Si hace solo unos meses el Ayuntamiento de Chiclana tomó conocimiento de la condena a dos personas con penas de prisión y multa por dividir una parcela y construir sin licencia urbanística en suelo rústico —por casos que se remontan a 2022—, desde la Delegación de Urbanismo han intensificado el control de estas construcciones en uno de los diseminados con viviendas ilegales más grandes de Andalucía.La superficie total de suelo afectada por paralizaciones de obras y precintos en los primeros seis meses de este 2026, ha informado el Consistorio chiclanero, ha alcanzado los más de 99.000 metros cuadrados, en los que se han detectado más de 100 parcelas con diferentes grados de construcción, incluido el vallado de las mismas.Destacan especialmente tres parcelaciones que superan los 10.000 metros cuadrados cada una: en el Pago de Dehesa de la Raya, la parcelación supera los 18.000 metros cuadrados; en Pago Melilla ronda los 15.000 metros cuadrados; y en El Marquesado, una tercera parcelación supera los 10.000 metros cuadrados. En el extremo opuesto, llama la atención la atomización de la zona de Carboneros, donde las parcelas no alcanzan los 500 metros cuadrados cada una.A estas paralizaciones se suman las resoluciones definitivas de demolición dictadas por la Delegación de Urbanismo en el primer semestre del año, que afectan a 26 propiedades diferentes. Entre ellas, tres resoluciones corresponden a ampliaciones de viviendas en suelo urbano, concretamente en un complejo inmobiliario de Novo Sancti Petri. Estas cifras suponen un incremento notable respecto al ejercicio anterior: en 2025 se paralizaron y precintaron 15 actuaciones, con una superficie total aproximada de 6,5 hectáreas, mientras que ese mismo año la Delegación dictó 23 resoluciones definitivas de restablecimiento de la legalidad urbanística.Notificación de un Policía Local de Chiclana sobre una construcción ilegal.- Por zonas del diseminado chiclaneroLa Delegación Municipal de Urbanismo, Planeamiento y Desarrollo Urbano continúa reforzando sus actuaciones para combatir las ilegalidades urbanísticas y restablecer la legalidad en el territorio, restituyendo a su estado original la realidad física alterada por construcciones y parcelaciones irregulares. Según los datos ofrecidos por la propia Delegación, en los seis primeros meses de este año se han practicado 15 acciones de paralizaciones y precintos en suelo rústico, donde no está permitido ni edificar ni parcelar.En cuanto a la ubicación de estas actuaciones, la Delegación concluye que las ilegalidades no se concentran en una única zona, sino que existe una gran dispersión territorial. Se ha actuado, entre otras ubicaciones, en El Marquesado, Pinar de los Franceses, Majadillas, Los Llanos, Pago del Humo, Carboneros y Pago Melilla, lo que da idea de la magnitud del fenómeno en distintos puntos del municipio.Una sentencia con penas de prisión por delitos contra la Ordenación del TerritorioEl refuerzo de estas actuaciones también tiene reflejo en el ámbito judicial. Durante el año 2025 se remitieron a Fiscalía un total de 22 denuncias por presuntos delitos contra la Ordenación del Territorio. En esta línea, este mismo año se ha dictado la sentencia número 109/2026 de la Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de Cádiz, en la que se condena solidariamente a dos personas a penas de prisión de un año y ocho meses, una multa de 3.360 euros e inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión u oficio de construcción o edificación durante dos años y seis meses. La sentencia incluye además la demolición y eliminación de varias edificaciones, así como la demolición total de los cerramientos.Con todo ello, desde la Delegación de Urbanismo se insiste en un mensaje que consideran clave para evitar nuevas irregularidades: la instalación de construcciones prefabricadas, incluidas las viviendas, "aunque no se realice obra alguna", supone la misma ilegalidad que las construcciones tradicionales de ladrillo o bloques de hormigón, un matiz que en ocasiones genera confusión entre quienes optan por este tipo de instalaciones pensando que quedan al margen de la normativa urbanística.Por último, la Delegación ha querido aclarar un aspecto especialmente relevante para quienes adquieren terrenos: la clasificación de Suelo Urbano o Rústico corresponde exclusivamente a la Ley de impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA), y en ningún caso el Catastro o el Registro de la Propiedad pueden clasificar un suelo como urbano. Así, el hecho de que en la escritura de compra ante notaría figure el terreno como urbano resulta irrelevante a efectos urbanísticos y no supone atenuante alguno para quienes hayan cometido una infracción.