La difícil tesitura del PP para mantener el Pacto contra la violencia machista en medio del negacionismo de Vox

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Alberto Núñez Feijóo dice entender "la preocupación" del electorado que alberga dudas respecto a la gestión de las políticas de igualdad en caso de rubricar un acuerdo de gobierno con la ultraderecha. Reconoce que sí existieron "discusiones tensas" entre las dos formaciones en los gobiernos autonómicos y municipales, pero cree que forman parte del pasado. "No hemos tenido ningún problema en esta nueva etapa", porque el partido de Santiago Abascal "ha ido hacia la realidad". Ahora bien, añade el líder de los conservadores, "es verdad que tienen un concepto distinto de la igualdad". Con estas palabras se expresó el expresidente de la Xunta de Galicia en la entrevista con Jordi Wild el pasado viernes. En ese escenario, sentado frente al youtuber y ante las cámaras, el líder de los conservadores sacó pecho de una de las principales estrategias en materia de violencia contra las mujeres: el Pacto de Estado.En lo que va de año, son 46 las mujeres asesinadas por varones que eran sus parejas o exparejas, a lo que se deben añadir nueve feminicidios en otros contextos durante el primer semestre del año. La última víctima mortal confirmada fue asesinada a manos de su pareja en el municipio madrileño de Parla. Con ella, son 1.387 los feminicidios íntimos y 112 los cometidos fuera de la pareja desde que existe recuento oficial –en 2003 la primera categoría y en 2022 la segunda–.El Pacto de Estado contra la Violencia de Género nació en septiembre de 2017 con el firme objetivo de combatir esa realidad. En aquel momento, la ultraderecha todavía no había entrado en las instituciones y existía un consenso total en torno a la necesidad de tejer una estrategia integral a la altura. El acuerdo salió adelante con el Partido Popular todavía en el Gobierno y tras una negociación previa con el Partido Socialista. "Acordamos con el PSOE un frente único y unido de rechazo a la violencia de género como base de un futuro Pacto de Estado", presumían ellos mismos. A partir de entonces, los conservadores participan en la renovación del pacto y defienden la herramienta como un instrumento de consenso institucional. En su programa electoral para el 29N, los de Feijóo se comprometen a rendir cuentas de su cumplimiento cada año.La posición es diametralmente opuesta en el caso de la extrema derecha. "Rechazo frontal de Vox al Pacto de Estado de violencia de género", resumía el partido de Santiago Abascal en 2025. Un pacto con un "carácter ideológico" evidente, bajo su punto de vista. Vox no solo es abierta y orgullosamente negacionista, sino que apuesta por "derogar las leyes que han criminalizado a los hombres", normas que a su juicio han contribuido al "despilfarro". "Hay que revertir las consecuencias nefastas de todas las normas que han abandonado a las verdaderas víctimas", lanzan en su programa electoral para, a renglón seguido, dar pábulo al supuesto "fenómeno creciente de denuncias falsas". El derecho a la interrupción voluntaria del embarazo es un asunto sin un consenso claro en la derecha. El PP ha adoptado, en las últimas semanas, una actitud pretendidamente ambigua al respecto. En un primer momento, el candidato conservador planteó la posibilidad de reabrir el debate en torno al aborto entre menores de 16 y 17 años, un asunto en el que tiene sobrada experiencia: fue un Gobierno del PP el que introdujo un recorte sin precedentes a la ley aprobada en 2010. Aunque el movimiento feminista consiguió poner coto a sus pretensiones, los conservadores sí lograron una restricción parcial que afectaba a las más jóvenes y que permaneció vigente hasta la reforma de 2023.Feijóo, sin embargo, parece no querer entrar en materia. En su programa electoral, no hay ni una sola mención al aborto. Y en el cara a cara con Pedro Sánchez, el candidato pronunció las siguientes palabras: "No toque usted el aborto: en el aborto hay una ley y una sentencia del Tribunal Constitucional. Fin". La sentencia a la que se refiere es la dictada en el año 2023, responsable de avalar la constitucionalidad del sistema de plazos establecido por la ley del aborto de 2010, tras un recurso presentado por el PP.En lo que respecta al registro de objetores, el PP tampoco es claro. Si bien la mayoría de comunidades gobernadas por los conservadores han cumplido con la ley y cuentan con un registro propio, otras tantas se oponen tácitamente. Isabel Díaz Ayuso no solo ha rechazado crear el registro, sino que además lo ha presentado como un instrumento de señalamiento masivo. Y Feijóo fijó posición en octubre del año pasado: propuso sustituir el registro de objetores por uno de médicos dispuestos a practicar abortos. "Cuando llegue al Gobierno, la lista será la contraria. Y es que lo importante para una mujer es saber qué ginecólogos y qué obstetras están a disposición de ellas", sostuvo en una entrevista.¿Y cuál es la posición de Vox? En su programa electoral no hace mención explícita del aborto, pero sí tira de eufemismos para defender el "derecho a la vida desde su concepción". En las últimas semanas, lo cierto es que la ultraderecha ha evitado hacer del aborto una cuestión central y se ha esforzado en pasar de puntillas sobre la materia. El mismo Santiago Abascal, que ha defendido tradicionalmente derogar la ley actual e implementar medidas antielección –como el latido fetal–, ahora reconoce que sus posiciones "no tienen mayoría social". "Continuaremos luchando contra la LGTBIfobia". Así lo asegura el partido de Alberto Núñez Feijóo en su programa electoral. Su formación se mueve, una vez más, en una suerte de ambigüedad en lo que respecta a la comunidad LGTBIQ+. Mientras se compromete a "revisar las normas que hayan generado inseguridad jurídica en nombre de la igualdad, como la ley trans", también defiende el desarrollo de normativa específica para el colectivo. Acaba de hacerlo en Asturias. A principios del pasado mes de octubre, la región aprobó su ley LGTBIQ+ con el apoyo de los conservadores, quienes aseguraron que la ley "era necesaria" y que la respaldaba por "responsabilidad". La legislación salió adelante gracias a todos los grupos parlamentarios, salvo Vox. La ultraderecha también ha puesto trabas en este mismo sentido en Castilla y León, actualmente la única región sin una ley propia. Para entenderlo, hay que retroceder dos años. En diciembre de 2024, el PSOE presentó una proposición de ley con medidas contra la discriminación que atraviesa al colectivo. En junio del año siguiente, la propuesta superó el primer trámite parlamentario, con la abstención de los conservadores. Sin embargo, la convocatoria de elecciones el pasado mes de marzo propició que la ley decayera. En ese momento, se consagró una nueva alianza entre la derecha y la ultraderecha, sin que la ley esté entre las prioridades de la coalición.Con este telón de fondo, la próxima legislatura tendrá que abordar una cuestión que quedó en el tintero: el Pacto de Estado contra los discursos de odio. Los conservadores apoyaron en septiembre de 2024 la creación de una subcomisión parlamentaria para impulsarlo y han defendido la necesidad de sacarlo adelante, aun manteniendo una postura crítica con el enfoque de los socialistas. Vox, por el contrario, se ha posicionado siempre en contra de esta herramienta.