Con apenas 21 años, Mateo tiene toda una vida por delante y muchos planes en la cabeza. Quiere seguir formándose y, si es posible, convertirse en militar. Cuando llegó a España procedente de Colombia este sueño le parecía imposible. Ahora, lo tiene más cerca gracias a la regularización extraordinaria de migrantes impulsada por el Gobierno central, que ha recibido más de 1,1 millones de solicitudes.La de Mateo, que no se llama así pero de momento prefiere no dar su nombre, es una de ellas. Del total de 1.174.978 solicitudes recibidas por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, más de la mitad ya están en fase de tramitación de un proceso de regularización de migrantes que es el séptimo de la democracia. Andalucía es la cuarta comunidad con mayor volumen de solicitudes, con 161.557, solo por detrás de Cataluña (257.000), Comunidad de Madrid (202.000) y Comunidad Valenciana (167.000). Málaga (39.899), Sevilla (33.690), Almería (32.638), Granada (16.629), Cádiz (11.641), Huelva (10.359), Córdoba (9.951) y Jaén (6.750). Así se reparten las solicitudes por provincias andaluzas.Las personas entre 25 y 34 años (32,9%) son el grupo de edad más numeroso, seguido del grupo de personas de entre 35 y 44 años (21,9%). El 58% son hombres. Colombia (23,8%), Marruecos (20,3%) y Venezuela (8,6%), las principales nacionalidades. Con este esquema mental, volvemos a Mateo. Colombiano, 21 años, llegó hace poco más de año y medio a España para reencontrarse con su hermano mayor. En su país trabajaba como panadero y estudiaba bachillerato por las noches. “Cuando llegas, te estrellas con la realidad”, sostiene cuando atiende a lavozdelsur.es. "Quiero pagarme un curso y luego entrar en el Ejército"Mateo, colombiano En España, sus trabajos, claro, han sido sin contrato. En campañas agrícolas, recogiendo espárragos, montado y recogiendo la terraza de un bar —cobrando nueve euros la hora—, como ayudante de cocina o cuidando de personas mayores, y también fugazmente en la construcción. Mateo ya tiene en su poder su número de la Seguridad Social y el NIE. “Quiero pagarme un curso, y más adelante, si se puede, me gustaría entrar en el Ejército. Para todo eso necesito mis papeles: para trabajar, para tener un sustento, para pagar donde vivo, y para poder ayudar un poco a mi familia en Colombia cuando lo necesiten”, dice, mirando a futuro.“Cuando se anunció el proceso de regularización, lo recibí con una sonrisa, porque vi una oportunidad para mí y para mucha gente que también la estaba esperando, para poder estudiar, trabajar, o incluso irse a trabajar a otro sitio”, dice un joven colombiano al que ahora se le le abren muchas puertas que tenía cerradas.Yadira, venezolana: “Me veo teniendo calidad de vida; y aportando”Yadira Guerra dejó Venezuela en 2017. Como tantos otros venezolanos de su generación, primero probó suerte en Ecuador, donde permaneció nueve años junto a su familia. Pero la inseguridad terminó por empujarla a cruzar el Atlántico. En España la esperaban unos primos que llevaban ya tres años instalados y que le tendieron la mano para empezar de nuevo. Desde entonces han pasado un año y medio.Como le ocurre a buena parte de la población migrante, el título profesional que trajo consigo se quedó, de momento, en el cajón. Yadira es repostera y auxiliar administrativa de formación, pero en España no ha podido homologar sus estudios. Así que, desde que llegó, se ha dedicado a cuidar personas mayores, a trabajar de niñera o a limpiar casas, compaginándolo con clases de Administración en una escuela para adultos."Con la regularización podré aportar a España, devolviéndole un poco de lo mucho que nos ha dado"Yadira Guerra, venezolana "Lo más difícil ha sido estar irregular, sin papeles, y no poder trabajar con los beneficios que te otorga la ley, en trabajos que jamás imaginaste poder hacer. Pero he logrado salir adelante gracias a Dios", afirma.Para ella, la regularización no es solo un trámite administrativo, sino la posibilidad de acceder a un empleo acorde con su formación y sus necesidades, algo que hasta ahora se le había negado. Y también supone, dice, una manera de devolver algo a cambio."Con la regularización podré optar a un empleo más acorde con mis necesidades, ayudar a mi familia en Venezuela y también aportar a España, devolviéndole un poco de lo mucho que nos ha dado a los migrantes", sostiene."Me veo teniendo calidad de vida, que ya la tengo en la manera de lo posible, con un estilo de vida tranquilo, conociendo más España y trabajando por un futuro mejor", concluye.