Durante décadas, la defensa más eficaz de las compañías petroleras frente a la emergencia climática consistió en una frase aparentemente razonable: nadie puede demostrar que un huracán, una inundación, una ola de calor o un incendio concreto haya sido causado por sus emisiones. El clima era global, las catástrofes eran locales y, entre ambos extremos, se abría un espacio de incertidumbre suficientemente amplio como para que la responsabilidad se evaporase.Ese espacio está empezando a cerrarse. Y precisamente por eso algunos están intentando impedir que la ciencia llegue a los tribunales.A finales de 2025, el Federal Judicial Center, la institución encargada de formar y proporcionar materiales de referencia a los jueces federales estadounidenses, publicó junto con las Academias Nacionales de Ciencias, de Ingeniería y de Medicina una nueva edición de su prestigioso «Reference Manual on Scientific Evidence«. Por primera vez, el manual incluía un capítulo dedicado a la ciencia climática y, en particular, a la llamada ciencia de la atribución: el conjunto de métodos que permiten calcular hasta qué punto el calentamiento provocado por el ser humano ha aumentado la probabilidad o la intensidad de un fenómeno meteorológico extremo.El capítulo había pasado por varias rondas de revisión científica y judicial. Sin embargo, tras las quejas de varios fiscales generales republicanos, el Federal Judicial Center decidió retirarlo. En él no aparecía ninguna nueva evidencia que invalidase su contenido ni se descubrió ningún error metodológico decisivo: simplemente, la ciencia que describía podía resultar incómoda en los numerosos litigios climáticos que había ya abiertos contra las compañías de combustibles fósiles.La acusación utilizada para justificar la retirada fue la supuesta falta de neutralidad de sus autores, vinculados a instituciones que han trabajado en litigios climáticos. El ex-fiscal general William Barr, cuyo bufete casualmente representa a múltiples clientes del sector energético, escribió un artículo en The Washington Post en el que afirmaba que el capítulo inclinaba la balanza en favor de los demandantes. Las National Academies, por el contrario, defendieron el proceso de revisión y mantuvieron el documento disponible. El episodio revela una estrategia conocida: cuando resulta imposible rebatir la evidencia, se cuestiona la legitimidad de quien la presenta. La ciencia de la atribución no afirma que el cambio climático sea la única causa de una catástrofe. Distingue entre peligro, exposición y vulnerabilidad, y reconoce que una tormenta se convierte en desastre también por la mala planificación urbana, la pobreza, la ausencia de infraestructuras o la incompetencia política. Tampoco ofrece el mismo grado de certeza para todos los fenómenos. La atribución es especialmente sólida en las olas de calor, razonablemente robusta en lluvias extremas y más compleja en sequías, incendios o ciclones, donde intervienen numerosas variables.Pero esas limitaciones no invalidan la disciplina: son precisamente lo que la convierte en ciencia. Un nuevo análisis de las National Academies concluye que la atribución climática está madurando rápidamente, aunque todavía debe mejorar sus modelos, explicitar mejor sus incertidumbres y evitar extrapolaciones excesivas. La conclusión no es que no podamos saber nada, sino que ya podemos saber mucho más de lo que las petroleras desearían.En 2016, las propias National Academies publicaron uno de los primeros grandes informes sobre atribución de fenómenos extremos, estableciendo una metodología basada en comparar el mundo real con un mundo contrafactual sin emisiones antropogénicas. Desde entonces, la capacidad computacional, los modelos climáticos, los registros históricos y las técnicas estadísticas han mejorado enormemente. Hoy es posible afirmar, por ejemplo, que determinadas olas de calor habrían sido prácticamente imposibles sin el calentamiento global, o calcular cuántos grados adicionales y qué incremento de probabilidad pueden atribuirse a las emisiones humanas.La implicación jurídica es evidente. Si puede establecerse que una empresa generó una proporción determinada de las emisiones históricas, y que esas emisiones aumentaron de manera cuantificable la probabilidad o la intensidad de un daño, la distancia entre contaminación y responsabilidad empieza a ser jurídicamente transitable. No hablamos de una causalidad perfecta e individual, sino de probabilidades, contribuciones y riesgos, conceptos con los que los tribunales trabajan continuamente en casos de toxicidad, medicamentos, tabaco o negligencia industrial.En diciembre de 2024 ya escribí sobre las leyes de Nueva York y Vermont que pretenden obligar a los grandes productores de combustibles fósiles a financiar los costes de adaptación climática. Antes, en 2022, ya planteé que los daños climáticos no son una externalidad abstracta, sino una gigantesca deuda acumulada que alguien tendrá que pagar. La atribución científica puede ser el instrumento que permita asignar esa factura con criterios racionales.Por eso resulta tan importante retirar un capítulo de un manual para jueces: no se trata de una disputa académica, sino de controlar qué conocimientos llegan a quienes deberán decidir sobre miles de millones en indemnizaciones. El gobierno de Donald Trump ha ido mucho más lejos al revocar el «endangerment finding» de 2009, fundamento legal de la regulación federal de los gases de efecto invernadero, una decisión que ya ha provocado demandas de organizaciones médicas, ambientales y de numerosos estados. Este tipo de cuestiones relacionadas con la formación de los jueces son extraordinariamente importantes: en junio de 2005, un juez que era además lector habitual de mi página logró que me invitasen a dar una conferencia para un curso de verano para jueces, hablando sobre propiedad intelectual: recuerdo que aquella conferencia me salió especialmente didáctica y transgresora, defendiendo redefiniciones radicales de la propiedad intelectual tras la llegada y popularización de internet, ante la horrorizada mirada de un abogado de la SGAE que había en la sala que llegó incluso a interrumpirme en varias ocasiones. La formación de los jueces es fundamental para obtener una justicia adecuada, y puede llegar a tener una fuerte influencia en sus decisiones en casos relacionados. Durante años, las petroleras financiaron la duda porque la duda retrasaba la regulación. Ahora necesitan financiar otra cosa: la idea de que ninguna ciencia es suficientemente precisa para atribuir responsabilidades. Pero la incertidumbre no equivale a ignorancia, y mucho menos a inocencia.El futuro de la litigación climática dependerá en buena medida de si los tribunales entienden esa diferencia. La ciencia no necesita prometer certeza absoluta. Le basta con seguir reduciendo, fenómeno a fenómeno, empresa a empresa y tonelada a tonelada, el espacio en el que durante décadas se escondieron quienes sabían perfectamente lo que estaban haciendo.