La Consejería de Educación ha acudido a la vía contencioso-administrativa por el expediente sancionador abierto por la Inspección de Trabajo, dependiente del Gobierno central, como por el pago de las cuotas reclamadas por la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) por los estudiantes extranjeros que prestaban sus servicios como auxiliares de conversación en Andalucía, y a los que el Ejecutivo de Pedro Sánchez, consideraba trabajadores extracomunitarios. El Ministerio de Trabajo y Economía Social , en manos de Sumar, estima que la Junta de Andalucía, y no otras comunidades autónomas que llevan a cabo el mismo plan educativo, incurre en una infracción muy grave en materia de extranjería en el desarrollo del Programa de Auxiliares de Conversación que el Ejecutivo... Ver Más