“Siento un alivio enorme”, dice Rosa, colombianaRosa no se llama así realmente, pero accede a dar su testimonio sin aportar su nombre. Sí su nacionalidad y edad: es colombiana, 47 años. Lleva un año y siete meses en España, todo ese tiempo en Rota, adonde llegó tras dejar atrás una vida hecha: un buen empleo en el área administrativa de una empresa y estudios universitarios en marcha. "Decidí darle un vuelco a mi vida", cuenta.“A veces la gente piensa que porque hablamos el mismo idioma está todo resuelto, pero no es así. El choque cultural es muy fuerte. Las costumbres son distintas y aprender a moverse en un nuevo país completamente sola es un reto", explica.En Colombia trabajaba en el área administrativa de una empresa. En España, sin embargo, sin documentación, su primer y único camino fue el cuidado de personas mayores. Cuando se anunció la posibilidad de la regularización, la noticia la llenó de esperanza. "Para mí fue una alegría infinita. Sentí un alivio enorme porque ese proceso me abre una infinidad de oportunidades”."Aprender a moverse en un nuevo país completamente sola es un reto"Rosa, colombianaSu solicitud fue aprobada la semana pasada. Ahora se encuentra tramitando el certificado digital y su inscripción en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) para empezar a buscar un trabajo acorde a su perfil. De momento cuenta con una autorización provisional, válida por tres meses, mientras espera la resolución definitiva.Cuando lo consiga, espera poder reunirse con sus hijos, a los que no ve desde su llegada a España. “No he podido salir. Esa también es otra de las dificultades. No poder ver a la familia es fuerte", confiesa. Su plan, cuando logre la estabilidad que busca, es traerlos con ella. Pese a las dificultades, mira hacia adelante con optimismo: "Es el principio de un nuevo comienzo", resume.Una respuesta a una realidad "incuestionable"Paco Morales, director de CEAin, una entidad social con 35 años de trabajo en la atención a personas migrantes por la que ha pasado la mayoría de solicitudes en Jerez y su entorno, no duda al calificar la medida como muy positiva. Para su organización, estos meses han sido especialmente intensos. Solo en Jerez y su entorno, CEAin ha atendido a más de 2.000 personas en relación con esta regularización, revisando 1.463 expedientes y emitiendo 1.271 informes de vulnerabilidad, uno de los tres supuestos —junto a la oferta de empleo o el vínculo familiar— que permitían acogerse al proceso.El proceso, insiste Morales, ha sido exigente: acreditar la estancia en España antes del 31 de diciembre de 2025, al menos cinco meses de residencia, y la ausencia de antecedentes penales tanto en España como en el país de origen, con la consiguiente complicación de trámites consulares y traducciones. "Para aquellos que van y siguen diciendo que ha sido un coladero", subraya en declaraciones a lavozdelsur.es."Nos ha tocado el papel de contar la realidad y los datos objetivos"Paco Morales, director de CEAinMorales, además, denuncia que una parte de los solicitantes llegó a CEAin tras haber pagado hasta 500 euros a gestorías o abogados por trámites que la entidad realiza de forma gratuita: "Me parece abusivo e inmoral".A la dificultad del propio proceso se sumó, según relata, un clima de desinformación: rumores sobre cupos, plazos y posibles anulaciones judiciales que generaron angustia entre los solicitantes. "Todo esto ha sido duro en primer lugar para las personas migrantes", señala, "pero a nosotros también nos ha tocado el papel de contar la realidad y los datos objetivos”."Vienen tiempos duros"Para Morales, la concesión de la autorización es solo la primera etapa. El verdadero desafío, señala, es que estas personas logren, en el plazo de un año, acreditar la contratación necesaria para renovar su situación, algo que demandan los propios sectores empresariales de la hostelería, la construcción, la agricultura y otros servicios. El director de CEAin rechaza de forma tajante los discursos que alertan de un supuesto colapso de los servicios públicos por la llegada de nueva población regularizada, recordando que se trata en su mayoría de población joven ya residente en el territorio desde antes del proceso, y que el impacto en el gasto sanitario, según los estudios disponibles, es mínimo.El cierre del proceso de solicitud ha coincidido con la formación de un nuevo Gobierno autonómico en Andalucía que ha situado la migración como un asunto prioritario —con la prioridad nacional de Vox como bandera—, y con la entrada en aplicación, desde el pasado 12 de junio, del Pacto Migratorio Europeo, que endurece los controles fronterizos y plantea devoluciones y externalización de la gestión migratoria a terceros países."Vienen tiempos duros", resume Morales, en un momento en que buena parte del debate público en torno a la inmigración se sostiene, a su juicio, más en la desinformación que en los datos.