que hoy importa Colombia; Ecopetrol avanza en negocio con PDVSACastañeda concluyó que la aplicación del impuesto en la ley traería consigo que esta se vuelva un instrumento de recaudo fiscal, más que en un incentivo para el mercado a fin de lograr metas en descarbonización. Subrayo que a esto se suma la necesidad de que haya una designación efectiva de los recursos para transformaciones en materia productiva y ambiental. —