Retiro de cesantías: fallo clave fija nuevas obligaciones tanto para trabajadores como para empleadores. Collage Valora AnalitikEl retiro parcial de cesantías volvió a quedar bajo la lupa de la justicia colombiana. En una decisión que podría convertirse en referente para empresas y trabajadores, la Corte Suprema de Justicia dejó claro que estos recursos no solo deben destinarse a los fines autorizados por la ley, sino que ambas partes adquieren obligaciones concretas para demostrar y verificar su correcta utilización.Lea también: Estos trabajadores aún podrán pasarse de fondos privados a Colpensiones tras el cierre de la ventana pensionalLa sentencia, emitida por la Sala de Casación Laboral, analizó el caso de un trabajador despedido después de retirar $100 millones de sus cesantías para la compra de vivienda y no acreditar posteriormente que el dinero hubiera sido utilizado para ese propósito.La Corte decidió no casar el fallo que había avalado la terminación del contrato de trabajo y aprovechó para reiterar el alcance de las responsabilidades que surgen cuando se autorizan retiros parciales de esta prestación social.La decisión cobra relevancia porque fija criterios sobre un trámite frecuente entre los trabajadores colombianos y deja claro que el retiro de cesantías no termina cuando el dinero llega al empleado.La obligación que tienen los trabajadores tras retirar las cesantíasUno de los principales mensajes del fallo es que el trabajador debe demostrar que los recursos fueron utilizados para la finalidad con la cual solicitó el retiro.En el proceso quedó acreditado que el empleado pidió un retiro parcial de cesantías por $100 millones argumentando que los destinaría a la compra de vivienda. Sin embargo, posteriormente no presentó los soportes requeridos por la empresa, pese a múltiples solicitudes y a un proceso disciplinario, situación que terminó derivando en su despido.La Corte recordó que las cesantías tienen una finalidad específica prevista por la legislación laboral y que los retiros parciales únicamente están permitidos en los casos autorizados por la ley.Entre ellos se encuentran la compra, construcción, mejora o liberación de vivienda, la financiación de educación superior del trabajador o de su núcleo familiar, algunos programas de adquisición de acciones estatales y las excepciones que en su momento fueron creadas durante la emergencia sanitaria.Por esa razón, el alto tribunal reiteró que utilizar esos recursos para un propósito distinto o no demostrar su destinación constituye un incumplimiento que puede tener consecuencias laborales.También aumentan las responsabilidades para los empleadoresEl fallo igualmente deja una advertencia para las empresas. La Corte recordó que el empleador no puede limitarse a autorizar el retiro parcial de las cesantías, sino que tiene la obligación de verificar que los recursos realmente fueron invertidos en el fin para el cual fueron aprobados.Puede interesarle: La DIAN pone la lupa sobre el bitcoin: este será el nuevo requisito para los inversionistasSegún explicó el alto tribunal, esa responsabilidad surge del Decreto 2076 de 1967 y del Código Sustantivo del Trabajo, normas que obligan a las empresas a ejercer un control sobre la utilización de esos recursos. Si no realizan esa verificación, incluso pueden comprometer su responsabilidad patrimonial.De hecho, la sentencia enfatiza que el empleador puede verse expuesto a las consecuencias previstas en el artículo 254 del Código Sustantivo del Trabajo cuando no verifica adecuadamente el destino de las cesantías retiradas.En el expediente se estableció que el trabajador tuvo un plazo de 90 días para legalizar la inversión de las cesantías y posteriormente recibió varios requerimientos de la empresa para presentar la documentación correspondiente.Solo después de esos requerimientos fue citado a diligencia de descargos y, finalmente, despedido con justa causa. La Corte concluyó que la empresa respetó el procedimiento disciplinario y que no existía un error manifiesto en las decisiones adoptadas por los jueces de instancia.Asimismo, el alto tribunal consideró razonable que el empleador hubiera esperado antes de iniciar el proceso disciplinario, pues previamente otorgó tiempo para que el trabajador acreditara la inversión de los recursos y atendiera los requerimientos formulados.Aunque la decisión corresponde a un caso particular, la sentencia deja varias reglas que pueden servir de guía para futuros conflictos relacionados con retiros parciales de cesantías.Por un lado, reafirma que el trabajador no puede asumir que el dinero queda libre de cualquier control una vez es desembolsado. Si solicita el retiro para vivienda, educación u otra finalidad autorizada, deberá conservar los soportes que acrediten esa destinación.Por otro, recuerda que las empresas también tienen un deber activo de seguimiento y control. No basta con autorizar el retiro: deben verificar que el dinero fue utilizado conforme a la ley, pues de lo contrario podrían asumir consecuencias patrimoniales.También puede leer: Detalles del nuevo decreto del Gobierno Petro sobre el desastre nacional por El Niño: crean una bolsa exclusiva de recursosFinalmente, la Sala de Casación Laboral decidió mantener en firme la sentencia que había validado el despido del trabajador y rechazó el recurso extraordinario de casación, dejando incólume el criterio según el cual la falta de legalización del retiro parcial de cesantías, sumada al incumplimiento de los requerimientos del empleador, puede constituir justa causa para terminar el contrato de trabajo.Lea el fallo completo haciendo clic en este enlace.