La vivienda ha dejado de ser únicamente uno de los grandes problemas que afronta la ciudadanía para convertirse en una prueba de fuego para el Gobierno de Pedro Sánchez y la legislatura. Desde el 23J y a lo largo de estos tres años —al igual que sucedía en la etapa anterior con Unidas Podemos— las dos formaciones del Ejecutivo han demostrado que no comparten sus políticas ni su diagnóstico sobre cómo mejorar la situación del mercado de la vivienda. Sumar apuesta por políticas más intervencionistas mientras que el PSOE busca contentar también a los propietarios. Y, cuando sus socios le han exigido más, el ala socialista se ha refugiado en Junts como pretexto para no ir más allá.Es más, fuentes de Moncloa explicaron a infoLibre el pasado viernes que no estaba previsto llevar al Consejo de Ministros de este martes el decreto, pero tras el desahucio de Maricarmen, la manifestación del sábado en Madrid y la posterior acampada en la Puerta del Sol, la izquierda alternativa ha elevado la presión. Una exigencia que llega desde la calle y también por parte los socios parlamentarios, pero que a su vez choca con el hecho de que el real decreto-ley tendrá que pasar el escrutinio del Congreso y, para ello, necesita también a la derecha independentista.Ese doble movimiento —la presión desde la izquierda y la necesidad de ensanchar el acuerdo hacia Junts— sitúa al Ejecutivo ante uno de esos momentos que marcarán la legislatura. El politólogo Pablo Simón enmarca las movilizaciones por la vivienda en lo que el sociólogo James Jasper denomina un “shock moral”, un acontecimiento que permite a un movimiento social captar atención mediática y política. “Estamos en un contexto en el que quienes sufren la crisis de la vivienda son colectivos descentralizados y anónimos: migrantes, jóvenes, etcétera. Y tenemos un catalizador, que es este shock moral, que permite colocar en el centro de la agenda la que ya es una de las principales preocupaciones de los españoles”, explica a infoLibre.El Gobierno debe decidir hasta dónde llega con las medidas de vivienda, cuánto está dispuesto a ceder a sus socios y si es capaz de recomponer una mayoría parlamentaria que ya ha hecho descarrilar anteriores iniciativas en esta materia, como sucedió el pasado mes de abril. “A diferencia del 15M, esta acampada es sectorial, no general. Y, en segundo lugar, tiene interlocutores y demandas claras, pilotadas sobre todo por el Sindicato de Inquilinas. Por lo tanto, estamos ante un momento que, a mi juicio, es relevante dentro de la legislatura”, analiza Simón.El domingo, Sánchez aseguró que el Gobierno trabaja “contrarreloj” para aprobarlo antes de que acabe septiembre. En un mensaje dirigido directamente a Maricarmen, reclamó después a los grupos parlamentarios un esfuerzo para lograrlo. Sin embargo, eso no implica que la parte socialista del Gobierno haya asumido íntegramente el paquete de medidas que el Sindicato de Inquilinas ha bautizado como “decreto Maricarmen”. Simón se muestra cauto respecto al alcance del real decreto ley. “Creo que se está generalizando un equívoco: pensar, primero, que ese decreto va a poder contener una gran cantidad de medidas capaces de satisfacer a todo el mundo y, segundo, que va a resolver el problema de la vivienda. Las dos ideas son equivocadas”, subraya.Lo que reclama el socio minoritario, entre otras cuestiones, es impedir los desahucios de personas vulnerables cuando no exista una alternativa habitacional, poner límites a los alquileres de temporada y por habitaciones, congelar las rentas, ampliar las prórrogas de los contratos y avanzar hacia renovaciones automáticas que den mayor estabilidad a los inquilinos. No es, sin embargo, solo una pugna sobre medidas concretas. Para Sumar y las formaciones de la izquierda alternativa, una respuesta limitada podría alimentar la percepción de que el Gobierno no está siendo capaz de trasladar ese malestar social a decisiones efectivas.El profesor de la Universidad Carlos III recuerda