Los 13 municipios desalojados por el momento en el incendio récord de la Comunidad de Madrid forman parte de la lista de la Zona de Alto Riesgo (ZAR) de Incendio del Gobierno regional. Esa etiqueta obliga al ayuntamiento a tener en regla desde hace seis años un plan de actuación frente a incendios forestales que incluye trabajar las zonas vulnerables al fuego, construir franjas perimetrales y garantizar que los vecinos se ocupen de sus fincas, pero solo ocho de ellos lo tienen aprobado. Incluso en aquellos en los que está vigente, su control es inabarcable y esa una de las causas de que los daños materiales sean tan cuantiosos en catástrofes como esta. Por ahora se han confirmado más de 40 casas destruidas en Madrid y unas 300 dañadas.Los bomberos consultados confirman rotundamente que una parcela cuidada que cuente con medidas de protección básicas tiene muchas, muchísimas más posibilidades de sobrevivir a un fuego que una semiabandonada o decorada con elementos de riesgo. "Las que están bien mantenidas, en general, resisten. Se les puede quemar algo del jardín o la caseta de aperos, pero aguantan. Mientras que las que están abandonadas tienen más papeletas para arder. Hay mucha diferencia entre unas y otras", afirma Carlos Martín, bombero forestal de las Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF) que ha trabajado en el incendio madrileño.La zona que rodea el embalse de San Juan está repleta de casas adosadas diseminadas por el monte. Urbanizaciones de casas de recreo o de retiro incrustadas en el bosque, o pequeños municipios que antes tenían a las afueras campos de cultivo, que hacían de cortafuegos para incendios, pero que ahora se han repoblado con árboles y pasto. Este es el escenario perfecto para que el fuego corra sin frenos y se meta en las viviendas, según relatan los profesionales.Esta zona ya se ha quemado innumerables veces en las últimas dos décadas –en 2025 ardieron 2.500 hectáreas en Las Navas del Marqués y Navaluenga, municipios de Ávila colindantes a Madrid– y el Gobierno regional no es ajeno a este problema. El Plan Especial de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales en la Comunidad de Madrid (INFOMA) de 2017 incluyó toda esta área como una ZAR de incendios, y eso acarrea numerosas obligaciones para alcaldes y vecinos.Si la comunidad autónoma es la responsable de las labores de prevención en el suelo rústico, como la construcción de cortafuegos o la diversificación de vegetación, en suelo urbano son los ayuntamientos los que están a cargo de estas labores. Más aún dentro de una ZAR.Para empezar, todos los municipios ZAR deben tener un Plan de Actuación Municipal ante Emergencias por Incendios Forestales, y se recomienda también para el resto. Este incluye organizar la respuesta de emergencias, las rutas de evacuación, informar a la población del riesgo, y sobre todo, dibujar un mapa de zonas vulnerables al fuego que necesiten tareas de prevención, entre ellas, establecer perímetros antiincendios. En total hay 59 municipios madrileños considerados ZAR, y estaban obligados a tener estos planes antes de noviembre de 2020. Según el informe de 2026 de la Comunidad de Madrid, los 13 municipios desalojados tienen sus planes redactados, pero solo ocho lo han aprobado en el pleno municipal: Chapinería, Colmenar del Arroyo, Fresnedillas de la Oliva, Rozas de Puerto Real, Cadalso de los Vidrios, Cenicientos, Valdemaqueda y Santa María de la Alameda. Faltan, sin embargo, Navas del Rey, Robledo de Chavela, Navalagamella, Aldea del Fresno y Zarzalejo.La ley autonómica también obliga a los municipios ZAR a controlar las urbanizaciones que no estén pegadas a su núcleo urbano, que son las que más peligro corren. Por una parte, estas deben tener un plan de autoprotección, firmado por la junta de la urbanización, que incorpore las rutas de salida y que garantice que los vecinos se autoorganicen hasta que lleguen los medios de emergencias. Y, además, tienen que construir un perímetro de 30 metros libre de vegetación seca y con la masa arbórea podada que rodee la urbanización. A nivel individual, los vecinos que tengan parcelas no edificadas deben mantenerlas cuidadas.La norma deja claro que, en el caso de que urbanizaciones que no cumplan con estos requisitos o no tengan planes de respuesta, el alcalde actuará de oficio como responsable subsidiario, mediante "ejecución forzosa", pasando después el coste a los vecinos. Esta normativa para urbanizaciones debía estar ejecutada en los municipios ZAR de la Comunidad de Madrid antes del 31 de octubre de 2021.Guillem Canaleta, experto en prevención de incendios de la Fundación Pau Costa, ha trabajado en diferentes municipios rurales de España y la Unión Europea ayudando a los vecinos a autoorganizarse para afrontar incendios, y asegura que la diferencia entre estar y no estar preparado es abismal. "Si tienes una comunidad organizada sabes qué vecino está inmovilizado en la cama, conoces cómo evacuar rápidamente y sabes qué hacer cuando tienes que confinarte por un fuego. Esto debe trabajarse previamente, no improvisarse el día de la catástrofe", subraya.Juan Picos, profesor de Ingeniería Forestal de la Universidad de Vigo, explica que este tipo de requisitos es habitual en todas las comunidades autónomas españolas, pero que el nivel de cumplimiento es mínimo o inexistente.En el caso de Galicia, la ley de prevención y defensa contra los incendios forestales de Galicia, de 2007, obliga a que cualquier edificio que esté a menos de 50 metros de un bosque tenga en ese tramo un tratamiento preventivo, pagado y cuidado por el propietario de la finca. Entre otros requisitos, ahí no puede haber eucaliptos, acacias o pinos, y el matorral debe estar desbrozado antes del 31 de mayo. "Pero claro, el número de hectáreas a controlar es brutal", apunta Picos.El experto añade que cuando te acercas a estudiar la realidad es cuando te das cuenta de que es evidente que no se puede cumplir. Por ejemplo, si una casa se construye en el límite de la parcela, puede ocurrir que sea el propietario de la parcela contigua –la que separa el suelo urbano del rústico– el que tenga que realizar las tareas de silvicultura y gastarse el dinero para que su vecino pueda tener su casa a las puertas del bosque. Y, evidentemente, ese no está dispuesto a hacerlo."Por eso, yo lo que propongo es que nos centremos en que estas normativas de bosques y de emergencias se incorporen a las leyes urbanísticas. Para que no se permitan nuevas urbanizaciones que no tengan medidas estrictas de prevención de incendios", añade.Esta idea está ya implementada, por ejemplo, en el INFOCAM madrileño. En teoría todas las nuevas edificaciones, ya sean viviendas individuales, urbanizaciones, fábricas u otras construcciones que estén aisladas de un núcleo urbano y se ubiquen colindantes al monte –y no necesariamente en una zona ZAR–, deben contar obligatoriamente con una faja perimetral de 30 metros, libre de vegetación seca y con la masa arbórea aclarada."A todos nos gusta vivir en plena naturaleza, pero si el bosque te entra por la ventana tienes un problema", resume para infoLibre otro bombero de León que estuvo la semana pasada en el fuego de La Mierla, en Guadalajara. Además de que los fuegos en estas urbanizaciones disparan los daños y amenazan vidas, roban todo el tiempo de los efectivos y los distraen de la catástrofe principal. "Los incendios urbanos son un sumidero de recursos porque nuestra prioridad siempre van a ser vidas y viviendas. Retiras a los medios de otros lugares que son clave para apagar el incendio para proteger estas casas", añade.