En 2016, un tribunal colombiano hizo algo que muy pocos países habían intentado antes: le dio a un río los mismos derechos que a una persona. Casi una década después, ese fallo dejó de ser solo una declaración judicial para convertirse en algo mucho más concreto: cuatro comunidades del Chocó plantando cientos de miles de árboles nativos en la selva que la minería ilegal llevaba años destruyendo