Aumento del predial en Bogotá tendría freno: Propuesta busca aliviar bolsillo de los ciudadanos

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Impuesto predial. Foto: Freepik (www.freepik.es)El proyecto de reforma tributaria que propone crear una nueva sobretasa al impuesto predial en Bogotá fue cuestionado por el concejal Julián Uscátegui, quien solicitó formalmente a la Contraloría de Bogotá un pronunciamiento sobre los posibles efectos fiscales y jurídicos de la iniciativa.El cabildante expresó su preocupación por la destinación de los recursos que se recaudarían mediante este nuevo cobro, debido a que la propuesta contempla financiar, entre otros componentes, la modernización del sistema de alumbrado público. Según Uscátegui, una parte importante de esa inversión podría beneficiar infraestructura que actualmente es propiedad de un privado y no del Distrito.De acuerdo con las cifras citadas por el concejal, el 97,7 % de las luminarias instaladas en Bogotá pertenece a Enel Colombia, mientras que el Distrito es propietario del 2,3 % restante. Esta distribución tiene su origen en el Convenio 766 de 1997 y en el Acuerdo Complementario de 2002.Impuesto predial en BogotáFoto: tomada de FreepikEl cuestionamiento por la propiedad de las luminariasUno de los principales argumentos planteados por el concejal está relacionado con las condiciones bajo las cuales se estableció la propiedad de esta infraestructura. Uscátegui recordó que, en 2021, la Contraloría de Bogotá advirtió que los instrumentos contractuales no contemplaban una cláusula de reversión de los activos.Según el cabildante, las luminarias y demás elementos de infraestructura continuarían siendo propiedad de Enel Colombia incluso después de que el Distrito destinara recursos públicos para su modernización. Esta situación cobra relevancia debido a que la Administración Distrital actualmente asume diferentes costos asociados con la prestación del servicio, entre ellos el arrendamiento de la infraestructura, el suministro de energía y las labores de mantenimiento.El concejal también señaló que los otrosíes suscritos entre la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) y Enel Colombia en 2021 y 2023 no habrían resuelto de manera definitiva la situación relacionada con la propiedad de los activos. Además, el convenio permanece vigente hasta noviembre de 2026.Recomendado: Nuevo predial en Bogotá: cuánto pagaría si su vivienda tiene un avalúo de $200 millones o más con el cobro de alumbradoPara Uscátegui, antes de establecer un nuevo cobro a los contribuyentes, debería definirse con claridad el esquema jurídico y patrimonial de la infraestructura que se pretende modernizar, así como las condiciones bajo las cuales el Distrito realizaría dichas inversiones.Impuesto predialFoto: tomada de www.freepik.esRecaudo proyectado y destino de los recursosOtro de los aspectos incluidos en la solicitud presentada ante la Contraloría corresponde a las cifras financieras del proyecto. El Proyecto de Acuerdo contempla un recaudo cercano a $379.000 millones mediante la nueva sobretasa, mientras que el costo estimado del servicio de alumbrado público para 2026 asciende aproximadamente a $329.028 millones.La diferencia entre ambos valores sería de cerca de $49.972 millones. De acuerdo con los cálculos expuestos por el concejal, alrededor del 86,81 % del recaudo se destinaría a cubrir el costo ordinario del servicio, mientras que el 13,19 % restante tendría como finalidad específica la modernización de la infraestructura.Uscátegui cuestionó que los contribuyentes deban asumir un nuevo cobro para financiar principalmente un servicio cuyos costos, según su planteamiento, ya son atendidos por el Distrito. En ese sentido, pidió determinar con precisión cuál sería el beneficio patrimonial para Bogotá si los recursos públicos se destinan a intervenir activos que permanecerían bajo propiedad privada.El cabildante también advirtió sobre las implicaciones de comprometer vigencias futuras excepcionales por aproximadamente $4,218 billones, a precios constantes de 2026, durante el periodo comprendido entre 2027 y 2036. A su juicio, esta obligación de largo plazo requiere un análisis fiscal y jurídico antes de adoptar una decisión definitiva sobre la iniciativa.