El decreto de vivienda ha demostrado ser un puzle muy difícil de armar desde el punto de vista político, pero su ausencia marca una evidente injusticia para la sociedad, que ha dicho un sonoro “basta” en la manifestación de este sábado. El Gobierno se ha comprometido a llevar el Real Decreto de Vivienda al Consejo de Ministros de este martes, mientras continúa una negociación agónica. Pero ¿qué medidas se están negociando y cómo se posiciona cada grupo?El socio más conflictivo al que debe convencer el Gobierno es Junts, aunque también Podemos ha puesto algunas condiciones para aportar su voto, como evitar normas destinadas a agilizar los planeamientos urbanísticos. Entre los socios de investidura, Sumar y Podemos llevan tiempo tratando de intervenir el mercado; Junts se escora hacia las posiciones del PP y lo rechaza, insistiendo en crear beneficios fiscales a los caseros y medidas antiocupación para pequeños propietarios. El PSOE, por su parte, trata de cuadrar el círculo con una presión mediática sin precedentes en la actual crisis de vivienda.La semana ha comenzado con una foto de la izquierda alternativa frente al hospital Gregorio Marañón de Madrid. Portaban carteles con una foto de Maricarmen exigiendo la aprobación del decreto “íntegro”. Estaban representantes de Sumar, Podemos, BNG, Compromís, ERC y Bildu. Todos han exigido que el decreto de vivienda avance ya y lo haga íntegramente. Desde el PSOE, el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, señaló en la mañana del lunes que el decreto sería "ambicioso", pero declinó dar detalles, al igual que el Ministerio de Vivienda, que hasta el momento solo ha dado a conocer una lista. A última hora del lunes, un borrador al que ha tenido acceso infolibre contaba algunas de las propuestas que el Gobierno ha puesto sobre la mesa y que rebajan la pretensión de los sindicatos. Primero, propone prohibir los desahucios a personas vulnerables hasta 2028. Segundo, rebaja la pretensión de crear contratos indefinidos de por vida, como pide el sindicato, hasta una prórroga de dos años cuando finalice el contrato en vigor. El texto concreto de la propuesta no ha trascendido, pero sí diez puntos generales de los que ha informado Vivienda. Incluyen cuestiones como prohibir la compra a los fondos buitre, estabilizar los contratos de alquiler (aunque sin especificar cómo), proteger frente a los desahucios, regular el alquiler de temporada, subir el IVA a los pisos turísticos, establecer bonificaciones fiscales para los inquilinos y para los propietarios que alquilen por debajo del precio de mercado, conceder ayudas a la compra de vivienda, blindar la vivienda pública y, finalmente, una bajar el IVA a la construcción de vivienda protegida con calificación permanente.Algunas de estas propuestas, como la extensión de los contratos, se llevan discutiendo desde que PP, Vox y Junts votaron para que desapareciera –a finales de 2025– la prórroga de los alquileres que contemplaba el decreto de medidas aprobado en la pandemia. Posteriormente, en marzo de este año, se aprobó un segundo decreto a petición de Sumar en Consejo de Ministros para forzar otra prórroga de los alquileres, pero decayó al mes siguiente al no superar el trámite parlamentario con los mismos votos en contra. De ahí la línea roja de quienes están acampados en Sol: “Contratos indefinidos, contratos indefinidos y contratos indefinidos”, protestó Alicia del Río, portavoz del Sindicato de Inquilinas.Sin embargo, fuentes del Ejecutivo señalan que articular una prórroga automática de los alquileres requiere de más tiempo y de un análisis técnico previo que podría retrasar su inclusión en el decreto. Los miembros de la agrupación sindical, que permanecen acampados junto con centenares de personas en la Puerta del Sol de Madrid, han dejado claro que seguirán peleando hasta que los acuerdos de alquiler sean “de por vida”, aunque no han puntualizado si extenderán la acampada de no salir adelante el decreto. Sus puntos imprescindibles son cuatro: la ya mencionada renovación automática de los contratos, limitar los alquileres por habitación, congelar durante dos años su precio y prohibir los desahucios sin alternativa habitacional. Sobre los topes de precios que pide el sindicato, el ejecutivo los ve viables, aunque fuentes de Vivienda señalan que eso es una competencia de las autonomías y que el Gobierno no puede establecerlo sin contar con ellas. De hecho, la Ley de Vivienda recoge la posibilidad de que se aplique la calificación de zona tensionada. Un mecanismo que permite topar los precios cuando un mercado es muy caro.En la comparecencia improvisada de la izquierda alternativa ante el Gregorio Marañón, algunos de los presentes puntualizaron su posición con respecto a ciertas propuestas. Para Podemos, los cuatro puntos que han propuesto los sindicatos en el conocido como decreto Maricarmen son un "mínimo" y el diputado Tito Morano ha pedido "ir más allá e intervenir sobre los fondos buitre". Esto sí aparece en la propuesta del Gobierno, aunque no está entre las reclamaciones más urgentes de los manifestantes.Javier Rubio, abogado del Sindicato de Inquilinas, explica a infolibre que la idea es "encaminar el mercado de la vivienda en la misma línea que se ha hecho con el mercado laboral". Es decir, haciendo que los contratos sean por defecto indefinidos y solo se pueda justificar un desahucio bajo unos preceptos concretos. "El punto es que sea imposible extinguir el contrato sin causa justificada", concluye.En este punto es donde entra la importancia de regular el alquiler vacacional, de forma que un edificio de viviendas no pueda ser vaciado de vecinos para convertirlo en vivienda turística. Algo que además afecta con mayor contundencia a los mercados más tensionados.Este cerco a la especulación se completa con un mayor control de los contratos por habitación. Esto es así porque, cuando un inquilino suscribe uno de estos acuerdos, es mucho más sencillo desahuciarle. Además, no hay ninguna regulación que limite las subidas anuales de precio, como sí ocurre con los contratos genéricos, cuya evolución está sujeta al IPC o al IRAV.Finalmente, el último reclamo de los sindicatos está en prohibir cualquier tipo de desahucio que no cuente con una respuesta previa de los servicios sociales y con alternativa habitacional, para que no se repita, dicen, lo que le ha ocurrido a Maricarmen.