El acuerdo de Gobierno entre PP y Vox en Andalucía, que ha hecho a Juanma Moreno presidente de la Junta por tercer mandato, incluye entre sus 150 medidas una contención frente a los fondos buitre. El texto recoge el compromiso de estudiar "fórmulas fiscales jurídicamente viables de carácter disuasorio para compradores extranjeros y operaciones especulativas o extractivas de fondos o sociedades" que contribuyan al encarecimiento de la vivienda, al acaparamiento de suelo residencial o a la expulsión de población local del mercado.Esta medida puede sorprender pero está en los últimos posicionamientos de Vox, especialmente a través de una figura, Carlos Hernández Quero, diputado en el Congreso y responsable de los temas de vivienda en la formación de Santiago Abascal. Éste se ha referido a cómo una serie de grupos económicos están expulsando a la gente de sus barrios y que hay que intervenir en el mercado para impedirlo. No está claro aún qué tipo de medidas se tomarán, pero hay cierto margen desde la legislación andaluza para ese desincentivo a los grandes grupos.políticaGavira (Vox), tras la toma de posesión de Moreno: "Creo que esta ola que recorre España va a acabar en La Moncloa" Pablo Fdez. QuintanillaNo es la única medida del bloque de vivienda, pues es uno de los más extensos del pacto. Ante lo que el documento califica de "grave crisis" que golpea especialmente a los jóvenes, ambos partidos se comprometen a modificar la Ley de Vivienda andaluza para agilizar los procesos urbanísticos y reducir las cargas que encarecen la construcción, además de levantar al menos 20.000 viviendas protegidas durante la legislatura mediante colaboración público-privada. El texto también deja constancia del "rechazo frontal y absoluto" a la Ley de Vivienda estatal del Gobierno de Sánchez.Ayudas al ITP, avales y alquiler con opción a compraEl capítulo fiscal en vivienda es también amplio. El Impuesto de Transmisiones Patrimoniales bajará un 0,25% cada año de legislatura y se ensanchan los límites para aplicar tipos reducidos: de 150.000 a 200.000 euros para menores de 35 años y personas con discapacidad, y de 250.000 a 300.000 para familias numerosas. Además, se creará una línea pública de crédito para financiar el pago del ITP durante diez años —con bonificación del 100% de comisiones e intereses— para estos colectivos y para viviendas en municipios en despoblación, sujeta a límites de renta. Esto se parece a lo que hay, pero sobre todo amplía las reducciones.economíaAndalucía llevará a cabo una fuerte bajada de impuestos con el pacto PP-Vox: desde vivienda hasta los 1.500 euros por nacimiento Pablo Fdez. QuintanillaLas familias numerosas contarán con avales públicos de hasta el 20% para lograr hipotecas del 95% de tasación, sin límite de edad. Los jóvenes, por su parte, seguirán con un Programa Primera Vivienda Joven —con ayudas al alquiler, aval público de compra que ya suma más de 2.850 beneficiarios y reserva de VPO— y un programa de alquiler con opción a compra que permitirá descontar del precio el 100% de lo pagado en renta. Con ambas medidas se pretende facilitar la emancipación de al menos 13.000 jóvenes.Prioridad nacional y mano dura contra la ocupaciónEl acceso a la vivienda protegida y al alquiler social se regirá por el principio de 'prioridad nacional': se exigirá un empadronamiento histórico mínimo de 10 años para compra y 5 para alquiler, y se valorará la trayectoria de cotización o tener familiares de primer grado en Andalucía. Puntuarán positivamente los perfiles más expuestos a la crisis, como menores de 36 años, familias numerosas o personas con discapacidad.La ocupación ilegal también centra varios puntos. Los condenados por allanamiento o usurpación en los últimos cinco años quedarán excluidos de la vivienda pública, y la ocupación se tipificará como infracción muy grave. El pacto garantiza además asesoramiento jurídico inmediato a los propietarios afectados mediante convenios con los Colegios de Abogados y exige la aplicación "estricta y sin excepciones" del desahucio exprés que permite la ley. Las primeras medidas llegarán antes de que acabe 2026, con la reforma normativa prevista para 2027.