La fiscalía urge al Tribunal de Cuentas que aplique la ley de amnistía a los expresidentes Carles Puigdemont y Artur Mas, así como a 33 excargos de sus gobiernos por los gastos ocasionados por la organización del referéndum unilateral del 1-O y la promoción de Catalunya en el exterior entre los años 2011 al 2017. En este sentido, precisa que no es procedente la decisión de la consejera del Tribunal de Cuentas, Elena Herráez, de conceder a las partes un plazo común de 10 días para que formulen las alegaciones que estimen oportunas y aporten la documentación que consideren pertinente en relación con el origen de los fondos utilizados para la consulta soberanista.Seguir leyendo....