La ley madrileña que incorpora a la unidad familiar al hijo concebido y aún no nacido es un avance significativo en la protección social y económica de las familias. La nueva norma , que cuenta con un precedente en Galicia, anticipará ayudas públicas a la fase de embarazo y, cuando se trate del tercer hijo, la familia tendrá la consideración de numerosa. La responsabilidad de las administraciones con la sociedad exige tomar partido por aquellas políticas constructivas que amparan valores objetivamente buenos. Además, en relación con la vida humana, hay que confrontar con el tabú impuesto por la tesis dominante de que el Estado solo debe propiciar el aborto o la eutanasia . Haya o no «invierno demográfico», la pregunta es si una Administración debe ofrecer condiciones favorables para el crecimiento de las familias y reducir las cargas que siempre acompañan la llegada de un hijo. La respuesta solo puede ser afirmativa y es tan evidente el beneficio social que causa este tipo de política que el ejemplo madrileño debería ser seguido por los demás gobiernos autonómicos por el PP, solo o en coalición con Vox.