Los dos reales decretos ley aprobados por el Gobierno tras el desahucio de Maricarmen combinan medidas urgentes de protección para los inquilinos con reformas fiscales y judiciales. El Ejecutivo los presenta como respuesta a la movilización social por el derecho a la vivienda, pero para Podemos, BNG y Compromís se quedan en un “parche”. En el caso de la formación morada, además, la insuficiencia de las medidas mantiene en el aire su voto del próximo viernes. Junts, que tampoco ha desvelado qué hará, se ha mostrado “decepcionado y preocupado” por las medidas en materia de vivienda. El PP, por su parte, ya ha anunciado que votará en contra de ambos decretos.La presión de las organizaciones de inquilinos de toda España, sumada a la acampada de la Puerta del Sol y a las protestas impulsadas en otras ciudades, ha acelerado la aprobación de un paquete de medidas que el Ejecutivo tenía pendiente. Desde el Gobierno recuerdan, además, que parte de estas iniciativas ya se habían intentado sacar adelante anteriormente: “Ya se han intentado tomar medidas y la derecha las ha tumbado”.En una asamblea a última hora de la tarde del martes, portavoces del Sindicato de Inquilinas insistieron en que sus peticiones son "de mínimos". El sindicato se ha mostrado crítico anteriormente con otras medidas que recoge el decreto, como las bonificaciones fiscales a los caseros. “Ahora mismo, un casero en este país ya disfruta de bonificaciones de hasta el 90% en zonas tensionadas. Hablamos de que tenemos un sistema fiscal que en el fondo lo que está haciendo es premiar la extracción de rentas y castigar al trabajador”, señalaba Carme Arcarazo, portavoz del Sindicat de Llogateres de Cataluña, en una entrevista con infoLibre.El texto de los decretos busca que las comunidades autónomas se involucren en las alternativas habitacionales en casos de desahucio. Jon Bakaikoa, responsable federal de modelo urbano en Izquierda Unida, interpreta que la medida pretende “atar en corto a las CCAA” para que no queden al margen de su responsabilidad residencial. También obliga a los grandes tenedores a identificarse como tales en los procedimientos judiciales, lo que dificulta que eludan el régimen reforzado previsto cuando hay hogares vulnerables.Sin embargo, este cambio no resuelve la carencia de viviendas públicas para realojo. Sin parque disponible y sin financiación suficiente, la obligación de ofrecer una alternativa puede seguir chocando con la misma realidad que hasta ahora ha dejado a miles de personas entre el juzgado y los servicios sociales.El Gobierno entra de lleno con estos decretos en el alquiler por habitaciones. A partir de ahora, la suma de las rentas de todas las habitaciones alquiladas simultáneamente en una misma vivienda no podrá superar el precio que tendría el alquiler del piso completo. En las zonas de mercado residencial tensionado, además, esa renta total deberá respetar las limitaciones de precios previstas en la Ley de Arrendamientos Urbanos. El cambio afecta directamente a una modalidad que ha ganado terreno en las grandes ciudades y en la que el alquiler separado de las habitaciones permite en determinados casos obtener una renta total muy superior a la del piso completo.Los decretos contemplan también una prórroga extraordinaria de hasta dos años para contratos de alquiler y se limita de forma extraordinaria la actualización de las rentas cuando el nuevo precio supere la referencia estatal de alquiler. Bakaikoa considera que esta medida puede tener un “impacto muy relevante”, aunque advierte de que las prórrogas no son una solución estructural.En el texto, el Gobierno introduce una definición económica de vivienda asequible que será aquella en la que el precio de venta o alquiler no supere el 30% de la renta mediana de la unidad de convivencia habitual del municipio donde esté situada la vivienda. En los alquileres asequibles tampoco podrán utilizarse los gastos vinculados a anexos para elevar el precio de la vivienda.La medida establece así un límite ligado a la capacidad económica de los hogares de cada municipio en lugar de una cifra homogénea para todo el territorio.Las bonificaciones de IRPF de los arrendadores quedan vinculadas a la reducción de la renta. Bakaikoa aprecia el cambio de orientación, pero considera que el Gobierno se queda corto y propone: “Si no bajas, no ‘te bonifico menos’, sino que te recargo”. La norma incorpora, además, una deducción estatal para inquilinos y una exención para particulares que vendan viviendas a administraciones públicas.En materia turística, el texto establece un IVA del 10% para alojamientos turísticos y permite recargos de hasta el 150% en el IBI municipal, al tiempo que extiende los recargos sobre viviendas vacías. La reforma fiscal de las socimis busca, además, condicionar sus ventajas a que ofrezcan alquileres asequibles. Es un avance, pero la efectividad dependerá de cómo se defina ese concepto y de la capacidad de control de las administraciones.También enfocado al turismo, uno de los cambios de mayor alcance será el del alquiler temporal. El Ejecutivo quiere cerrar una de las vías que considera que se están utilizando para evitar las obligaciones del alquiler de vivienda habitual. A partir de ahora, un contrato temporal deberá responder a una causa real y acreditable que justifique el desplazamiento del inquilino. Su duración deberá superar los 31 días y, con carácter general, no podrá exceder de doce meses, aunque se podría prolongar si está justificado.Sin justificación, y si hay renovación o sucesión de más de dos contratos, entre las mismas partes y vivienda hará que el arrendamiento pase a considerarse de vivienda habitual.La reforma más prometedora es el blindaje de la calificación permanente de las viviendas protegidas promovidas por Casa47. Para Bakaikoa, esta medida puede sentar “las bases de la resolución del problema estructural a medio/largo plazo”, al impedir que el parque estatal vuelva al mercado libre. El decreto habilita, además, la cesión de inmuebles estatales —incluidos los de la Seguridad Social— a Casa47 y amplía créditos ICO para promotores públicos de vivienda social.Entre las novedades destinadas a facilitar el acceso a la propiedad aparece 'TU CASA', un programa que permitirá conceder préstamos de hasta 50.000 euros sin intereses, con un periodo de carencia hasta que finalice el pago de la hipoteca o durante un máximo de 30 años. Después existirá un plazo de diez años para devolver el préstamo, también al 0%.A cambio de acogerse a esta financiación de 'TU CASA', las viviendas adquiridas quedarán sometidas permanentemente a un precio máximo de transmisión.