Andalucía atraviesa un proceso de concentración y centralización de poder territorial, debilitamiento de lo público y subordinación de sus ciudades a un modelo económico diseñado más para extraer riqueza y llevarla fuera que para garantizar derechos. Granada aparece como ejemplo especialmente claro de esa dinámica: una ciudad universitaria, sanitaria, científica, cultural y patrimonial que, pese a su enorme peso histórico y social, está perdiendo voz propia ante la Junta de Andalucía y el control de su economía. La pasividad de instituciones locales y responsables públicos transmite a la ciudadanía la falsa sensación de que “aquí no pasa nada” mientras se deterioran servicios esenciales y se debilitan pilares estratégicos de la ciudad.La idea central es que el Gobierno de Moreno Bonilla no practica una mera gestión conservadora, sino una política económica orientada a transferir recursos públicos, servicios y plusvalías andaluzas hacia grandes corporaciones, con sede y centros de decisión fuera de Andalucía. Es un modelo de extracción: se privatiza lo rentable, se externaliza lo esencial, se debilitan los servicios públicos y se presenta como modernización lo que en realidad supone una pérdida de soberanía económica y política. Desde esa perspectiva, Andalucía no estaría siendo gobernada para fortalecer su tejido productivo distribuido territorialmente, sus universidades, su sanidad o su cultura, sino para facilitar nichos de negocio a operadores privados.Esa lógica se aprecia en varios ámbitos. En la universidad pública, sufre una asfixia presupuestaria mientras se abre espacio a universidades privadas cuya función social y rigor científico son cuestionables. La Universidad de Granada, con más de cinco siglos de historia, no es solo un centro académico: es una institución que vertebra investigación, pensamiento crítico, empleo cualificado, cultura y proyección internacional. Debilitarla supone empobrecer a Granada y a Andalucía. Es terrible la tibieza del rectorado y de la cúpula académica ante un proceso que afecta al futuro de la educación superior pública.En sanidad ocurre algo similar. La Escuela Andaluza de Salud Pública, la red hospitalaria, la atención primaria y el conocimiento sanitario acumulado en Granada son parte del patrimonio colectivo andaluz. Pero cuando se liquidan funciones, se lleva el control de su operatividad a Sevilla, cuando la sanidad pública pierde capacidad y se normalizan derivaciones, seguros privados o externalizaciones, no se está simplemente reorganizando el sistema: se está sustituyendo el derecho a la salud por una lógica de mercado. El silencio de altos responsables sanitarios y educativos, y de los apéndices del poder de la derecha andaluza en Granada es atronador ante el deterioro de servicios que deberían defender con mayor firmeza.Otro símbolo es el Parque de las Ciencias. Es una de las grandes herramientas andaluzas de divulgación científica, educación pública y pensamiento crítico. El control de su gestión se ha llevado también a Sevilla para su debilitamiento financiero y privatización de servicios lo que suponen una renuncia a una política pública de cultura científica que era señera en Granada. Lo mismo ocurre con Sierra Nevada y la Alhambra. Cetursa, la empresa que gestiona la estación de esquí, es ya una pieza sobre la que se decide en un despacho del gobierno del partido popular y vox en la capital de Andalucía sin conexión con Granada, un poder centralizado sin conexión con el territorio. La Alhambra, cuyo control absoluto ya está también fuera de Granada, no puede reducirse a máquina turística ni a parque temático de élite: es patrimonio universal, pero también patrimonio vivo de Granada y Andalucía.Granada sirve como ejemplo, no es una excepción, sino un síntoma. Andalucía, en su conjunto, corre el riesgo de convertirse en una comunidad de ciudades subordinadas, con territorios que generan riqueza pero pierden capacidad de decisión sobre sus recursos. El objetivo del poder es concentrar todo el poder en un punto para entrar con mayor facilidad valor de todo el territorio y entregarlo a agentes externos a Andalucía.En ese contexto, la pasividad institucional es especialmente grave. Alcaldías que priorizan la foto, rectorados que evitan el conflicto, responsables sanitarios o educativos que minimizan el deterioro y élites locales adocenadas en sus cargos contribuyen a desactivar la reacción ciudadana. Ese “efecto anestesia” permite que el deterioro se normalice y que el expolio deje de parecer expolio para convertirse en rutina. Hay que romper el silencio. Andalucía necesita instituciones locales valientes, ciudadanía organizada, profesionales públicos movilizados, universidades activas, barrios conscientes y una defensa firme de lo común a pie de territorio.Las ciudades andaluzas deben recuperar peso histórico y voz propia. Porque unas ciudades que no defienden su universidad, su sanidad, su ciencia, su patrimonio y sus barrios no solo pierde recursos: pierden su futuro. Andalucía necesita un proceso de desconcentración y descentralización del poder que impida que el poder político, radicado en su capital, se comporte como un extractor de recursos para que se acumulen en suprapoderes ajenos a nuestra tierra.