que el Gobierno no dispone por sí solo de una mayoría parlamentaria suficiente para sacar adelante todas las propuestas que quisiera y que, por tanto, necesita alcanzar compromisos con sus socios. Esa circunstancia, señala, también alimenta la competencia dentro del espacio de la izquierda. En Moncloa coinciden y consideran que Sumar necesita “escenificar” su autonomía frente al PSOE después del esfuerzo que supuso construir el actual espacio político y consideran que todavía está por ver hasta dónde puede llegar la presión sobre el Ejecutivo. Sobre la posibilidad de una ruptura de la coalición, ninguna de las dos partes contempla ese escenario por el momento.La disputa, según esta lectura, trasciende además la política estrictamente vinculada a la vivienda. En los próximos meses habrá también una competencia para determinar quién logra encabezar la movilización social y quién consigue apropiarse políticamente de las demandas de la calle. “Hay una pugna por quién encabeza las calles”, resume una fuente de Moncloa, que sitúa esa competencia tanto entre los distintos espacios de la izquierda como en la relación entre los movimientos sociales y las organizaciones políticas. Además, admite que Sánchez no se había encontrado durante esta etapa con una presión organizada a su izquierda de estas características.El PSOE da por hecho que aprobará el texto de vivienda y ha defendido que existirá otra oportunidad para que el Congreso vote medidas dirigidas, entre otros objetivos, a reforzar la protección frente a los desahucios. Pero los problemas, según Simón, no acabarán ahí. “Lo relevante es que los desahucios van a continuar. Si no se trata de un gran tenedor, si el propietario es un particular o si la persona afectada no está considerada en situación de vulnerabilidad, vamos a seguir viendo estas dinámicas”.Ese es también uno de los dilemas que reconocen en el PSOE. Las medidas que afectan a los grandes tenedores no plantean el mismo problema político que aquellas que alcanzan a propietarios particulares que “complementan” sus ingresos con los alquileres. En Moncloa identifican que una parte de estos últimos pertenece a las clases medias y forman parte del propio electorado socialista Ahí reside una de las dificultades centrales de Sánchez: la imposibilidad de satisfacer simultáneamente las demandas de los inquilinos más afectados por la crisis, las exigencias de sus socios parlamentarios y los intereses de una parte de sus propios votantes arrendadores.La acampada de Sol ha añadido un elemento que no estaba presente con la misma intensidad cuando el Ejecutivo decidió aplazar durante el verano su iniciativa de vivienda por falta de apoyos. La negociación parlamentaria se desarrolla ahora con una movilización social a las puertas y después de que un desahucio concreto haya proporcionado un rostro reconocible a una crisis mucho más amplia.El Sindicato de Inquilinas ha convertido el Consejo de Ministros de este martes en una primera prueba. Los partidos situados a la izquierda del PSOE han recogido esa presión y reclaman que el paquete llegue lo más completo posible. El PSOE, por su parte, intenta demostrar que puede responder a la movilización sin repetir una derrota parlamentaria. Y Junts dispone una vez más de votos imprescindibles para determinar hasta dónde puede llegar el Ejecutivo.El Gobierno de Sánchez queda así atrapado entre varios escenarios difíciles. “Si no sale el real decreto ley, es un fracaso y vamos a ver un juego de reparto de culpas entre los diferentes socios parlamentarios”, señala Simón. “Si sale pero algún socio se descuelga, vamos a seguir teniendo el mismo problema de presión y de tensiones entre ellos”, sintetiza. Incluso si finalmente existe acuerdo, añade, la aprobación de la norma no eliminará el conflicto: “Nos podemos seguir encontrando con desahucios que se van a producir. Y entonces se pondría de manifiesto la incapacidad del Gobierno para desarrollar plenamente ese escudo social”.