España afronta uno de los veranos más devastadores de las últimas décadas. Los incendios ya han calcinado ya más de 153.000 hectáreas, una superficie seis veces superior a la registrada en las mismas fechas del año pasado. El Gobierno a declarado la emergencia de interés nacional y el Ministerio del Interior ha calificado el incendio de Ávila como el más agresivo de la historia del país. En este escenario, Greenpeace considera que España debe replantear de forma urgente su estrategia frente a los incendios forestales. La organización sostiene que el esfuerzo no puede concentrarse únicamente en apagar las llamas cuando el fuego ya está descontrolado, sino que debe dirigirse, sobre todo, a evitar que esos incendios lleguen a producirse. «La política de incendios no puede limitarse a reaccionar cada verano», defienden desde la organización ecologista. Su propuesta pasa por impulsar una gestión forestal permanente, reforzar la prevención durante todo el año y adaptar el territorio a un escenario climático en el que los grandes incendios son cada vez más frecuentes, intensos y difíciles de controlar. Para Greenpeace, uno de los principales problemas es el abandono progresivo del medio rural. Durante décadas, amplias zonas agrícolas y ganaderas han ido desapareciendo o reduciendo su actividad. Ese proceso ha favorecido la continuidad de grandes masas forestales donde la vegetación crece sin apenas gestión, acumulando enormes cantidades de combustible vegetal. La organización defiende recuperar los llamados «paisajes mosaico», un modelo que combina superficies forestales con cultivos, pastos y áreas abiertas. Esta diversidad dificulta la propagación del fuego porque rompe la continuidad de la vegetación y crea barreras naturales capaces de frenar el avance de las llamas. En ese contexto, Greenpeace considera imprescindible impulsar políticas que favorezcan el pastoreo extensivo, la agricultura tradicional y otras actividades rurales que, además de generar empleo, contribuyen a reducir el riesgo de incendios. Una de las principales reivindicaciones de la organización es aumentar la inversión en prevención. Según Greenpeace, el actual modelo continúa destinando la mayor parte de los recursos económicos a la extinción, mientras que las actuaciones preventivas siguen siendo insuficientes. La organización recuerda que diversos estudios muestran que cada euro invertido en prevención puede ahorrar alrededor de cien euros en costes de extinción y recuperación posterior. Esa prevención incluye actuaciones muy diversas: gestión de la vegetación, mantenimiento de cortafuegos, limpieza de zonas de interfaz urbano-forestal, mejora de los sistemas de vigilancia, campañas de sensibilización y planes municipales adaptados a cada territorio. La organización ecologista considera que los incendios que está viviendo España este verano no pueden entenderse sin el contexto del cambio climático. Las sucesivas olas de calor, las temperaturas extremas, la baja humedad y la prolongación de los periodos de sequía favorecen que la vegetación pierda agua con rapidez y se convierta en un combustible altamente inflamable. Cuando coinciden esas condiciones con fuertes vientos y una gran acumulación de biomasa, aparecen los llamados incendios de comportamiento extremo, capaces de generar su propia meteorología y superar la capacidad de respuesta de los equipos de extinción. Por ello, Greenpeace insiste en que la lucha contra los incendios debe formar parte de una política climática mucho más amplia que combine reducción de emisiones, adaptación del territorio y restauración de los ecosistemas. La organización recuerda que alrededor del 95% de los incendios forestales tienen origen humano, ya sea por negligencias o por acciones intencionadas. Por ello, además de mejorar la gestión forestal, reclama reforzar la educación ambiental, aumentar la vigilancia durante los periodos de mayor riesgo e intensificar la investigación sobre las causas de los incendios. También considera necesario adelantar determinadas restricciones durante las olas de calor y mejorar los sistemas de alerta para que la población conozca con rapidez cómo actuar cuando se declara un incendio de grandes dimensiones. Entre las principales demandas trasladadas por la organización figura la aprobación de un Pacto de Estado frente a la emergencia climática y los incendios forestales, con financiación estable y respaldo científico. Además, Greenpeace propone destinar al menos 1.000 millones de euros anuales a la gestión preventiva del territorio, actuando cada año sobre un mínimo del 1% de la superficie forestal española. La organización considera igualmente prioritario reforzar los medios dedicados a investigar las causas de los incendios y mejorar la coordinación entre administraciones. Las comunidades autónomas, por su parte, deberían aumentar la inversión en planificación preventiva, restauración de zonas quemadas y gestión forestal, así como desarrollar plenamente los planes locales de prevención. Cada verano vuelve la misma imagen: grandes columnas de humo, miles de personas evacuadas y cientos de profesionales luchando contra incendios cada vez más difíciles de controlar. Para Greenpeace, esa respuesta seguirá siendo insuficiente mientras la mayor parte del esfuerzo se concentre únicamente cuando el fuego ya está declarado. La organización insiste en que los incendios empiezan mucho antes de que aparezca la primera llama. Empiezan con el abandono del territorio, con los montes sin gestionar, con la pérdida de actividades rurales y con un clima cada vez más extremo. Por eso defiende que la verdadera política contra los incendios no se decide únicamente en los meses de verano, sino durante el resto del año. Solo actuando sobre esas causas de fondo, concluye, será posible reducir el impacto de unos fuegos que ya forman parte de la nueva realidad climática de España.