En una vuelta de tuerca más, en contra de las medidas cautelares acordadas el 10 de septiembre y confirmadas en resoluciones posteriores, la Sección Cuarta de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha decidido extender la suspensión del voto a los nacionalizados por la Ley de Memoria Democrática que viven fuera de España a los que residan en territorio nacional. La decisión, adoptada sin motivación alguna en una providencia –una resolución de trámite– llega a solo nueve días de las elecciones, cuando los electores empadronados en cualquier municipio español han recibido ya su tarjeta censal y 11 días después de que empezara el plazo para votar por correo, lo que quiere decir que algunas de las personas afectadas pueden haber emitido ya su voto. Fuentes de la Junta Electoral Central advierten de la dificultad de ejecutar la orden que implicaría identificar las mesas electorales en las que los electores suspendidos deberían depositar su voto para impedir su validez. La nueva medida, acordada a petición de Vox, introduce aún más inseguridad en el proceso electoral y abre de hecho la vía a una posible impugnación de los resultados por esa u otra formación en caso de que considere que no le favorece.Las medidas inicialmente adoptadas en los autos del 10 de septiembre y posteriores se referían únicamente a los nacionalizados por la ley de nietos que constaran inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA), es decir, el de los españoles residentes en el extranjero. Ahora esa suspensión se extiende –en una resolución de puro trámite, sin motivación alguna y sin que la única magistrada discrepante pueda hacer voto particular– a los que estén inscritos en el censo de residentes, el de los empadronados en España. Los autos en que se acordó la suspensión inicial dejaban en manos de la Oficina del Censo Electoral la depuración de los listados de votantes. Este último organismo, en su informe más reciente, dejó la lista de afectados –eliminando errores, menores sin derecho a voto e inscritos en el censo antes de la vigencia de la ley de nietos– en algo más de 113.000, pero la providencia notificada este viernes mantiene la suspensión a más de 163.000, es decir, hasta 50.000 personas más. Desde la Junta Electoral Central advierten de que la nueva orden es de difícil cumplimiento. En primer lugar porque los listados de electores de cada colegio electoral ya están impresos, lo que obligaría a localizar a los nuevos afectados y trasladar sus identidades a las mesas electorales que correspondan a cada uno para que, el día de la votación, sus integrantes les impidan ejercer su derecho en caso de que pretendan hacerlo. Esas mismas mesas son las que tendrán que comprobar, al final de la jornada electoral, si los votos por correo que les lleguen corresponden a los afectados. Esas mismas fuentes señalan que es posible que personas con el voto suspendido por orden del Supremo terminen votando, lo que abre la puerta a una hipotética impugnación de los resultados electorales en caso de que cualquier candidatura –solo Vox y el PP han extendido el bulo del supuesto pucherazo– considere que los resultados no le favorecen.La resolución ha causado sorpresa entre los personados en la causa como demandados, que subrayan la ligereza con la que los magistrados suspenden un derecho fundamental como el del sufragio activo a un número de personas cuyo número desconocen exactamente pero que podría ascender a varios miles, según se desprende de la providencia. Esa decisión, advierten, además, debería haberse tomado por auto motivado, precisamente por afectar a derechos fundamentales. Asimismo, la providencia da un plazo de cinco días a las partes para presentar un recurso de reposición, lo que da pie a que la Sala emita una nueva decisión a escasas horas de que se abran los colegios electorales. Hasta el momento, la Oficina del Censo Electoral, dependiente del Instituto Nacional de Estadística (INE), había trabajado únicamente con los inscritos en los registros consulares, pero no con los residentes en territorio nacional. Una vez más, la decisión del Supremo llega sin dar ocasión a los nuevos afectados a que se personen en el proceso y aleguen lo que estimen conveniente. La suspensión inicial del voto únicamente para los inscritos en el CERA fue uno de los motivos del recurso de amparo presentado por el Defensor del Pueblo que consideraba que el Alto Tribunal los discriminaba únicamente por no residir en España, ya que los nacionalizados por la misma norma que vivieran en cualquier municipio español o que se hubieran trasladado a territorio nacional tras haber obtenido la nacionalidad en el exterior no estaban afectados entonces. El Tribunal Constitucional inadmitió a trámite ese recurso al considerar que era "prematuro".El baile de decisiones contradictorias con el que el Supremo ha terminado arruinando el censo del 29N, con incongruencias y discriminaciones a petición de Vox y los querellantes anti-PSOE de Iustitia Europa y desoyendo al Ministerio Fiscal, a la Junta Electoral Central (el organismo que vela por la transparencia de las elecciones) y al Estado sí permite –por ahora– el voto a los hijos de los descendientes de exiliados con el voto suspendido, pese a que obtuvieron su ciudadanía únicamente gracias al vínculo familiar con sus progenitores. A escasos nueve días para el 29N, la integridad del censo, algo central en cualquier proceso electoral, todavía no está asegurada gracias a cinco magistrados del Alto Tribunal. A día de hoy, estar en los listados del censo no garantiza que se pueda votar el 29N. Y algunos de los que ya lo han hecho por correo no saben si sus papeletas serán eliminadas del conteo.