La acampada por la vivienda ha cumplido su quinta noche y, sin visos de que los manifestantes quieran abandonar la Puerta del Sol, la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid han intensificado en las últimas horas su ofensiva para conseguir el desalojo de la plaza. El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha dado este jueves un paso más al llevar el pulso a los tribunales y ha añadido ahora un nuevo argumento: la protesta está provocando daños sobre bienes protegidos que podrían llegar a constituir, según el Ejecutivo autonómico, un delito de expolio contra el patrimonio cultural.La iniciativa se suma a la presión ejercida durante los últimos días por el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, que sostiene que la acampada “no es pacífica” por la presencia de adoquines, cuchillos, hornillos y otros elementos que considera potencialmente peligrosos. Almeida ha llegado a afirmar que algunos de esos objetos podrían utilizarse como “armas arrojadizas” o generar riesgos para la seguridad. El informe remitido posteriormente por el Ayuntamiento para respaldar esas afirmaciones aporta, sin embargo, fotografías en las que uno de los cuchillos señalados por el consistorio aparece junto a varias rebanadas de pan y un bote de hummus, mientras que los adoquines se utilizan como contrapesos para sostener estructuras y lonas de la acampada.Además del informe de la alcaldía, la Comunidad de Madrid ha formalizado este jueves un recurso ante la Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de Madrid en el que solicita a la Justicia que adopte medidas cautelarísimas para forzar a la Delegación del Gobierno a desalojar la acampada de la Puerta del Sol.Según han trasladado el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, la Abogacía General de la Comunidad de Madrid argumenta que se ha producido una “ocupación ilegal del espacio público” y que la Delegación del Gobierno tiene la obligación “imperativa” de ejercer sus competencias de “prevención y vigilancia” para garantizar la protección de las personas, los bienes y las instituciones.El martes, la Comunidad envió un requerimiento al delegado del Gobierno, Francisco Martín, en el que le recriminó su “inacción” y le dio un plazo de 48 horas para desalojar la plaza. Expirado ese plazo sin que se produjera el desalojo, el Ejecutivo autonómico ha decidido trasladar el pulso a los tribunales. Fuentes de la Delegación del Gobierno han trasladado a infoLibre que todavía no les consta el registro de la denuncia y que por ahora no van a tomar medidas al respecto. El gobierno regional ha adjuntado en dicho recurso un informe de la Dirección General de Patrimonio y Oficina del Español que constata, según la Comunidad, una “evidente y manifiesta afección física y directa” a dos Bienes de Interés Cultural: la Real Casa de Correos, sede de la Presidencia regional, y la escultura del Oso y el Madroño. El Gobierno de Ayuso sostiene que estos hechos “podrían constituir un delito de expolio contra el patrimonio cultural”.El informe recoge una “relación de daños” que incluye, respecto a la Real Casa de Correos, que algunas personas han trepado por la fachada utilizando ventanas y rejas como puntos de apoyo, han ejercido peso y tirones sobre elementos arquitectónicos o han realizado pintadas y grafitis.En el caso de la escultura del Oso y el Madroño, la Comunidad aprecia un “claro intento de desvirtuar un bien patrimonial que forma parte de la historia colectiva de todos los madrileños”. Denuncia que varias personas se han subido sobre ella, que se han colocado pegatinas y que se han instalado cuerdas, banderas y otros objetos sobre la escultura.El Ejecutivo autonómico también argumenta que la ocupación de la plaza dificulta “la visión, el acceso y el disfrute del espacio protegido” e impide inspeccionar determinadas zonas para comprobar la existencia de otros posibles deterioros.Uno de los argumentos planteados alrededor de la acampada ha sido también el posible riesgo de que la ocupación de Sol dificulte la llegada o la actuación de los servicios de emergencia. La propia Ayuso ha reclamado este jueves que se garantice espacio suficiente para el paso de ambulancias.Sin embargo, un informe elaborado por los Bomberos del Ayuntamiento de Madrid no aprecia una afección significativa para una posible intervención. Tras inspeccionar los accesos a la plaza, los efectivos concluyen que la disposición de la acampada “no supone una afección significativa a las condiciones de acceso de los vehículos del Servicio de Bomberos”.El documento constata además que los principales accesos a Sol permanecen disponibles para vehículos de emergencia y que las tiendas de campaña no están ancladas al suelo, por lo que podrían retirarse rápidamente si fuera necesario.El pulso entre las tres administraciones también se ha convertido en una disputa sobre los límites del derecho fundamental de reunión. La Constitución reconoce en su artículo 21 el derecho de reunión pacífica y sin armas, mientras que la legislación permite disolver una concentración cuando se producen alteraciones del orden público que generen peligro para personas o bienes.Ese es precisamente el supuesto que Ayuntamiento y Comunidad tratan de acreditar con sus informes sobre seguridad, orden público y patrimonio, mientras que la Delegación sostiene que no concurren por ahora circunstancias suficientes para poner fin a la protesta.La decisión judicial que se adopte ahora tampoco tiene por qué cerrar el conflicto. Si se acordara una medida que restringiera el derecho de reunión, los afectados podrían recurrir por las vías judiciales correspondientes y, una vez agotadas, acudir en amparo al Tribunal Constitucional alegando una posible vulneración del artículo 21. El Constitucional ya ha examinado en distintas ocasiones restricciones de manifestaciones y ha establecido que cualquier limitación de este derecho debe estar suficientemente motivada y superar un juicio de proporcionalidad. Así ocurrió con las manifestaciones del 8M de 2021 en Madrid, cuya prohibición durante la pandemia fue anulada después por el tribunal.