Firmar un acuerdo nacional y hacer ajuste fiscal gradual: Entre las acciones estratégicas para corregir el rumbo de Colombia

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Lanzamiento del Economic Survey de la OCDE 2026.Foto: Valora Analitik.Durante el lanzamiento del Economic Survey de la OCDE 2026, las principales autoridades económicas del país debatieron la gravedad del déficit fiscal, la persistencia de la inflación y la urgencia de un ajuste estructural.El debate fiscal estuvo marcado por la magnitud del esfuerzo presupuestal que requiere el país. Juan Sebastián Betancur, viceministro técnico de Hacienda, afirmó que la máxima prioridad nacional debe ser acordar un ajuste fiscal de $95 billones (4,7 % del PIB), cifra que catalogó como el «mínimo técnico» indispensable para estabilizar la deuda pública.Betancur advirtió sobre el riesgo inminente de no concretar este consenso: sin un ajuste fiscal aprobado, Colombia tendría que salir a buscar en los mercados internacionales US$26.000 millones en 2027, un monto cinco veces superior al promedio histórico de US$5.000 millones, lo cual, según dijo, resulta financieramente inviable.Así mismo, explicó que medidas controvertidas del proyecto de ley de rescate, como los incentivos tributarios del RUGE por 16 años, buscan frenar el desplome de la inversión privada ofreciendo estabilidad jurídica en los años de mayor desaceleración.Desde la perspectiva de la política monetaria, Leonardo Villar Gómez, gerente general del Banco de la República, señaló que la aceleración inflacionaria de 2025 y 2026 estuvo estrechamente vinculada a la expansión del gasto público y al incremento del costo salarial por hora del 28 %, factores que desalinearon las expectativas inflacionarias y obligaron a llevar la tasa de interés al 12,25 %.De cara a las decisiones inmediatas, Villar reiteró la necesidad de fijar incrementos del salario mínimo acordes con la productividad y la convergencia hacia una inflación del 3 % en el marco de la negociación entre el Gobierno, los empresarios y las centrales obreras.Al respecto, recordó que más del 50 % de los trabajadores en Colombia gana menos de un salario mínimo y que la inflación es el impuesto más regresivo para los hogares pobres. También advirtió que mantener tasas altas para contener presiones originadas en el gasto público genera costos sociales elevados que pueden erosionar la credibilidad del emisor y el respaldo ciudadano a la independencia del Banco de la República.Rigidez presupuestal y evaluación del gasto públicoAída Caldera, jefe del Departamento de Economía de la OCDE, enfocó la mirada en la inflexibilidad presupuestal de Colombia, donde $15 de cada $100 del gasto están atados por ley o por la Constitución. La vocera advirtió que cuando los gobiernos no abordan los gastos inflexibles, terminan recortando la inversión pública por ser el rubro más fácil de ajustar, lo que arrastra a la inversión privada y destruye el potencial de crecimiento a largo plazo.“No son no son cambios que se pueden hacer rápidamente, pero lo que hay que tener en cuenta es que, si no se atajan esas presiones desde del Presupuesto, hay poco margen”, dijo Caldera.Para solucionar esta trampa presupuestal, la OCDE propuso tomar el ejemplo de países como Chile para auditar partidas amplias del gasto y eliminar ineficiencias, así como otorgar mayores competencias y financiamiento garantizado al Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) para elevar la transparencia.Por su parte, Juan Carlos Ramírez, presidente del CARF, respaldó la necesidad de hacer creíble la Regla Fiscal y sugirió integrar la planeación del Presupuesto General de la Nación con los recursos regionales y el Sistema General de Regalías para no cargar todo el ajuste sobre el gobierno central.“Recobrar la vigencia de la actual Regla Fiscal es difícil. El Gobierno tendría que hacer un ajuste de casi seis puntos de PIB durante el año siguiente. Eso es prácticamente imposible política, institucional y legalmente. Una de las propuestas del proyecto de ley de rescate económico es que el Gobierno establezca sus propias metas inicialmente”, indicó.También destacó que la iniciativa del Gobierno que empezará a discutirse en el Congreso la primera semana de diciembre le otorga al CARF una participación más activa y directa en la definición de los parámetros técnicos sobre el balance primario y las metas fiscales.De hecho, según el articulado, los análisis, conceptos e informes elaborados por el CARF deberán ser discutidos de manera explícita y formal en el seno del Consejo Superior de Política Fiscal (Confis) y en caso de que existan discrepancias técnicas o desacuerdos con el MinHacienda sobre las proyecciones y el cumplimiento fiscal, ambas posturas deberán ser presentadas y debatidas públicamente ante el Congreso de la República.¿Qué debe hacer Colombia en el futuro cercano?Al proyectar el panorama hacia el año 2030, los panelistas coincidieron en cuatro acciones estratégicas que el país debe ejecutar desde ahora: llegar a un acuerdo nacional fiscal, evitar caer en el cortoplacismo, revisar las reformas estructurales del gasto e implementar un paquete fiscal gradual y creíble.En primer lugar, consideran que es imperativo lograr el consenso entre el Ejecutivo, el Congreso y el sector privado para estabilizar la deuda pública y recuperar la confianza de los mercados internacionales. También recomiendan mantener la persistencia en las metas macroeconómicas de largo plazo (inflación baja y finanzas equilibradas) en lugar de tomar decisiones coyunturales trimestre a trimestre.Otra de las sugerencias puestas sobre la mesa esaprovechar la coyuntura para reformar de fondo los grandes motores del gasto inflexible, incluyendo el sistema pensiones, la salud, los subsidios a combustibles y el Sistema General de Participaciones. A esto se sumaría una estrategia que combine la disciplina tributaria con incentivos reales a la productividad y la inversión privada para volver a tasas de crecimiento sostenibles.