53: más universidades privadas (y chiringuitos) que públicas

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Sobran ya estudios académicos y estadísticos que demuestran la relación directa entre inversión pública en educación, crecimiento económico y de la productividad, reducción de la desigualdad, mejora de los índices salariales e impulso del ascensor social. Un país no progresa si no lo hace su apuesta por la educación y la cultura, del mismo modo que la convivencia pacífica y la solidez democrática se deterioran cuanto más imperen la ignorancia y el clasismo en la educación. Por algo aquel dramaturgo nazi pronunció la terrible soflama (atribuida con alguna variación a Joseph Goebbels) “cuando oigo hablar de cultura, le quito el seguro a mi Browning”, en España superada por el bárbaro y asesino tuerto Millán-Astray: “¡Muera la inteligencia!”, aplicada con el gatillo y el exilio por la dictadura franquista y muy acorde con la gracieta instalada en la atemorizada ciudadanía: “Pasas más hambre que un maestro de escuela”. Telegramas: el salario bruto anual al inicio de la carrera docente en Primaria es de 33.905 euros, mientras la media en otros 14 países europeos analizados asciende a 46.956, o sea, casi un 28% menos (ver aquí). En Secundaria la diferencia es similar. Stop. Los profesores españoles necesitan 39 años de ejercicio para alcanzar su salario máximo, frente a los 27 años de media en los países estudiados. Stop. La inversión pública en educación se acerca al máximo al que llegó en 2009, en torno al 5% del PIB, pero continúa tres décimas por debajo de la media europea. Stop. El gasto por alumno no universitario oscila entre los 12.500 euros del País Vasco y los 6.500 de Madrid, la comunidad que menos invierte pese a ser la más rica. Stop. El número de universidades públicas en España sigue anclado en 50 desde 1998. En aquella misma fecha existían 14 universidades privadas, la mayoría vinculadas a órdenes religiosas o con una larga trayectoria académica. Stop. En los próximos meses las privadas superarán a las públicas por primera vez en la historia, al alcanzar las 53 entre las que funcionan y las que tienen muy avanzados los trámites de autorización por las comunidades autónomas. Stop. Desde mediados de este mismo año, las que declaran ánimo de lucro son ya más que las no mercantiles, pertenecientes a entidades religiosas o fundaciones (ver aquí). Stop. El informe PISA 2025 deja un balance muy negativo para la educación en España: con caídas de 16 puntos en ciencias, 29 en matemáticas y 45 en lectura en la última década. Y con el sorprendente dato de que el rendimiento de los alumnos más ricos baja más del doble que el de los más desfavorecidos (ver aquí). Stop.Dejemos a los expertos y expertas el análisis de las razones de ese deterioro y qué relación guarda con la explosión en el uso de móviles, tabletas e Inteligencia Artificial. Y recordemos algo que atraviesa los datos tanto de gasto público por alumno como de salarios del profesorado como de crecimiento exponencial de universidades privadas centradas en la prioridad de los beneficios empresariales: las competencias fundamentales en Educación son de las comunidades autónomas, aunque haya una legislación estatal o paraguas común que deben respetar los gobiernos autonómicos.Y la conclusión es tan diáfana como preocupante de cara a las elecciones de este 29N: PP y Vox impulsan una privatización sin límites en el campo de la educación, con la vieja (y falsa) excusa de que cuanto más se “liberalice”, más “libertad” para los ciudadanos (ver aquí). O sea, conciben la educación –igual que la sanidad, la vivienda, o las pensiones en cuanto puedan dejar de disimular– como un mercado, y a los ciudadanos como simples consumidores. Aplican al Estado del bienestar –el mayor e indiscutible logro colectivo y transversal desde la Segunda Guerra Mundial– el mantra aznarista de “quien pueda hacer que haga” con la traducción neoliberal de “el que pueda pagar, que pague”. El que no, a la cuneta, al abandono, a la pobreza… y hasta al infierno si fuera por la actitud de una buena parte de la jerarquía católica, que no se cansa de pedir el voto para las derechas desde la recuperación de la democracia, como ya hizo durante la República. El que pueda hacer, en exclusivo beneficio de sus intereses, que haga. Cuesta muchísimo entender que gobiernos progresistas aún actúen con paños calientes y mantengan prebendas de la Iglesia en un Estado aconfesional que debería avanzar hacia el laicismo con todas las consecuencias.¿Qué proponen exactamente en sus programas? El PP lo que ya practica en las once comunidades que gobierna: libertad de elección total y más dinero para conciertos (un sistema que quizás en 1985 tuvo algún sentido) pero que hoy tiene una justificación más que dudosa. Vía libre a las universidades para que ellas mismas decidan “cómo organizarse, a cambio de rendir cuentas ante la sociedad, sobre la empleabilidad de sus titulados, la calidad de su investigación y su proyección internacional” (punto 217 del programa). Se compromete a “sustituir la burocracia de la acreditación por criterios sencillos y transparentes” que, por supuesto, no explica. Vox comparte –obviamente– la libre elección y la facilidad total para el negocio privado, con el añadido explícito de la derogación de la LOMLOE y la eliminación de contenidos educativos que consideren “ideológicos”. Ya saben: para Abascal y Ayuso, como para Feijóo y Cayetana Álvarez de Toledo, cualquier enseñanza que tenga que ver con la igualdad, con la memoria histórica, con la violencia de género, con la educación sexual o con el cambio climático es “puro adoctrinamiento”. Los disparates anticientíficos o contrarios a una educación democrática plena son, para las derechas, un ejemplo de pedagogía escrupulosamente liberal. ¡¡Uff!!En el espacio de la izquierda, los socios de coalición reivindican el real decreto 905/2025 que endurecía los requisitos para crear y autorizar nuevas universidades privadas (más conocido como “decreto antichiringuitos”), invalidado hace poco más de un mes por el Tribunal Supremo por lo que considera –con su habitual ojo diestro– un defecto formal en la tramitación (ver aquí). El PSOE se compromete a aumentar la financiación educativa y reforzar los centros públicos, compromiso que el Frente Amplio concreta en una Ley de Financiación Educativa para alcanzar el 7% del PIB en 2030 y avanzar hacia un sistema en el que “el cien por cien de los fondos públicos se destine a la enseñanza pública”, prohibiendo “inmediatamente las cuotas obligatorias” que impone la concertada. Ambos comparten el compromiso de reducir las ratios de alumnos por aula en todos los niveles educativos.En este país somos millones quienes sabemos por experiencia propia la importancia de las becas públicas para poder estudiar, desde el bachillerato hasta la universidad. Este pasado marzo, el Gobierno de coalición aprobó la novena subida consecutiva desde 2018 para alcanzar en este curso un importe récord de 2.559 millones de euros que benefician a un millón de estudiantes (ver aquí). Desde 2019, el Gobierno de Ayuso en Madrid ha multiplicado por diez el dinero público destinado a becas para bachillerato privado y concertado (ver aquí). Poco más que decir._______________Mañana, pensiones. Ver aquí entregas anteriores.