“Es un parche. No es lo que estamos buscando”. La frase de Nicolás, de 20 años, resume el sentir que se repite entre quienes permanecen acampados en la Puerta del Sol contra el texto del primer real decreto sobre vivienda que se ha hecho público este miércoles. El joven, que todavía vive con sus padres y quiere independizarse próximamente, considera que las medidas presentadas se quedan lejos de las demandas del movimiento. “Lo que queremos es tener contratos indefinidos y que los precios bajen”, defiende. Una de las principales quejas que se repiten entre los acampados es el carácter temporal de estas medidas, que solo sirven para aplazar el problema. “No sirve aprobar un decreto que dure un par de años si después vamos a volver a lo mismo”, agrega Nicolás en conversación con infoLibre.Pese a estas críticas, compartidas por el Sindicato de Inquilinas, la organización ha pedido a los partidos que voten este viernes a favor de los dos decretos para que salgan adelante. Alicia del Río, portavoz del sindicato, ha defendido que los inquilinos necesitan “estabilidad” y que para eso hacen falta “contratos indefinidos”. También ha interpelado directamente a los diputados del Congreso, especialmente a los del PP: “¿Qué van a votar? ¿Van a estar del lado de las vecinas o, por el contrario, van a estar del lado de la especulación?”.“El viernes hay solo dos opciones: o votar a favor de la vida o votar a favor de la especulación”, ha añadido. Del Río sostiene que existe “una mayoría social que ha hablado” y una oportunidad para que salga adelante “el decreto de la estabilidad de las familias”, con el objetivo de que “no haya ni una Maricarmen más” y de garantizar “vidas dignas”.Ya el martes, desde el Sindicato de Inquilinas aseguraron que no iban a conformarse “con migajas” y, con las primeras informaciones que trascendieron, calificaron las medidas de insuficientes. En un comunicado de este miércoles, la Confederación de Sindicatos de Inquilinas ha insistido en que se trata de “una norma de urgencia” que “no podrá revertir décadas de políticas que han convertido la vivienda en un negocio”. Aun así, considera que se ha abierto “una ventana de oportunidad histórica para cambiar de una vez por todas las políticas de vivienda” y llama a mantener la movilización con la mirada puesta en una huelga general.Con el texto de este primer decreto ya publicado, las críticas se mantienen. El segundo, que regula la renovación automática de alquileres —principal motor de la convocatoria de esta acampada—, se conocerá este jueves.Una de las medidas de este primer decreto limita hasta 2028 la compra especulativa de vivienda por entidades que incluyan en su objeto social la adquisición de inmuebles cuando compren por debajo del 70% de su valor de tasación de mercado. El propio texto establece excepciones, entre ellas las viviendas destinadas a alquiler asequible durante al menos cinco años o los compradores adheridos a un Código de Buenas Prácticas pactado con la comunidad autónoma en la que se encuentren.Para Marcos, de 28 años, y que lleva ya dos noches en la Puerta del Sol, el límite del 70% desvirtúa la medida. “Me parece completamente insuficiente, creo que ese porcentaje no tiene ningún sentido, porque un fondo buitre no debería poder comprar una vivienda de ninguna manera”, sostiene. También cuestiona la duración de la prohibición: “La fecha tope, que es prácticamente un año, es absurda e insultante para toda la gente que está acampando aquí”.Diego, de 27 años, militante de Anticapitalistas y miembro del Sindicato de Inquilinas, considera que la propia definición de fondo buitre es demasiado técnica. A su juicio, el concepto debería abarcar a “cualquier empresa o fondo de inversión que compre vivienda para lucrarse a costa de la vida de las personas” y para maximizar beneficios.Natalia, de 23 años, también cuestiona el límite establecido. “Ese límite es absurdo”, afirma. Defiende que el debate debería ir más allá y plantear “si la vivienda debería estar en el mercado en la forma que está” y “si se puede hacer negocio con la vivienda de la forma en la que se está haciendo”.El decreto prolonga hasta 2030 la posibilidad de suspender determinados desahucios, pero no establece una