La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal dedicada presuntamente a la explotación laboral de repartidores de paquetería en el Campo de Gibraltar. La operación, bautizada como "Alibaba", ha permitido detener hasta ahora a diez personas e investigar a otras dos, además de liberar a ocho víctimas e identificar al menos a 26 perjudicados por las condiciones impuestas por la trama.La red actuaba en las localidades de Algeciras, La Línea de la Concepción y Los Barrios, donde captaba a trabajadores extranjeros en situación de especial vulnerabilidad para emplearlos en el reparto de paquetes. Los detenidos están siendo investigados por presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, trata de seres humanos con fines de explotación laboral, delitos contra los derechos de los trabajadores y contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.La autoridad judicial ha ordenado el ingreso en prisión provisional de los dos principales responsables de la organización. La investigación sigue abierta y no se descartan nuevas detenciones.Una inspección laboral Las actuaciones comenzaron en agosto de 2025, después de una inspección en una nave de reparto de paquetería situada en Algeciras. En aquella intervención fueron localizados y detenidos cinco ciudadanos extranjeros que trabajaban en situación administrativa irregular.A partir de ahí, las pesquisas permitieron detectar una estructura organizada que obtenía importantes beneficios económicos mediante la explotación de trabajadores especialmente vulnerables. Según la investigación, la red captaba a sus víctimas a través de redes sociales, donde ofrecía empleos en empresas de reparto a personas con necesidades económicas o en situación de vulnerabilidad social.Una vez aceptaban las condiciones, los trabajadores eran alojados en viviendas gestionadas o alquiladas por los propios investigados. Esa situación generaba una fuerte dependencia económica y personal respecto a la organización.Jornadas de lunes a domingo y control constanteLos responsables hacían creer a las víctimas que formaban parte de la empresa y que cobrarían más en función del número de paquetes repartidos. Bajo esa premisa, realizaban jornadas extenuantes de lunes a domingo, con repartos continuados y manipulación de cargas pesadas para cumplir los objetivos fijados por los investigados.La Policía también ha constatado que algunos repartidores eran obligados a conducir furgonetas pese a no contar con el permiso correspondiente. En determinados casos, las condiciones eran tan precarias que los trabajadores llegaban a dormir en los propios vehículos usados para repartir.Los agentes comprobaron además que la organización mantenía un control constante sobre los repartidores y sobre la paquetería asignada a cada uno. Cuando algunos trabajadores obtenían autorización de residencia, los responsables les obligaban a darse de alta como autónomos, aunque desempeñaban su actividad bajo condiciones propias de una relación laboral por cuenta ajena.Con esta práctica, conocida como la figura del "falso autónomo", la red evitaba asumir costes laborales y responsabilidades empresariales, trasladando los riesgos económicos a las víctimas.Durante la investigación también se detectaron presuntas denuncias falsas por paquetes supuestamente extraviados o no entregados. Según las pesquisas, estas maniobras habrían permitido a los investigados apropiarse de paquetería que nunca llegaba a su destinatario final.La organización estaba formada por al menos ocho personas y gestionaba de forma coordinada tres empresas de reparto y una flota de hasta veinte furgonetas. Los investigados aprovechaban la asignación de zonas y códigos postales para distribuir la actividad entre las distintas sociedades bajo su control, cediendo repartidores entre ellas pese a saber que algunos carecían de autorización para trabajar en España.En la fase final de la operación se practicaron tres registros en inmuebles de Algeciras y La Línea, además de tres inspecciones laborales en centros de trabajo relacionados con la actividad investigada. Los agentes intervinieron abundante documentación sobre la organización y el control de los repartidores, y localizaron a varios trabajadores en situación administrativa irregular.La operación deja, por ahora, ocho víctimas liberadas y al menos 26 personas afectadas identificadas, aunque los investigadores no descartan que la cifra total de perjudicados sea mayor.