La crisis migratoria e institucional en Ceuta evidencia la inacción del Gobierno central tras tres semanas de colapso. El Ejecutivo rechaza asumir un mando único o declarar la emergencia nacional, por lo que la gestión diaria de los servicios recae sobre las instituciones locales.La relación con Marruecos genera duras críticas por la falta de firmeza de España. Mientras Rabad entorpece las repatriaciones, los juzgados ceutíes se ven desbordados ante un refuerzo policial insuficiente.La situación de miles de menores no acompañados resulta especialmente grave. La abogada Patricia Fernández Vicens aclara que cualquier devolución exige trámites individuales garantistas. Ante la saturación de infraestructuras y el riesgo de redes de trata, se sopesa ceder la guarda a ONG para trasladar a niñas a la península.Por último, el debate pone de relieve el desamparo institucional de Ceuta y Melilla, la escasa implicación de la Unión Europea en sus fronteras africanas y la criticada falta de ...