suspensión general. Cuando existe una alternativa habitacional, el lanzamiento puede llevarse a cabo y, en los casos en los que no hay, la suspensión se limita a situaciones de vulnerabilidad. El texto también contempla que la suspensión pueda levantarse cuando desaparezca la vulnerabilidad, se ofrezca una alternativa adecuada y efectiva o transcurran tres años desde su adopción.La definición y aplicación de estos supuestos genera dudas entre los acampados. “Yo considero que cualquier persona en riesgo de desahucio es vulnerable. No tendría que ser un grupo específico”, plantea Emma, de 20 años, que acaba de plantar su tienda de campaña y se prepara para su primera noche.Natalia cuestiona también qué se entiende por vulnerabilidad y por alternativa habitacional. “¿Qué es vulnerabilidad?”, pregunta, antes de poner como ejemplo el caso de Maricarmen. “Lo que se está defendiendo aquí es que ella pueda quedarse en la casa donde ha crecido, que es su casa. ¿Por qué se va a tener que ir a otra parte?”, plantea.Para Diego, la medida es “totalmente insuficiente”. Defiende la prohibición de los desahucios y los contratos indefinidos con renovaciones automáticas. “Todos tenemos derecho a un hogar y derecho a vivir en nuestra propia casa”, sostiene.Lucía, de 24 años, introduce otro elemento: la evolución de las condiciones del alquiler. “Si tú pagas un alquiler a un precio determinado y de repente esas condiciones cambian, ahí es donde hay que incidir”, afirma. A su juicio, el problema no es únicamente evitar el desahucio, sino proteger la estabilidad de quienes han construido su vida alrededor de una vivienda y un barrio.El decreto permite también a los inquilinos con contratos vigentes hasta finales de 2028 solicitar prórrogas extraordinarias de hasta dos años, por períodos anuales, manteniendo las condiciones del contrato. La medida contempla excepciones, entre ellas determinadas situaciones en las que el propietario necesite recuperar la vivienda.Los acampados también ven insuficiente este horizonte temporal. Leire, de 25 años, y Álvaro, de 23, que viven con su abuela en el primer caso y sus padres en el segundo, porque no pueden permitirse una vivienda, lo resumen así: “No es suficiente. Es muy poco tiempo y al final es tu casa”.Diego reclama contratos indefinidos desde el primer momento. Aunque considera positiva la prórroga, advierte de que existen mecanismos que pueden permitir incrementos del alquiler.Otra de las medidas del decreto amplía las deducciones fiscales para propietarios que reduzcan el alquiler y contempla que una rebaja de más del 5% permitiría al propietario deducirse en el IRPF la totalidad de los ingresos obtenidos.Nicolás considera que la vivienda debería abaratarse “porque es algo humano” y no mediante privilegios fiscales para quienes poseen varias propiedades. “No por arrendar una casa debes tener privilegios. Es bajarles los impuestos a los ricos, a los que tienen capital”, afirma.Marcos califica la medida de “vergüenza” y considera que una rebaja del 5% resulta irrisoria ante los precios actuales. “Una rebaja sobre un precio ya desorbitado no va a cambiar nada y encima el propietario se va a beneficiar mucho más que el propio inquilino”, sostiene.Para Diego, estas ventajas fiscales suponen “beneficios para los caseros” y para quienes, según su valoración, especulan con la vivienda. “No hay que hacer ninguna concesión al rentismo”, afirma.Lucía matiza que las deducciones fiscales son una herramienta habitual y que podrían tener sentido con otros porcentajes, pero considera que la fórmula planteada parece buscar “contentar a todos”. Natalia, por su parte, interpreta la medida como una forma de “calmar las inquietudes de los arrendatarios” y reclama abordar el problema desde el Sindicato de Inquilinas y desde las organizaciones de vivienda.Entre quienes han llegado a Sol se repite, por tanto, una misma reclamación: que las medidas no sean temporales ni se limiten a amortiguar las consecuencias de la crisis, sino que modifiquen las condiciones que, según los manifestantes, han convertido el acceso a la vivienda en un problema estructural. “Hay que coger el problema de raíz y solucionarlo”, resume Emma. “Si no, va a volver en pocos años”.